PUESTOS CALLEJEROS PARA MEDICINAS: UN RETROCESO SANITARIO QUE PONE EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA

Por: Sergio Ayala-Díaz

La instalación de puestos callejeros para la distribución de medicamentos, como el que se observa en la imagen, constituye una ruptura grave con los estándares sanitarios establecidos en México y en el mundo. Lejos de representar una innovación para mejorar el acceso a la salud, simboliza una involución preocupante, comparable a prácticas improvisadas de sistemas de salud debilitados bajo regímenes autoritarios, reflejando una pérdida de institucionalidad y un deterioro profundo de la capacidad del Estado para garantizar una atención médica segura, regulada y digna.

COFEPRIS exige controles estrictos para almacenamiento, conservación y dispensación, como temperaturas específicas, protección contra luz, ausencia de humedad y superficies adecuadas para evitar contaminación. Un puesto callejero incumple todas estas normas. El pavimento puede alcanzar 50 o 60 °C, suficiente para degradar principios activos, alterar la estabilidad química y convertir medicamentos en productos inútiles o incluso tóxicos. Un medicamento mal conservado deja de ser medicamento y se convierte en un riesgo para la salud pública.

La OMS, la OPS y la red PIC/S también establecen Buenas Prácticas de Distribución y Buenas Prácticas de Farmacia, que exigen espacios controlados, personal capacitado, trazabilidad y monitoreo continuo. Cuando gobiernos improvisan mecanismos de distribución, como ocurrió en Venezuela entre 2016 y 2020, los resultados fueron medicamentos falsificados, pérdida total de cadena fría y aumento de eventos adversos. La Cámara Farmacéutica Venezolana reportó que hasta 30% de los productos en venta informal estaban adulterados. Estas prácticas no resolvieron la crisis, solo la disfrazaron y dañaron la confianza social.

El desabasto en México no se resuelve colocando un módulo en la banqueta. El origen proviene de licitaciones fallidas entre 2019 y 2022, ruptura con distribuidores sin alternativa logística, falta de infraestructura y ausencia de personal especializado. Hospitales de alta especialidad reportaron faltantes de hasta 45% en medicamentos esenciales. Los puestos callejeros simulan disponibilidad y desvían la atención del colapso estructural, mientras los hospitales siguen sin suministros suficientes y los pacientes dependen de farmacias privadas o tratamientos incompletos.

Modelos similares se han visto en Cuba, Venezuela, Nicaragua y la Unión Soviética: proliferación de puntos improvisados, erosión del sistema formal, mercado negro y deterioro de la dignidad del personal sanitario. Son esquemas que aparentan accesibilidad, pero representan la renuncia del Estado a garantizar servicios profesionales.

Los riesgos sanitarios son graves. Un medicamento expuesto al calor puede perder entre 30 y 70% de potencia. En antibióticos esto favorece resistencia antimicrobiana; en insulinas provoca descontrol glucémico; en vacunas las inactiva. Algunos generan compuestos dañinos, como las tetraciclinas degradadas, asociadas con toxicidad renal. Estos riesgos afectan a pacientes y se convierten en amenazas colectivas.

Dispensar medicamentos en la calle devalúa la práctica médica y farmacéutica, elimina privacidad, impide farmacovigilancia y normaliza la improvisación como forma de gestión sanitaria. Se transmite la idea de que la salud puede operar sin estándares, debilitando la confianza pública.

Un puesto de medicamentos en la vía pública no es viable técnica, sanitaria ni éticamente. Viola la regulación de COFEPRIS, contradice estándares internacionales, reproduce modelos fallidos y no resuelve el desabasto real. La solución requiere reconstruir la cadena de suministro, profesionalizar la distribución y fortalecer la infraestructura hospitalaria. Cualquier alternativa improvisada constituye una simulación política, un retroceso sanitario y un riesgo directo para la población.