EL INE AMENAZA CON MULTA A PERIODISTA POR REVELAR PROPAGANDA ELECTORAL
POR: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ | LA SILLA ROTA
Expertos consultados por La Silla Rota alertan sobre el creciente uso de leyes y fallos judiciales para censurar el trabajo de periodistas y ciudadanos, incluso desde el TEPJF la magistrada Otálora reconoció que se quiere coartar la libertad y la CNDH impugnará la Ley contra el ciberasedio en Puebla
Laura Brugés, periodista especializada en la cobertura de actividades legislativas, es el objetivo más reciente de actores políticos que llevan a tribunales a personas que hacen uso de su libertad de expresión.
La semana pasada, tras pasar una jornada de trabajo en el Senado revisó la bandeja de entrada de su correo. Era un mensaje del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo abrió. No era una consulta, ni una aclaración. Era un requerimiento oficial de la Unidad de Fiscalización del INE.
En principio, no se alarmó. Como periodista, sabía que podía responder lo que le pedían. Había publicado en su cuenta de X imágenes y videos de propaganda electoral irregular, los llamados “acordeones”, que se utilizaron durante la campaña para la elección judicial. Lo que cualquier reportero haría.
Pero todo cambió cuando leyó la segunda pregunta del cuestionario: ¿Quiénes son sus fuentes?
“Ahí fue donde dije: esto ya no es una simple solicitud”, cuenta a La Silla Rota. “Me requirieron información como si fuera yo un ente o un partido. Ahí sí dije, en eso no voy a ceder. El secreto profesional está protegido por la ley”, señala.
Brugés fue una de decenas de periodistas que documentó cómo surgía un nuevo “modus operandi” de propaganda, tanto física como digital. “Varios vecinos reportaban desde sus colonias. Gracias a ellos se pudieron evidenciar cosas que, de otra forma, no se habrían visto”, recuerda.
El INE le dio 48 horas para responder y exigió que lo hiciera de forma física. No bastó con que enviara su respuesta por correo al día siguiente. Tuvo que reorganizar su agenda, dejar de cubrir lo que ocurría en el Congreso y trasladarse personalmente para entregar el documento. Todo, bajo la amenaza de una multa de hasta 50 mil pesos en caso de incumplimiento.
“Una verdadera pérdida de tiempo”, dice. “Y justo en una semana difícil, marcada por el paquete de reformas que nos van a limitar aún más la libertad de expresión”.
Para Brugés, la intención es clara: intimidación institucional. Y no es la primera vez que le ocurre. En 2023, durante las precampañas presidenciales de Morena, también fue requerida por el INE para explicar por qué había cubierto actividades de Claudia Sheinbaum. En ese entonces, una de las preguntas fue aún más agresiva: “¿Quién te pagó por publicar esto?”
“Lo que buscan es sembrar un efecto inhibidor. Que la próxima vez, lo pienses dos veces antes de denunciar algo”, sentencia.
Ahora, frente a una ofensiva institucional que ella considera desproporcionada, ha encontrado respaldo legal y cuenta con el apoyo de la Red de Defensoras Electorales, así como con asesoría de Leticia Bonifaz, especialista en libertad de expresión y experta en derechos humanos. Pero no todos tienen esos recursos.
“Imagínate un ciudadano a pie enfrentarse a esto. Sin abogado, sin red, sin tiempo. Es un sistema que desalienta la denuncia y castiga la crítica”.
“Gravísimo que le pidieran sus fuentes”: alerta la Red de Defensoras
Para Adriana Leonel de Cervantes, presidenta de la Red de Defensoras de Derechos Político-Electorales, lo que vivió Laura Brugés no fue un error técnico ni un caso aislado. Tampoco fue, en sentido estricto, algo “nuevo”. Según explica a La Silla Rota, el INE suele enviar este tipo de requerimientos a medios, instituciones o ciudadanos cuando investiga presuntos desvíos de recursos, como ocurrió en este proceso electoral para la renovación del Poder Judicial.
“Lo que hicieron con Laura no es novedoso en cuanto al requerimiento. Lo que sí es gravísimo es que le hayan pedido las fuentes. Eso es violatorio de derechos constitucionales y de tratados internacionales”, advierte.
“La ley es muy clara. No pueden pedirte tus fuentes. Hay precedentes, hay jurisprudencia, hay tratados. No hay forma de justificar esa pregunta. Y sin embargo, ahí estaba”.
Frente a esta situación, para la abogada que lleva el caso de Laura Brugés surgen dos hipótesis. La primera, más grave, es que el requerimiento se haya enviado de forma deliberada, con la intención de obtener información que no corresponde al INE exigir. La segunda, igualmente preocupante, es que se haya tratado de un descuido administrativo; es decir, un formulario estándar (“machote”) que se usó sin revisar a quién iba dirigido.
“Jugando al abogado del diablo, pudo ser un error. Pero incluso si fue un error, es gravísimo. ¿Cómo mandas algo así sin leerlo? Y si fue con toda la intención, es aún peor. Es una forma de intimidación, de presión institucional. De guerra psicológica”, señala.
Además de solicitar información sensible, el documento establecía que, en caso de no responder como se requería o no hacerlo dentro del plazo de 48 horas y en formato físico, se podía imponer una multa de hasta 50 mil pesos.
“Sí, la multa es legal. Cualquier persona física o moral puede ser requerida y, si no colabora, puede ser sancionada. Pero aquí lo anormal fue pedir las fuentes, no el requerimiento en sí. Ese punto sí excede completamente las atribuciones del INE”, explica Leonel.
Se multiplican acciones de censura contra la libertad de expresión
La libertad de expresión en México enfrenta un contexto cada vez más restrictivo. Demandas por presunta violencia política de género o daño moral, así como leyes estatales aprobadas de manera rápida, están siendo utilizadas para frenar columnas, publicaciones y críticas en redes sociales, denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas.
El caso más reciente y emblemático es el cierre del diario Tribuna, en Campeche, que operaba desde hace más de cinco décadas. El pasado 20 de junio cesó operaciones por una denuncia de la gobernadora Layda Sansores por incitación al odio, difamación y calumnias. Un juez ordenó el cierre y prohibió a su exdirector, Jorge Luis González Valdez, ejercer el periodismo durante dos años.
“Es un hecho inédito y aberrante”, declaró Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México. “Las recientes leyes como la del ciberasedio en Puebla o la iniciativa sobre apología de la violencia en Michoacán ponen en riesgo el derecho a informar”, agregó.
Sheinbaum contra la censura
Contexto: la presidenta Claudia Sheinbaum recién aseguró que su gobierno está en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, agregó que su administración no respaldará nada que promueva mecanismos de censura.
El 25 de abril de 2025, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se refirió a un artículo polémico de la nueva Ley de Telecomunicaciones que daba facultades al Estado para bloquear plataformas digitales. Sheinbaum dijo:
“Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo… que se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”.
“Siempre hemos estado en contra de la censura, entonces ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, o eliminarse… y menos lo que se publique en plataformas digitales”
“Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre”, exclamó la mandataria.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también expresó que el Gobierno de México está en contra de la censura.
“Nosotros nos preciamos de seguir la línea de un gobierno por las libertades y los derechos. Entonces, de ninguna manera, el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. Absolutamente estamos en contra de cualquier intento”, expresó la funcionaria.
Demandas judiciales para silenciar
La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.
“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.
Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas. En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.
Iniciativas estatales que preocupan
La llamada Ley contra el ciberasedio, aprobada en Puebla, ha sido calificada por organizaciones civiles como un instrumento para criminalizar la crítica en redes sociales y obstaculizar el trabajo de la prensa. En Michoacán, una iniciativa sobre “apología de la violencia” buscaba penalizar la difusión de ciertos contenidos periodísticos relacionados con hechos violentos.
Aunque algunos artículos fueron frenados, Balbina Flores advirtió que se trató de un intento grave por legislar en contra de lo que establece la Constitución. “Se vota sin preguntar, se legisla para callar”, denunció
Tensiones entre discurso y acción
La representante de RSF también señaló la contradicción entre el discurso federal y la actuación en los congresos estatales. “Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum llama a respetar la libertad de expresión, las mayorías de su partido en los estados avanzan en iniciativas que buscan restringirla”, afirmó.
La situación muestra un patrón de censura disfrazada de legalidad, que podría replicarse en más entidades si no se establece un diálogo nacional sobre los límites y garantías del ejercicio periodístico y ciudadano.
Riesgo latente
La preocupación no es aislada. Artículo 19, organización que monitorea agresiones contra la prensa, ha documentado un aumento sostenido en los casos de ataques legales como forma de presión y censura.
Aunque algunos jueces han defendido el derecho a la información, otros han emitido fallos que, como en Campeche, se traducen en cierres de medios y censura directa. En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿está en riesgo la libertad de expresión en México?
Todo indica que sí. No solo por la acción de actores políticos o legisladores, sino por el uso del aparato judicial como herramienta para silenciar. La preocupación crece, y con ella, la urgencia de defender un derecho que es pilar de la democracia.
Otro pretexto para limitar la libertad de expresión es el mal uso de la figura de violencia política de género, alertó el director de Artículo 19 en México, Leopoldo Maldonado.
Aunque dicha figura se dio como resultado de una larga lucha por el acceso equitativo al poder, que iba primordial y originalmente dirigida a los propios políticos hombres que establecían barreras para el acceso a candidaturas de mujeres en los institutos políticos, hoy se ha convertido en una mordaza en contra de periodistas, ciudadanas y ciudadanos.
“Eso es sumamente preocupante porque las autoridades electorales tanto del INE como el Tribunal Electoral están siendo parte de esta andanada de casos de censura”, criticó.
Coincidió en decir que la andanada judicial es un riesgo más para ejercer periodismo en México. Recordó que desde hace mucho Artículo 19 ha denunciado con datos, que por la violencia desbordada en contra de la prensa, nuestro país es el más peligroso para ejercer el periodismo en América y uno de los más peligrosos del mundo.
A esto hay que sumar que desde el sexenio pasado se implantó una estrategia de comunicación política para desacreditar sistemáticamente a la prensa desde la tribuna pública, empezando por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Aunque López Obrador ya se fue, su modus operandi se quedó entre la clase política y ahora hay que sumar esta forma legalizada de censura, remarcó Maldonado.
Los casos de acoso judicial en contra de periodistas y medios de comunicación que antes encontraban una salida en el Poder Judicial de la Federación por la vía del amparo, sin dejar de ser desgastantes y que buscaban inhibir a periodistas, medios de comunicación o a ciudadanos críticos, ahora ni siquiera tendrán esa opción, pues el Poder Judicial será capturado por el morenismo, pronosticó Maldonado.
Los casos
Campeche, que gobierna la morenista Layda Sansores
Un ejemplo de sentencias contra periodistas es el cierre del diario Tribuna, derivado de la denuncia hecha por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, contra la publicación, por los supuestos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias. Pero acusó directamente al periodista Jorge González, quien fue vinculado a proceso y estuvo preso 36 horas y sentenciado a pagar una indemnización de 2 millones de pesos.
En la conferencia mañanera de este martes, Sheinbaum defendió de las críticas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que enmarcó como un asunto de violencia de género más que de censura política.
Puebla, del morenista Alejandro Armenta
Otro ejemplo es la aprobación al vapor de modificaciones al Código Penal de Puebla, conocida como la ley contra el ciberasedio, que se dio además en el contexto de las críticas contra el gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, por parte de la cuenta Aldea Poblana.
El artículo que ha levantado críticas es el 480, el cual establece que “quién a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, tendrá una pena de hasta tres años y una multa que puede alcanzar los casi 30 mil pesos.
El artículo ha sido criticado por la ambigüedad de sus términos. Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de Puebla revisarlo, al advertir que podría dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando se trate de opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público.
En la conferencia mañanera de este martes, la presidenta refutó enérgicamente las acusaciones de censura, argumentando que existe una libertad de expresión sin precedentes. Sobre la llamada Ley contra el Ciberasedio, Sheinbaum negó que dicha ley esté dirigida a silenciar a los críticos del gobernador y ya existe en otros estados.
Caso Tamaulipas contra Héctor de Mauleón
A estos casos se suma la queja de la candidata a magistrada del Supremo Tribunal Electoral de Tamaulipas, Tania Contreras López, ante el Instituto Electoral del estado, por calumnia y violencia política de género contra el diario El Universal y el columnista Héctor de Mauleón, por la columna Huachicol y poder judicial en Tamaulipas, publicada el 1 de mayo.
La publicación mencionaba que Contreras era familiar del ex administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero, señalado de pertenecer a una red de corrupción y tráfico de huachicol.
Aunque la queja fue desestimada por el instituto estatal, la candidata a magistrada impugnó ante el Tribunal Electoral del estado, que modificó el acuerdo y tramitó un procedimiento especial sancionador contra el periodista y el diario. Una de las medidas ordenadas consistió en bajar la columna de El Universal y ordenarle a De Mauleón abstenerse de publicar sobre la candidata.
TEPJF, diputada del PT y Laisha Wilkins
Otro caso donde se arguyó violencia política de género fue el de la sanción ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la ciudadana Karla María Estrella, por postear que la candidatura de la hoy diputada del PT, Diana Karina Barreras Samaniego, se debió a que es esposa de Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El TEPJF obligó a Estrella a presentar una disculpa en redes sociales a la legisladora y además pagar una multa.
Un caso más de una ciudadana víctima de la censura es el de la actriz Laisha Wilkins, quien en su cuenta de X, bajo el usuario de @LareinadeDinamarca, respondió a una nota de Aristegui Noticias, titulada ‘Dora la censuradora, candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks’.
Wilkins respondió a esa publicación con un “jaja, Dora la censuradora, jajaja”.
Por esa reacción fue notificada por el TEPJF para que precisara el objetivo de su publicación, proporcionar un domicilio para recibir notificaciones, aclarar si su comentario fue solicitado por alguna persona e informara si tiene o tuvo algún vínculo con algún partido político, candidata o candidato en la reforma judicial.
La quejosa es Dora Alicia Martínez Valero, quien en la campaña para la elección se autodenominó como Dora la transformadora.
INE: asedio judicial
Otro caso de asedio judicial, en este caso por el INE, fue reportado apenas este 23 de junio por el activista Miguel Alfonso Meza.
Fue denunciado por violencia política por el exdirector de la Consejería Jurídica de la presidencia de México, Luis Castañeda, quien también participó en la elección judicial como candidato a juez laboral. La denuncia fue a causa de la información que Meza, publicó en el sitio de la organización Defensorxs, en el sentido de que Castañeda acumulaba acusaciones de por lo menos 36 mujeres por acosarlas sexualmente y amenazarlas.
“La violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de nuestra legislación. Sólo existe la violencia política contra las mujeres debido a género”, recordó el activista en su cuenta de X, @MiguelMezaC.https://d-1146979961326565921.ampproject.net/2505300108000/frame.html
Disculpa obligada a Gerardo Fernández Noroña
Otro caso de asedio judicial fue el del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien luego de un incidente de intercambio de palabras que tuvo en septiembre del año pasado en el aeropuerto con el abogado Carlos Velázquez de León, obligó a este a pedirle disculpas de manera pública, en el Senado, en un evento que fue transmitido por el Canal del Senado, el 19 de mayo.
Al respecto, Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo a La Silla Rota que ese caso también les preocupa mucho, por la idea de obligar a un ciudadano a humillarse frente a las cámaras.
“Es disparar a un mosquito con un cañón. Tiene la intención de presumir el poder de las personas más poderosas del país y no la de proteger la integridad del sistema político de México. Eso no debería de pasar en un país democrático”, concluyó.
