OPINIÓN: OPERATIVO FALLIDO EN KOBÉN: EL COSTO DE LA NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL | Por: El Reporte del Crimen
El resolutivo de la CODHECAM confirma lo que el Código Penal Federal ya prevé: cuando un servidor público actúa con negligencia, oculta información o incumple deberes de protección, incurre en ejercicio indebido del servicio público.
En Campeche, el operativo de Kobén es un caso paradigmático de cómo la falta de planeación y el desprecio por protocolos puede convertirse en responsabilidad penal y administrativa.
El resolutivo emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) sobre el fallido operativo en el penal de Kobén no deja lugar a dudas: se acreditaron violaciones graves a derechos humanos, negligencia en el mando y violencia institucional contra mujeres policías.
La propia Secretaría de Seguridad aceptó la recomendación, reconociendo que el operativo fue imprudente y carente de protocolos.
Este reconocimiento oficial abre un ángulo jurídico de enorme relevancia. El Código Penal Federal, en su artículo 214, tipifica el delito de ejercicio indebido del servicio público.
La norma establece sanciones de prisión de 2 a 7 años y multas de 30 a 150 días, además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La conducta descrita por CODHECAM encaja en varias fracciones del artículo 214:
• Omisión de deberes de custodia y protección, al enviar a policías sin equipo adecuado.
• Rendir informes falsos o negar la verdad, al minimizar los hechos en la versión oficial.
• Actuar con negligencia grave, al colocar a mujeres policías en primera línea sin protección.
El caso Kobén, por tanto, no es solo un episodio de violencia penitenciaria: es la materialización de un ejercicio indebido del servicio público.
La responsabilidad recae directamente en la titular de la Secretaría de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, y en los mandos que ejecutaron la orden.
Más allá de la sanción administrativa que CODHECAM ordenó —capacitación, reparación y medidas de no repetición—, el marco penal federal y estatal abre la puerta a procesos judiciales.
La negligencia no es un error político: es un delito tipificado que afecta la seguridad pública y vulnera derechos fundamentales.
