OPINIÓN: LA CENSURA CON ARTILUGIOS LEGALOIDES: EL JUGLAR DE LA RED
Rafael Cano Franco / Analista
Ciudad de México.- En los corrillos de periodistas de Campeche, particularmente entre aquellos “no alineados” a la gobernadora Layda Sansores San Román, existe la certeza de una persecución orquestada en contra de los periodistas críticos y un hostigamiento que llega hasta el uso abusivo de las instituciones.
La gobernadora Layda Sansores se convirtió en una voraz persecutora de periodistas, defensores de los humanos, políticos de oposición y para acallar las voces que señalan que su gobierno es corrupto no duda en recurrir a todos los instrumentos legaloides a su alcance.
En lo que va de su gobierno en Campeche varios medios de comunicación han cerrado: “Novedades”, “Expreso”, “Crónica” y “El Sur”, todos críticos y a quienes se les instrumentaron demandas para silenciarlos o que se alinearan al discurso oficialista.
El caso más reciente es el de “Tribuna”, que se convirtió en tema nacional luego de que un tribunal local sentenciara al periodista José Luis González Valdez a pagar una indemnización de dos millones de pesos al director de Comunicación Social del gobierno campechano, también lo sentenció a no ejercer el periodismo en un lapso de dos años y la misma sentencia determinó que el medio de comunicación debía de dejar de publicar cualquier tipo de información, lo cual no solamente es un aberración, sino que se convierte en el atentado a la Libertad de Expresión más flagrante y atroz que ha cometido un gobierno en los años recientes.
Fue tan abusiva y draconiana la sentencia contra “Tribuna” y José Luis González, que al apelar en otras instancias terminaron por darle la razón al periodista y con esto la gobernadora Layda Sansores recibió un revés en su afán revanchista contra el medio y el reportero.
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, emitió el pasado 9 de junio una determinación con la cual suspende las medidas cautelares en contra de “Tribuna” y José Luis González luego de considerar que son excesivas.
Dicho Tribunal Colegiado resolvió la queja 411/2025 interpuesta en el juicio de amparo directo 748/2025-III-A del Juzgado Primero de Distrito de Campeche y con esto el periodista de 72 años puede seguir ejerciendo el periodismo y la Organización Editorial del Sureste, S.A de C.V, que se identifica como el periódico “Tribuna”, también podrá continuar en línea con sus actividades periodísticas.
Según declaró el propio José Luis González a varios medios de comunicación, “El Tribunal consideró que las medidas cautelares impuestas, que son la suspensión de actividades del medio de comunicación y la prohibición de que ejerza la profesión de periodista, trasgredían de forma desproporcionada derechos humanos protegidos en los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución”.
Este caso, que expuso en gran medida los intentos de censura que intentan realizar gobernantes, legisladores y políticos, escaló al nivel de escándalo luego de que la gobernadora Layda Sansores San Román demandó al periodista y al medio, los vincularon a proceso por el delito de Odio y un juzgado local le hizo el juego a la gobernadora y dictó la sentencia a favor de ella, en un claro abuso de poder y un uso faccioso de las instituciones.
La sentencia, por desproporcionada, de inmediato reflejo el revanchismo y venganza de Sansores San Román en contra del periodista José Luis González; pero en lugar de convertirlo en un criminal, como era su intención, la opinión publica le dio a él un trato de víctima, exhibiendo la intolerancia y falta de madurez de la gobernadora Layda Sansores y de sus funcionarios.
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito determinó, según expresaron los magistrados que lo integran, en su resolución, que las restricciones impuestas “carecía de proporcionalidad y que otras acciones menos lesivas pudieron haber tomado para proteger a la presunta víctima”, quien sería la Gobernadora.
Ahora bien, aunque el Tribunal Colegiado da un revés a la gobernadora Sansores, también establece claramente en su resolución que: “Esta decisión no extingue el proceso de fondo, sino que garantiza la protección temporal de los derechos mientras se analiza el caso a profundidad”.
En palabras más claras, no se está exonerando a José Luis González, simplemente y de manera temporal se dejan sin efectos algunas de las sanciones impuestas a reserva de que todo el caso sea examinado por el mismo Tribunal Colegiado.
México está considerado como uno de los países del mundo donde mayor riesgo corren los periodistas; pero ya no solamente se trata de las organizaciones criminales que los asesinan; ahora se suman leyes draconianas, que son usadas por los políticos en turno o los gobernantes para ejercer una presión y una persecución constante en contra de aquellos periodistas que no se “alinean”.
Ya no solamente se asesinan las voces disidentes que se expresan a través del periodismo; los políticos pasaron de la amenaza velada a la acción legaloide, pues ahora también existen mecanismos legales para formar juicio a periodistas y medios de comunicación, sancionarlos económicamente, obligarlos a callar por vías legales o meterlos a la cárcel por las opiniones que emiten.
Pero el discurso oficial sigue aferrado a que en México no hay censura.
