EXPEDIENTE | NUEVA AMENAZA DE SANSORES CONTRA PERIODISTAS
Luego de presentar por enésima vez en su programa de los martes, un video manipulado y editado donde se aprecia la violenta y arbitraria detención del periodista Jorge Luis González Valdez, con sonrisa y mirada amenazantes la gobernadora Layda Sansores advirtió: “a ver si así, poco a poco aprenden”.
Habrá que desglosar la frase para entender lo que quiso decir, porque es común en ella desmentirse a sí misma y acusar a los demás de mentir. Por eso, vayamos por partes: “A ver si así, aprenden”. ¿A ver qué? ¿A ver cómo? ¿Aprender qué? ¿Quiénes deben aprender?
Si se refiere a la forma arbitraria y violenta como actuaron los policías, entonces estamos nada más y nada menos que ante la institucionallzación del abuso policiaco. Porque, según este criterio que rebosa autoritarismo e intolerancia por todos lados, no estamos ante un acto de arbitrariedad policiaca sino ante una cátedra de adoctrinamiento ciudadano.
La enseñanza es: si le faltas el respeto a un policía o si intentas defender tus derechos, sufrirás la represión de sus elementos y seguramente terminarás en la cárcel. Y eso va para todos.
Es sabido que en el reglamento de la Ley de Vialidad, los diputados añadieron un párrafo que expresamente señala que si el ciudadano insulta u ofende a la autoridad, será detenido de inmediato, si se moviliza en su vehículo, la unidad será asegurada y enviada al corralón. Las multas por esas “ofensas” rebasan los 14 mil pesos.
Es obvio que no se legisló para proteger al ciudadano, sino para justificar los abusos policiacos, para incrementar la recaudación por las multas, y para que el negocio con los corralones particulares siga floreciendo. Lo que no sabemos es ¿quién se lleva las ganancias?
En el caso de la agresión contra el periodista Jorge González, resulta más que evidente que el objetivo era darle un buen escarmiento. Y qué bueno que, finalmente, a poco más de seis meses de ocurrido el incidente, la gobernadora Sansores admite que de lo que se trataba era de darle una lección: “a ver si así aprende”, expresó públicamente.
La realidad de las cosas es que el Gobierno de Layda Sansores ya no sabe cómo parar el problema. Su Administración (fallida, nefasta, represora, vengativa y autoritaria), ha quedado marcada para siempre con el sello de la censura y de los ataques a la libertad de expresión, a los periodistas críticos y en general a los medios de información.
A pesar de los pronunciamientos de organizaciones como Reporteros sin Fronteras, Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), todos ellos de presencia y relevancia internacional, a la gobernadora le parece que en Campeche no se reprime a los periodistas.
En la peor de las abominaciones, considera que las medidas cautelares son para protegerla a ella de supuestas ofensas y calumnias, (que por cierto, no ha podido probar), pero a un costo muy caro para la sociedad: con el acotamiento de la libertad de expresión, con la violencia institucional contra los periodistas y con la represión institucionalizada.
Ya vimos también que esta intolerancia a la crítica no se limita solo a los periodistas y medios de información, y la prueba más obvia es la golpiza y detención arbitraria de cuatro activistas de colectivos feministas que protestaron el domingo 29 de septiembre en la explanada del Congreso.
Protestaban por la imposición de Juan Pedro Alcudia como magistrado numerario, pero las acusaron de vandalizar edificios públicos. Luego vino la puntual amenaza de Sansores: “irán a la cárcel quienes rayen o pinten monumentos históricos”.
¿En qué parte de los lineamientos de la Cuarta Transformación se establece que los gobernantes emanados de ese movimiento prohibirán a sus ciudadanos la libre manifestación de sus ideas? Eso solo cabe en cerebros autoritarios y retrógrados.
La realidad que subyace en el fondo de esas amenazas es la intolerancia y el autoritarismo. Es la pretensión tiránica de despojar al ciudadano de sus derechos a la libre manifestación, a la libertad de expresión y a su derecho de disentir de las versiones del poder político.
La amenaza clara y contundente de la gobernadora Sansores “para ver si así poco a poco aprenden”, reirtera que su prioridad no es “gobernar para todos”, sino reprimir a todos, convirtiendo en delitos lo que en realidad son derechos universales: a la expresión, a la libre manifestación, a la disidencia, etcétera.
En este contexto, que no se sorprenda la gobernadora por las reacciones en los ámbitos tanto nacional como internacional ante sus autoritarios desplantes, y que no se construya molinos de viento o enemigos ficticios en su atrofiada imaginación.
Sus verdaderos enemigos están a su lado. Tienen nombre, apellidos, cargos públicos y privilegios dentro de su Gobierno. Son quienes la han alejado de sus principios y convicciones, y quienes le alientan todos los días ese odio y rencor contra quienes no piensan como ella, o contra quienes le señalamos puntualmente sus yerros y pifias en el ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades que ella pretende aniquilar.
