EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE JUNIO DE 2026
TIBIA RECOMENDACIÓN DE LA INERTE CODHECAM.
Finalmente, la inerte Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche emitió una tibia medida cautelar contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, advirtiendo “posibles” violaciones a derechos humanos en el manejo de personas detenidas antes de ser presentadas ante el juzgado Cívico. Pero si están bien documentadas las violaciones, ¿por qué catalogarlas de “posibles”?
No exageramos cuando catalogamos de corrupta, omisa y encubridora a la citada Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y a su titular, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía. Fueron incapaces de defender a las Mujeres Valientes cuando denunciaron que las mandaron a repeler un motín en el penal de Kobén sin equipamiento adecuado, ni cuando fueron despedidas por protestar.
La Codhecam de Rodríguez Mejía guardó silencio ante el encarcelamiento de las mujeres detenidas por protestar en el Congreso ante la arbitraria imposición de Juan Pedro Alcudia como magistrado. Tampoco defendió a las mujeres arrestadas tras la marcha del pasado 8 de marzo y que no fueron detenidas en flagrancia. Un abuso total de este misógino Gobierno de Todos los Sansores.
ÁVILA ORDÓÑEZ VENDE IMPUNIDAD POR 2 MDP.
Casi a un año de iniciado este nefasto gobierno, Marcela Muñoz Martínez corrió de la SPSC a Juan Gabriel Ávila Ordóñez, que lideraba el área de inteligencia de la policía estatal. ¿A qué se debió su salida? Según se dijo entonces por corrupto, pues filtraba y vendía información. Sin embargo, pese a sus malos antecedentes, el corrupto Ávila Ordóñez fue reclutado en la ¡Fiscalía Anticorrupción!
El hecho puso en duda, desde entonces, si Layda Sansores acabaría con la corrupción o la fomentaría aún más. Y todo apunta a esto último, pues es del conocimiento público que Ávila Ordóñez se dedica a vender impunidad desde la Fiscalía Anticorrupción, donde ofrece a exfuncionarios bajo investigación archivar sus expedientes a cambio de un par de millones de pesos. Negocio redondo.
Según el mismo Ávila Ordóñez, negocia a nombre del titular de esa dependencia, Loreto Verdejo Villacís, y lo hace de una manera tan burda que extraña que Layda Sansores no haga nada al respecto. ¿Será que es cómplice y/o socia de Loreto y Juan Gabriel en este negocio de la extorsión? El caso más reciente y burdo es el del expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor Antonio del Río, una bochornosa muestra de cómo se prostituye la justicia en este gobierno. De esto hablaremos a detalle la próxima semana.
