GOBIERNO DIFAMADOR
Los policías que detuvieron arbitrariamente al funcionario municipal incurrieron en difamación, calumnias, violencia mediática y digital, incitación al odio, y violaron la Ley Federal de Datos Personales…
Junto con sus matraqueros a sueldo, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, creyendo que le hacía “un favor” a su partido, al exhibir a sus adversarios, difundió la fotografía del director de Cultura del Ayuntamiento de Campeche, Gianni Alfonso Barrera Rincón, detenido presuntamente por manejar en estado de ebriedad.
Sin escuchar argumentos ni razones, y solamente porque sus “chicharrones truenan”, los agentes policiacos que lo divisaron y le ordenaron el alto para una revisión (ilegal, pues no contaban con permiso judicial para ello ni se había cometido ninguna infracción), dictaminaron que el funcionario mocista estaba ebrio y lo condujeron de inmediato al Juzgado Cívico y el vehículo que manejaba y que es propiedad del diputado Paul Arce Ontiveros, fue enviado al corralón.
En el Juzgado Cívico, el juez en turno ordenó una revisión y toxicológica para determinar qué estado recibía a ese personaje, y lo que arrojaron los resultados confirmó la arbitrariedad policiaca. Barrera Rincón no tenía ningún grado de alcohol ni había incurrido en ninguna otra falta administrativa o a la ley de vialidad, por lo que ordenó su inmediata liberación y la devolución de su vehículo.
“Una más” diría cualquier ciudadano que ha sido víctima de esos excesos policiacos, pero la cuestión no es tan simple. Si Barrera Rincón quisiera hacer valer sus derechos, debería denunciar los hechos en la Fiscalía Anticorrupción en contra de los elementos que lo retuvieron ilegalmente, y otra contra Marcela Muñoz Martínez en el juzgado civil por daño moral, y en la Fiscalía General de Justicia por los delitos de difamación, calumnias, violencia mediática, violencia digital, además de incitación al odio y a la violencia, sin pasar por alto la violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Alguien tiene que ponerle un alto a los abusos de Marcela y sus corruptos uniformados. Hace unas semanas, le sucedió lo mismo a la entonces directora del DIF, Martha Camacho. Se comprobó que no había cometido ningún delito, y la liberaron de los separos de ls Fiscalía General.
Pero eso molestó a la gobernadora y ordenó que sus diputados aprueben una nueva figura jurídica para que las personas que, con aliento alcohólico incurran en un accidente de tránsito, no tengan posibilidades de llegar a un arreglo con la parte afectada, sin que reciban todo el peso de la ley. $En un transitorio de esa llamada “Ley Camacho” seguramente que los diputados escribirán que si el conductor que cometió la falta es un prominente militante de Morena, “será liberado de inmediato y no se le imputará ninguna falta”.
Y aunque parezca chiste, es la triste realidad. Así de arbitrarios son. Todo el peso de la ley contra sus enemigos y la benévola justicia contra los amigos. Ya pasaron por eso Juan Manuel Herrera Real, patiño de la gobernadora en su programa de los martes, y el director del Cobacam, César Andrés González David. Fueron pillados, manejando en estado de ebriedad, el primero incluso amenazó con cesar a quienes lo retuvieron porque “soy compadre de la gobernadora”, pero ninguno fue llevado al Juzgado Así se las gastan.
Y los gobiernos que no aplican la justicia con imparcialidad son arbitrarios, autoritarios y tiranos.

