EXPEDIENTE | LAS EXPROPIACIONES ¿VIENEN CON KARMA?

Si algo han exigido los campechanos, ante el inicio de la implementación de la Ley Despojo, y el proyecto de expropiar tres propiedades del fraccionamiento Miramar, presuntamente propiedad de Alito Moreno, para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, es que ese mismo ordenamiento se aplique en las propiedades de la gobernadora Layda Sansores San Román.

Llama la atención el interés de los opinantes en las redes sociales, para que la playa privada San Lorenzo, propiedad de la familia Sansores, también sea expropiada con fines de utilidad pública. Los campechanos requieren un nuevo sitio de esparcimiento con playa y servicios, y la opción ideal sería ese terreno del cual se apropió don Carlos Sansores Pérez, allá por los años 60’s del siglo pasado, mediante el abuso de autoridad, hecho que parece que es el sello familiar.

Es decir, los campechanos no se oponen que se “recuperen” terrenos que los políticos se apropiaron de manera legal o de forma poco trasparente. Al contrario, se percibe respaldo popular a esa medida, siempre que se aplique al parejo, porque ¡vaya que la familia Sansores tiene vastas propiedades que bien se pudieran utilizar por ejemplo, para la construcción de viviendas!

Esta semana, el portal digital Código Magenta, publicó un amplio reportaje sobre las propiedades de la gobernadora Sansores, y entre los datos interesantes que reveló, destacan que es dueña de más de 34 inmuebles según su declaración patrimonial de 2017. Destacan cuatro casas y dos terrenos, dos de los cuales están en Chiapas y uno más en ubicación que no precisó.

El primero, de 8,922 metros cuadrados en el municipio Cacahuatán, Chiapas y el segundo de 26 mil 719 metros cuadrados en Tuxtla Chico. Precisa que los adquirió de contado en 2006 a 2.24 y 1.50 pesos el metro cuadrado. O sea que los compró en solo 60 mil pesos.

El 1 de mayo 2021 en su declaración 3 de 3, cuando compitió por la gubernatura, reportó un patrimonio de 34 propiedades, compuestas de 4 casas, 12 departamentos, 14 terrenos, dos locales comerciales y dos propiedades más de las que se negó a definir su uso.

Dijo que 26 de esas propiedades las adquirió antes de 2017, pero en su declaración de ese entonces no están reportadas, es decir, ocultó 26 de sus 34 propiedades, lo que mueve a sospecha, ya que si se trata de predios adquiridos de forma lícita ¿por qué esconderlos?

Destaca de entre sus propiedades un gigantesco terreno de 11 699 mil metros cuadrados en una ubicación desconocida el cual supuestamente le donaron en 2016 con valor de 2.14 pesos metro cuadrado.

Entre otros datos interesantes hay que resaltar el hecho de que el 2 de agosto de 2014 en un solo día adquirió 6 terrenos al ridículo precio de 18 centavos por metro cuadrado, por lo que se hizo de un millón 435 mil 20 metros cuadrados de un día a otro por 130 mil 500 pesos,

Para su última declaración 3 de 3, ya como gobernadora, el 5 de noviembre de 2021, esos terrenos volvieron a desaparecer, pues solo reportó 16 propiedades 8 menos, pero cinco más de las que declaró en 2017. En este contexto, concluyó Código Magenta, nadie sabe cuál es su patrimonio real.

Y nosotros volvemos a plantear la misma pregunta: ¿por qué ese afán por mentir y ocultar sus bienes que, supuestamente adquirió de manera legal? ¿Será que en esos datos están las pruebas de que ha violado de manera recurrente la ley?

Ha festejado la gobernadora Layda Sansores, con bombo y platillos su afán de despojar a Moreno Cárdenas de tres terrenos presuntamente de su propiedad. Uno de ellos a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero.

Sin duda se trata de un tema que no se va resolver en 45 días, como declaró la mandataria, pues la reforma a la Ley de Expropiación se encuentra en litigio en la Corte, y por sus excesos, abusos e inconsistencias, podría ser invalidada.

Por si eso sucediera, y para que la señora Sansores no ande buscando a diestra y siniestra dónde construir su nueva Universidad, le sugerimos que mire hacia adentro, que esculque entre sus vastas propiedades algún espacio para ese proyecto, con la ventaja además, de que ella podría evadir esa fastidiosa Ley de Expropiación y recurrir a la donación voluntaria.

Pero si se aferra tanto a sus bienes, que voltee hacia un lado y le pregunte a su asesor Rafael “El Cepillo” Castilla Azar, si no le sobran otras ocho hectáreas, como las que “donó” para la ciudad administrativa, para concretar el proyecto educativo. Tal vez así, sea posible iniciar los trabajos como ella desea, en los próximos 45 días.