LAYDA Y EL USO DEL PODER PARA INTIMIDAR Y CENSURAR A LA PRENSA CON RECURSOS PÚBLICOS
Por encima de cualquier confrontación mediática, la figura de una gobernadora representa al Estado. No es una opinadora más ni una participante en debates digitales. Es la titular del Poder Ejecutivo. Por eso preocupa que desde un programa oficial como “Martes del Jaguar”, producido y transmitido con recursos públicos, se lance una apuesta millonaria contra un periodista nacional, Joaquín López-Dóriga, en lugar de recurrir a mecanismos institucionales para desmentir información.
La Constitución mexicana, en su artículo 134, establece que los recursos públicos deben utilizarse con eficiencia, imparcialidad y exclusivamente para fines institucionales. Un programa gubernamental no es un espacio privado. Es comunicación social del Estado. Cuando desde ahí se emiten retos económicos, se confronta a comunicadores por nombre y se convierte el espacio oficial en tribuna de litigio personal, la línea entre función pública y protagonismo político se diluye.
La oferta de apostar dos millones y medio de pesos puede no constituir delito si el dinero es personal. Sin embargo, el problema es institucional. El anuncio ocurre dentro de una plataforma financiada por la ciudadanía. No se trata de una rueda de prensa ordinaria, sino de un programa con producción, estructura y difusión sostenidas con presupuesto público. Utilizar ese espacio para desafiar, exhibir o desacreditar periodistas plantea un uso cuestionable del aparato estatal.
El patrón no es aislado. En el caso del exdirector de Tribuna, Jorge González Valdez, la gobernadora ha emitido señalamientos directos desde transmisiones oficiales, con descalificaciones reiteradas que colocan al poder político frente a un ciudadano sin el mismo alcance institucional. El desequilibrio es evidente. Cuando el Estado responde desde una estructura financiada con recursos públicos, la crítica deja de ser un intercambio entre iguales.
A esto se suma otro cuestionamiento de fondo: ¿por qué una obra pública o un centro especializado dependerían de ganar una apuesta? Si un gobierno prometió infraestructura o servicios, su obligación es presupuestarlos, gestionarlos y ejecutarlos conforme a la ley. Sugerir que un proyecto social puede financiarse mediante un reto personal proyecta una imagen de improvisación o incapacidad de gestión. Las políticas públicas no se sostienen con desafíos mediáticos, sino con planeación, transparencia y recursos asignados formalmente.
La libertad de expresión protege a quien gobierna, pero protege sobre todo a quien cuestiona al poder. Las diferencias entre autoridades y periodistas deben resolverse con datos verificables, derecho de réplica o vías legales. Convertir la comunicación oficial en escenario de confrontación constante erosiona la investidura y debilita el principio de imparcialidad.
La investidura no es un elemento decorativo. Representa al Estado y exige prudencia, mesura y respeto a los límites constitucionales. Cuando el poder se usa para intimidar, censurar y condicionar proyectos públicos a apuestas personales desde espacios financiados por la ciudadanía, lo que se compromete no es solo una disputa con la prensa, sino la responsabilidad institucional que conlleva gobernar.
