EXPEDIENTE | RECORTES FEDERALES: CASTIGO AL MAL GOBIERNO

La opacidad en el manejo de los multimillonarios presupuestos públicos estatales que han permitido disponer a esta Administración estatal de más de 100 mil millones de pesos desde 2021, así como la nula capacidad de gestión de los legisladores federales morenistas y de la gobernadora Sansores, ha redundado en que las participaciones federales para Campeche, así como la inversión pública federal, sufran nuevos recortes.

El pésimo Gobierno de la señora Sansores ha provocado por cuarto año consecutivo afectaciones graves para la economía estatal, que cada vez enfrenta situaciones más críticas, con el más bajo crecimiento económico (o el peor decrecimiento) del país, que en consecuencia, ha traído mucha más pobreza y rezago.

Ese cuento chino de que en Campeche se redujo la pobreza solo se lo creen los aduladores y panegiristas de este Gobierno. Que de 2022 a 2024 unos 57 mil campechanos hayan salido de la pobreza extrema y otros 123 mil dejaron de ser pobres, es una auténtica mafufada, producto de la falta de rigor en la realización de las mediciones de pobreza.

La desaparición del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), decretada por este Gobierno de la 4T, ha permitido al Gobierno de la señora Sheinbaum acomodar las estadísticas a su conveniencia y ahora sí pueden desaparecer por decreto presidencial situaciones tan graves como la pobreza extrema.

¿Cuáles son sus pruebas y los fundamentos de esas cifras alegres? Eso no lo comparten, porque no los hay. Saben que si una institución seria, como fue el Coneval, tuviera en sus manos la medición de esa deprimente situación social de millones de mexicanos, los números serían diferentes. Por eso lo desaparecieron.

Pero nosotros que vivimos informados, revisamos las mismas cifras del INEGI a las que hizo referencia Layda Sansores y nos encontramos que si bien se reconoce que 347 mil 500 campechanos viven entre la pobreza y la pobreza extrema, sólo 232 mil 200 se consideran parte de la “población no pobre y no vulnerable”. La suma de estas dos cifras es de 579 mil 700 personas.

Considerando que la población de Campeche debe superar ya el millón (el Censo 2020 registró 928,363 habitantes), faltaría alrededor de medio millón de campechanos por clasificar, que no fueron incluídos entre los pobres y no pobres. ¿Dónde están entonces? ¿Verdad que no cuadran las cifras de la gobernadora Sansores?

Según esas mismas cifras a las que hizo mención la señora Layda, dos de cada tres campechanos tienen al menos una carencia social y al menos uno de cada cuatro tienen hasta tres carencias sociales. Más de 484 mil no tienen acceso a seguridad social, casi 270 mil no tienen acceso a servicios de salud, más de 193 mil padecen rezago educativo, 136 mil no cuentan con una vivienda digna, más de 272 mil personas cuentan con una vivienda pero carecen de servicios básicos, y 160 mil campechanos (más del 15%) padecen desnutrición.

¿Estás cifras le dan alegría a la gobernadora Layda Sansores? ¿Acaso cree que con sus raquíticos programas sociales lograría el gran milagro de haber sacado de la pobreza extrema y de su condición de pobres a 180 mil campechanos? Eso sería tan falso como su tinte guinda del cabello. Pareciera que solo buscó maquillar el fracaso de su Administración estatal, que simplemente no le ha encontrado la cuadratura al círculo. Y no lo ha encontrado por la sencilla razón de que no se ha puesto a trabajar.

Un ejemplo de su pésimo trabajo es la nulidad en el resultado de sus gestiones. No hubo cabildeos con las comisiones legislativas que analizan y aprueban las partidas presupuestales, no hubo reuniones en la Secretaría de Hacienda para presentar los proyectos de inversión que necesita Campeche, ni las obras de infraestructura o de desarrollo social que se impulsan para nuestro Estado, porque los funcionarios vinculados con la planeación, con las finanzas y con el desarrollo económico no están concentrados en su trabajo y la gobernadora prefiere andar de bailongo en bailongo en vez de encerrarse en su oficina a diseñar junto con sus secretarios estrategias para sacar a Campeche del rezago.

Lo más fácil es echar la culpa a los “corruptos gobiernos del pasado”, aunque con ello se lleve entre las patas a su propio padre, Carlos Sansores Pérez, que vaya que sí saqueó a su antojo el presupuesto público.

Por lo pronto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, Campeche volvió a resentir recortes multimillonarios. Nos quitaron 334 millones de pesos de participaciones y aportaciones federales; en el presupuesto para el sector salud el recorte suma poco más de 554 millones de pesos y mientras que el año pasado se erogaron poco más de 700 millones de pesos para conservación de carreteras, para 2026 en Campeche el monto de aportaciones será igual a cero.

Eso aparte de los 3 mil millones de pesos que ya no invertirá Pemex en la Sonda de Campeche, y los 280 millones que le quitaron a Campeche por parte de la Comisión Federal de Electricidad. El monto preliminar de los recortes rebasa los 4 mil 900 millones de pesos, de los cuales el daño directo para los campechanos —aparte de lo que deberían invertir las paraestatales— rebasa los 1,588 millones de pesos.

Con la mano en la cintura, el Gobierno Federal morenista de Claudia Sheinbaum, junto con sus comisiones legislativas que analizan el presupuesto, decretaron propinar otro golpe a la decreciente economía de los campechanos. Pero de esto, hasta hoy no ha reclamado nada la mandataria. Y si no lo hace ahora, de nada sirve que más adelante siga con la misma cantaleta de que no hay dinero, de que somos un pueblo jodido y de que estamos en las puertas del infierno. Los jodidos seguirán siendo los más pobres.

Lo que nadie entiende empero es ¿dónde encaja su narrativa de que los gobiernos de la 4T sí le están haciendo justicia a Campeche cuando que los recortes de ahora, son peores que los de antes? ¿Dónde está la congruencia de que la gobernadora es amiga de López obrador y de Claudia Sheinbaum, si a la hora de la repartición de los recursos del Gobierno Federal nos tratan peor que antes?

Podríamos entender que el Gobierno Federal no le quiera dar más dinero a una gobernadora que no rinde cuentas claras, que no ha demostrado en qué se invierte el presupuesto, y que ha permitido que sus subalternos y parientes hagan negocio con el dinero público. Lo que no entendemos es porqué el más castigado sigue siendo este pueblo noble y bueno que cada día se harta más de esta fallida Administración estatal.