UN TUMOR LLAMADO LAYDA | POR: YAZMÍN ALESSANDRINI
Layda Elena Sansores San Román se ha convertido en un verdadero lastre para el régimen. En Palacio Nacional, en la dirigencia nacional de Morena y en las entrañas mismas del movimiento de la 4ª Transformación ya no saben qué hacer con la “gobernadora” de Campeche. Sus pésimas formas y modos, pero sobre todo sus interminables escándalos y abusos amenazan con descarrilar el tren cuatreoteísta de cara a las elecciones intermedias del 2027, donde los campechanos habrán de acudir a las urnas para palomear a quien será su próximo gobernante.
Y es que los campechanos, incluidos los morenistas que hace cinco años votaron por ella, ya están hartos de Layda.
Es tan tóxico el ambiente que ha generado esta señora en el estado de Campeche que incluso esta semana 10 de los 16 diputados locales que conforman la bancada morenista en el Congreso estatal decidieron romper lanzas con ella después de que en una sesión urgente agendada para el lunes pasado se decidió restaurar el fuero constitucional para legisladores y servidores públicos, el cual fue eliminado en 2016. Durante esta sesión, los legisladores morenistas acusaron que desde noviembre pasado doña Layda los estuvo presionando para que aprobaran un endeudamiento para el estado por mil millones de pesos. Ellos se negaron a acompañar a la “gobernadora” en su iniciativa y ésta montó en cólera. Se encabronó tanto con la postura de los morenistas que hasta envió a policías ministeriales para detener al presidente del Congreso local, José Antonio Jiménez.
Pero éste es sólo uno de los muchos desmanes protagonizados por la hija del infame “Negro” Sansores: En septiembre de 2025 aplicó un albazo para que se aprobaran reformas a la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado para expropiar predios a particulares bajo el criterio de “utilidad pública”, pero la realidad es que se ha valido de esta reforma para ejecutar diversas venganzas políticas.
Y ya que hablamos de venganzas, ¿qué tal la que llevó a cabo a principios de años en contra de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM)? Esta casa de estudios, considerada uno de los últimos bastiones de pensamiento libre y crítico en el estado, durante mucho tiempo cuestionó la gestión de la “gobernadora”, así que ésta dispuso la destitución de Abud Flores, a quien separaron de su cargo porque supuestamente al momento de su detención tenía en su poder drogas. Se le fincaron cargos por narcomenudeo y el consejo universitario (infiltrado por Sansores San Román) determinó cesarlo. Qué casualidad, ¿verdad?
Pero la inestabilidad y la zozobra no sólo afectan a los políticos o a los catedráticos campechanos, los periodistas también están siendo severamente perjudicados con la censura demencial que está aplicando esta señora a los medios: El caso más sonado es el del periodista Jorge Luis González Valdez, ex director del diario “Tribuna”, quien el año pasado fue vinculado a proceso por “incitación al odio y a la violencia”, una acusación que demuestra que el sistema judicial utilizó todo su poder para limitar la crítica periodística. Y en las mismas andan nuestros colegas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, quienes frueron obligados a disculparse públicamente con la “gobernadora”.
Urge que el Congreso de la Unión ponga fin a esta locura…
