LA CLOACA DE LA POLÍTICA | 18 DE DICIEMBRE
En la teoría, la desaparición de este organismo público, es un revés para la sociedad civil que luchó tanto para abrir las fuentes de información pública…
MÁS OPACIDAD
A tono con la política cuatroteísta de cerrar los accesos a la información pública, y a propuesta de la gobernadora Sansores, el Congreso “humanista” de Campeche derogó el Artículo 125 Bis de la Constitución estatal y desapareció la figura constitucional del organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad.
El artículo derogado establecía la existencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), (en teoría) “un órgano independiente, especializado e imparcial, responsable de vigilar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y cualquier ente que ejerciera recursos públicos, para asegurar la transparencia y la máxima publicidad de la información”.
La realidad de las cosas es que la Cotaipec jamás funcionó como un órgano de transparencia, puesto al servicio de los ciudadanos. En los gobiernos del PRI, sirvió de tapadera para esconder datos importantes sobre el manejo y destino de los recursos públicos y sobre los movimientos de los funcionarios. Y con Morena y Layda Sansores esa opacidad fue práctica cotidiana.
La diferencia con el Gobierno laydista, es que la Cotaipec, además de tapadera, se convirtió en un organismo inquisidor de los gobiernos no morenistas. Se ensañaron particularmente con el Gobierno mocista de la capital para obligarlo a revelar algunos datos de sus erogaciones y adquisiciones. El litigio lleva años y puede decirse que el organismo público perdió la batalla porque ya desapareció sin haber consumado el objeto de su persecución contra la alcaldesa Biby Rabelo.
En la teoría, la desaparición de este organismo público, es un revés para la sociedad civil que luchó tanto para abrir las fuentes de información pública. En los hechos, será un ahorro presupuestal, porque se estaba derrochando en altos salarios para los comisionados que realmente servían para un soberano cacahuate.
Poco se perderá en el acceso a la información pública porque la Cotaipec jamás cumplió con su objetivo. Eso sí, el decreto aprobado esta semana por el “Congreso humanista” legaliza la opacidad. Si ya de por sí era imposible conocer los detalles sobre el manejo real del presupuesto estatal (contratos asignados, proveedores beneficiados, nóminas oficiales, compras extrañas, etcétera), ahora será peor porque ya ni siquiera habrá la posibilidad de solicitar esos datos.
La sociedad civil ha perdido un instrumento para fiscalizar al poder. Y los gobernantes se han blindado aún más, con el manto de la impunidad y de la opacidad.
