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FRACASA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

En los años de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, Campeche registró un incremento significativo en los homicidios violentos. Esto debido a la presencia de grupos pertenecientes al crimen o delincuencia organizada, destacando entre otros el cartel Pura Gente Nueva o PGN.

Las cifras no mienten:

En 2021 fueron 85 homicidios dolosos En 2022 fueron 87 homicidios dolosos En 2023 fueron 94 homicidios dolosos En 2024 fueron 96 homicidios dolosos

Nuestra entidad hasta la llegada al poder de Alejandro Moreno, se encontraba en el lugar No. 1 en materia de Seguridad Pública, pero a partir de 2016 año en que se registraron por primera vez 81 homicidios dolosos empezó a subir poco a poco en la lista.

A la salida de Alejandro Moreno y llegada de Carlos Miguel Aysa, ya campeche, se discutía el segundo lugar entre Colima, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán.

Sin embargo, es evidente que los últimos años, y en especial el inicio de este 2025, dadas las presiones al crimen organizado en el norte del país y la llegada de migración al Estado de centro y sur americanos en oleadas pequeñas pero significativas, han provocado que estos homicidios no solo aumenten sino que se perpetren con evidente impunidad y una violencia inusual, dadas sus características tipo ejecuciones, desde motocicletas, con arma de fuego y en lugares ahora públicos como las calles o avenidas, casa habitación o comercios.

Campeche en los últimos 5 años paso de ser una entidad tranquila y segura a normalizar los homicidios perpetrados por sicarios. En lo que va del 01 de Enero al 24 de Marzo de 2025, se han cometido 28 homicidios dolosos, lo que ha dejado a la entidad en el número 7 de los Estados medidos de menor a mayor desde el punto de vista de los homicidios, o si se prefiere la entidad No. 26 de 32 en materia de homicidios dolosos. Lo cual sigue haciendo de Campeche uno de los Estados mas seguros del país, pero que lo hace retroceder 6 escaños en el ranking.

Estas ejecuciones de 2025, se podrían dividir entre los días transcurridos en el año dando como resultado que hay 1 homicidio doloso y violento cada 3 días. Estas cifras son alarmantes y escandalosas para una población como la de Campeche, acostumbrada a no cerrar las puertas, dejar los autos en la calle y tener dichos como que en Campeche ni el mar hace olas.

Un factor que preocupa es la impunidad de estos crímenes, ya que son muy pocos los asesinos que son atrapados por estos crímenes atroces para la entidad.

Hasta el día de hoy ejecuciones como la del Chiquis en las calle de la lujosa colonia Fracciorama 2000, a la salida de una clínica dermatológica y que fue ejecutada con precisión militar, nunca han sido atrapados, como tampoco los que, con motocicletas, cascos que cubren sus rostros y armas de fuego han asesinado a diestra y siniestra en la Entidad.

La fiscalía reporta cuantas carpetas de investigación abrió en esos periodos por los homicidios registrados, pero no cuantos criminales atrapo por dichas carpetas, y menos aún cuantos fueron sentenciados. Ya que la eficiencia terminal del proceso de investigación penal es mínima, dando como resultado un alto grado de impunidad en la Entidad.

En innumerables ocasiones mientras participé en la estrategia nacional de seguridad pública, mencioné que el problema de Tamaulipas o de Sinaloa, no podía ser tratado como un problema de elementos locales o municipales de seguridad pública, pues era enfrentar a ratones contra tigres. Pues el problema era en realidad uno de tipo internacional por el tráfico de drogas, de armas y lavado de dinero que se da en esas entidades, debiéndose enfrentar como un problema de seguridad nacional, con los recursos y estados de excepción jurídica que esto implicaba.

Algo similar está pasando en Campeche, claro que guardando las proporciones, La policía que tenemos en el Estado es una policía local, poco entrenada, mal equipada, mal capacitada, con casi los mismos presupuestos en los últimos 10 años y con una notoria falta de estrategia y de inteligencia a nivel de enfrentar grupos de delincuencia organizada.

Nuestra policía, enfrento por años a borrachitos, a hechos de tránsito a asaltantes indigentes o drogadictos, casi todos de colonias como el Sinaí en la ciudad de San Francisco de Campeche o la Manigua en la ciudad del Carmen. Quienes principalmente realizaban robo a casa habitación, con furtividad y sin violencia y nunca a carteles o bandas del crimen organizado.

Los presupuestos para la secretaría encargada de la seguridad pública del Estado de Campeche, en los últimos 8 años han sido los siguientes:

  • 2025 $ 665,897,326.00
  • 2024 $ 669,806,713.00
  • 2023 $ 626,933,457.00
  • 2022 $ 615,294,218.00
  • 2021 $ 624,100,477.00
  • 2020 $ 633,054,868.00
  • 2019 $649,349,972.00
  • 2018 $593,950,634.00

Y si bien es cierto que a estos se les suman los subsidios tipo FASP, FORTASEG, FORTAMUN, y los presupuestos del Consejo de Seguridad o C5 y de Vialidad, aun así, no son presupuestos directos a la seguridad pública o ciudadana sino a labores periferias que contribuyen a ese propósito.

En suma, como se puede ver en los últimos 10 años aproximadamente el presupuesto de seguridad pública del Estado no ha cambiado significativamente, pero el nivel y sobre todo la complejidad de las amenazas que tiene que enfrentar si lo ha hecho de manera sustancial.

Caso similar ocurre con la Fiscalía General del Estado, en donde no hay dinero ni para otorgar las copias que por Ley debe entregar a los acusados para su defensa.

Pero no solo la falta de capacitación, estrategia, sistemas de inteligencia, equipamiento y presupuestos afectan la situación de la secretaría que vela por la seguridad pública del Estado de Campeche, sino también una falta de presión y oposición política y ciudadana.

El Congreso del Estado y los actuales gobiernos de izquierda del país y del Estado, no son receptivos a la crítica constructiva y menos aún a la que está bien fundamentada e informada, con lo que no es de un actuar preventivo en materia de seguridad pública anticipando de muto propio las necesidades para atender la problemática que enfrenta la Entidad, pues como ya vimos pese al incremento de las cifras de homicidios la estrategia no ha sido hacer oídos sordos y decir que no pasa nada.

Pero tampoco es reactivo a las pocas voces que, si hacen eco al problema, pues esta poca recepción a la crítica hace que vea adversarios en donde lo que hay es un exhorto ciudadano a mejorar la administración. Por ello la problemática sigue sin atenderse, creciendo lenta pero segura y de forma ya escandalosa entre los pobladores que de lo que más se han quejado de esta administración Estatal es justamente de la seguridad pública. Todo lo anterior da como resultado una estrategia fracasada que necesita urgentemente una inyección de recursos y un cambio de modelo para poder enfrentar a las nuevas amenazas que presenta el Estado, ante la presencia del crimen organizado.

JOSÉ JUAN LAZO REYES.

EX DIRECTOR GENERAL JURIDICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

EX PRESIDENTE DEL COLEGIO DE LA BARRA DE LICEN

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