EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OTRA CAMPAÑA DE ODIO DE MORENA.
¿Recuerda que hace dos semanas los gobernantes estatales de Morena, incluida Layda Sansores, condenaron la “agresión física y verbal” que sufrió Gerardo Fernández Noroña? El senador es un misógino abusador del poder, como se expone en el comentario de los Rozones, de La Razón de México:
“Victoria Montes de Oca, la joven que tuvo la osadía de contravenir en un evento público al senador Gerardo Fernández Noroña, está pagando las consecuencias de su atrevimiento, con una campaña de odio en redes sociales. La joven publicó un video en el que denunció que desde el pasado sábado ha recibido ‘ataques, burlas y acoso’, por ‘el simple hecho de cuestionar y pensar diferente’. Durante un foro realizado el sábado, Victoria le dijo a Noroña, palabras más, palabras menos, que en dónde estaba la congruencia entre el discurso de austeridad y su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, lo que no le perdonaron los seguidores del morenista, quienes desde entonces no la han dejado en paz. Entre los que han replicado los mensajes con burlas y descalificaciones hacia la universitaria están varios de los youtubers que, desde el sexenio pasado, son asiduos asistentes a la conferencia matutina de Palacio Nacional.”
Cuando agredieron a Noroña, los gobernadores morenistas enfatizaron que “dichas conductas son inaceptables en una democracia, vulneran el respeto institucional y obstaculizan el diálogo”. Y esta campaña de odio del senador, ¿si es una conducta aceptable?
SOMOS LABORATORIO MORENISTA.
No exagera el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, al condenar la reciente aprobación de la llamada Ley de Expropiación o de despojo, conocida ya como la “Ley Alito”, pues advierte que Campeche, bajo el gobierno Layda Sansores, se ha convertido en laboratorio de Morena para medir las reacciones ante disposiciones dictatoriales que atentan contra derechos a la propiedad privada y la libertad de expresión.
La aplanadora del partido guinda en el Congreso local aprobó vía fast track un abusivo dictamen que cancela el derecho de los ciudadanos a defender su patrimonio frente a una posible declaratoria de utilidad pública. “Con esta ley, no habrá recurso legal alguno para oponerse a una expropiación. Será la Secretaría de Finanzas la que determine el monto de la indemnización y designe a un perito ‘calificado’ bajo su propio criterio”.
Peor aún es que el gobierno de Layda Sansores pretenda adjudicarse en 5 días los predios y pagarlos a precio catastral cuando se le dé la gana. Un abuso por donde se quiera ver. ¿Está es la seguridad jurídica que ofreció la mandataria? Porque si algo ven los campechanos ahora es que no habrá tal seguridad mientras ella gobierne… y aún le faltante 733 días. ¡Qué tragedia!
