DENUNCIAN QUE NOTARÍA DIO FE A VENTA DE CASA REALIZADA ¡POR UNA DIFUNTA!
El abogado Jorge Alberto Castellanos Araujo, quien representa a un hombre de la tercera edad que busca recuperar una propiedad que, según documentos notariales, fue vendida 4 años después del fallecimiento de su exesposa, quien dejó un testamento legalmente registrado, denunció presunto caso de corrupción notarial.
Explicó que la mujer, identificada como Socorro del Carmen Utrera Zavala, falleció el 15 de febrero de 2016. Años después, su exesposo inició el juicio testamentario para adjudicarse los bienes que le correspondían, según lo dispuesto por la fallecida.
No obstante, al concluir el proceso fue informado de que una de las propiedades —un terreno de 20 por 40 metros ubicado en la colonia Fátima, detrás de una escuela privada— ya no podía serle adjudicada, pues había sido vendida en 2020.
Este hecho despertó sospechas, pues resultaba legalmente imposible que la venta se realizara por alguien que ya había muerto. Al investigar, el abogado defensor descubrió que la supuesta transacción fue realizada el 23 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en la Notaría Pública número 12, a cargo del licenciado Jaime Antonio Boeta Tous.
El documento notarial indica que Socorro del Carmen fue quien vendió la propiedad a una mujer identificada como Lucila Lozada Hernández, lo cual resulta jurídicamente insostenible.
“Estamos ante una escritura fraudulenta, viciada, y un procedimiento plagado de arbitrariedades y corrupción dentro de esta notaría”, afirmó el abogado Castellanos Araujo.
El caso se agrava, agregó el defensor, porque la propiedad fue posteriormente dividida en dos partes: una adjudicada a la compradora mencionada y otra, presuntamente, a un trabajador de la misma notaría, hecho que aún está siendo investigado. El abogado informó que ya se inició un juicio legal para cancelar la escritura apócrifa y recuperar el inmueble. Mientras tanto, su representado —cuyo nombre no fue revelado por razones de seguridad— ha sido blanco de llamadas intimidatorias y amenazas de muerte, lo que eleva la gravedad del caso, que ya está en manos de las autoridades judiciales.
