OPINIÓN 51 DENUNCIA EMBESTIDA LEGAL CONTRA PERIODISTAS Y CIUDADANOS CRÍTICOS AL PODER
Colectivo de periodistas alerta sobre persecución a voces críticas, desde Campeche hasta Sonora
El medio feminista Opinión 51 alzó la voz este 8 de julio contra lo que considera una preocupante escalada de acciones legales e institucionales dirigidas a intimidar, sancionar o condicionar a periodistas, columnistas y ciudadanas que ejercen su derecho a opinar y cuestionar al poder. En un comunicado titulado “Por la libertad de expresión y contra el uso político de la censura”, el colectivo denuncia que estas prácticas se están volviendo cada vez más frecuentes y ponen en riesgo la libertad de expresión en México.
“Nos posicionamos en contra de la censura y de su uso político. Nuestro lugar está con todas las periodistas, columnistas y ciudadanas que ejercen su derecho a opinar y cuestionar al poder”, señala el documento firmado por mujeres periodistas, escritoras y analistas de distintos medios y trayectorias.
El comunicado refiere varios casos recientes que, constituyen señales de alarma que no deben ignorarse. Se menciona el caso de la periodista Laura Brugés, quien recibió una notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtiéndole de una posible multa si no revela sus fuentes periodísticas. Opinión 51 advierte que esta medida no solo contradice el derecho constitucional al secreto profesional, sino que sienta un precedente alarmante para el ejercicio periodístico en el país.
También se incluye el caso de Laisha Wilkins, quien fue recientemente requerida por la vía legal tras publicar en la red social X (antes Twitter) un comentario crítico sobre una excandidata a ministra de la Suprema Corte.
A este escenario se suman los casos de Karla Estrella, ciudadana de Sonora sancionada por cuestionar en redes sociales a la diputada Diana Karina Barreras, y del periodista campechano Jorge Luis González Valdez, penalizado por publicar columnas firmadas por autores que temen represalias. En ambos casos, se iniciaron procedimientos legales por el simple hecho de expresar opiniones.
Opinión 51 también recordó que esta tendencia no es nueva. Mencionó el caso de la analista y columnista Denise Dresser, quien fue acusada por la diputada Andrea Chávez de ejercer violencia política de género por sus críticas. Aunque Dresser ganó el litigio, el colectivo advierte que el uso de esta figura legal con fines punitivos distorsiona su intención original y fomenta un clima de censura.
Finalmente, el documento hace referencia al caso del periodista Héctor de Mauleón, a quien el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó inscribir —junto con el diario El Universal— en el registro de personas sancionadas por violencia política de género por una columna crítica hacia una candidata en campaña. Opinión 51 cuestiona esta decisión, calificándola como una interpretación extrema de la norma, que convierte los derechos político-electorales de las mujeres en una herramienta para censurar opiniones periodísticas.
