EXPEDIENTE | ABERRANTE LA CENSURA QUE IMPONE SANSORES
No es casualidad que el mismo día que se ajustaron los cuatro años de Gobierno de la señora Layda Elena Sansores San Román, el Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia en Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, haya decidido reafirmar la censura contra la libertad de expresión para blindar de posibles críticas a la peor gobernadora que ha tenido Campeche en toda su historia.
Esa decisión judicial tomada desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno y acatada servilmente por la jueza Huitz May, reafirma que no hay en el proyecto de la señora Sansores San Román la menor intención de rectificar el rumbo y corregir los abusos y arbitrariedades que se han multiplicado a lo largo de estos últimos cuatro años.
La expectativa es que las políticas de represión y persecución contra los adversarios del régimen se van a incrementar en los días, semanas y meses por venir. Dirigentes de la oposición van a ser sometidos a juicio con la intención de anularlos, no con el objetivo de hacer justicia. Las fiscalías General del Estado y Anticorrupción serán los instrumentos que la mandataria usará para despejar el camino a su proyecto de sucesión.
La decisión de prolongar por tres meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., responsables del periódico Tribuna, y contra el periodista Jorge González Valdez es solamente una fase de la política de represión que se avecina.
Pese a que ese fallo judicial ha tenido el repudio unánime en Campeche y en todo el país, con las deshonrosas excepciones de quienes reciben dádivas de este Gobierno, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, decidió arrojar al cesto de la basura su dignidad, sus principios, su ética y su vergüenza pues acató la instrucción gubernamental de parar todos los señalamientos críticos contra la gobernadora Sansores.
¿En qué país que se precie de ser incluyente, democrático y plural se puede validar que una jueza ordene que “todas las notas relacionadas con Layda Sansores San Román sean sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial”?
¿Quién en su sano juicio puede respaldar que una autoridad judicial ordene que “tanto el medio de información (Tribuna), como el periodista, (Jorge Luis González Valdez) tengan que enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital?
Es obvio que ese tipo de decisiones solo prevalecen en los gobiernos dictatoriales y tiránicos, y parece que en Campeche se están experimentando este tipo de medidas que se pudieran generalizar más tarde en todo el país, para evitar que los ciudadanos puedan cuestionar los errores de esta Administración y sus posibles vínculos con la delincuencia organizada.
“Evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora Layda Sansores San Román” es la excusa utilizada por la jueza Huitz May, pero en el fondo lo que prevalece es la censura total a la libertad de expresión en contra de un medio de información y de un periodista con más de 45 años de trayectoria.
Por eso todo el país observa con asombro, azoro y preocupación las medidas dictatoriales que se han puesto en marcha en Campeche. Cada uno de los mexicanos sabe que así como hoy se ensañan contra Tribuna y contra el periodista Jorge González, de la misma forma podrán actuar en contra de cualquiera que se atreva a criticar a este régimen de la 4T que cada día se acerca más a lo que tanto criticaron sus promotores: al totalitarismo, a la dictadura y a la represión gubernamental.
¿Qué tanto esconden la gobernadora Layda Sansores y sus cómplices que no quieren que el pueblo se entere a través de las publicaciones de Tribuna y de la voz del periodista Jorge González? ¿Hay tanta podredumbre y corrupción en este Gobierno que tienen que recurrir a medidas dictatoriales para callar la libre expresión y la manifestación de ideas, de las palabras y los argumentos?
Nadie ofende a la gobernadora y nadie la discrimina, como dispone la jueza Huitz May, más que ella misma. Es la propia mandataria la que se está hundiendo por cada torpeza que comete, por cada arbitrariedad en que incurre y por cada abuso que consuma.
El pueblo no es tonto y sabe que este es el sexenio con la peor corrupción que se haya padecido en toda la historia, y nuestros señalamientos oportunos y directos en ese sentido son la causa de que nos quieran censurar e impedir el ejercicio del periodismo.
No hay justificación alguna a las aberrantes decisiones judiciales que se están tomando en Campeche. Nos hemos convertido en la vergüenza nacional. El poder judicial se ha embarrado de estiércol sin ayuda de nadie, pero en perjuicio de todos, porque esto que hoy se impone contra TRIBUNA y el periodista González Valdez, también aplicará contra cualquiera que se atreva a decir verdades. Es una amenaza real contra todos, y es por eso que el repudio es unánime.
