EXPEDIENTE | ¿NO CESA LA CORRUPCIÓN?
La fuente no admite discusión. Es muy confiable. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía acusa que en Campeche 14 de cada 100 personas mayores de 18 años son víctimas de corrupción, e incluye a la población privada de la libertad, que afirma fue sobornada al ser detenida o por servicios.
Los más proclives a estas prácticas son policías, partidos políticos y ministerios públicos. Pero la corrupción no es homogénea, aclara el organismo, varía según autoridades e instituciones públicas. A nivel peninsular, Quintana Roo ocupó el primer lugar en 2021 con más víctimas de corrupción con 20.4%. Le siguió Campeche con 14.4% y Yucatán con 11.1%.
La gravedad del fenómeno reside en que tiende a aumentar en la Administración morenista de Layda Elena Sansores San Román, sin que se informe de medidas de contención y reducción e indiquen cuál es la estrategia para desincentivarla.
En 2023, concretó el Inegi, el 22.2% de las personas adultas sostiene que la corrupción es preocupante, porque afecta al 26.3% de los hombres y 18.7% de las mujeres. El 20.3% de hombres y el 8.8% de mujeres de 18 años fue víctima de algún acto de corrupción.
En 2021 el 22.1% de la gente sostuvo que la corrupción es una de sus tres principales preocupaciones. El 19.4% de los hombres y 10.3% de las mujeres mayores de 18 años fueron víctimas. En el 2022 lo externó el 22.5% de la población.
Gravísimo es que adultos privados de la libertad en 2021 fueron víctimas de corrupción en algún momento de su proceso penal. Significa que el 36.2% de las 220 mil 477 albergadas en algún reclusorio la padecieron, con afectación mayor en hombres. En Campeche el 14.4% fue víctima de los custodios, al pagar para obtener un servicio, concesión o permiso.
Al igual que en el resto del país, los custodios(as) fueron quienes mayormente incurrieron en tales actos. El 15.3% de las personas privadas de la libertad así lo indicaron, expone el Inegi.
A la gobernadora Layda Elena Sansores San Román no le ha merecido ningún comentario lo recopilado por el Inegi. Su metralla verbal sigue fija en la denostación a sus contrarios políticos o del cuatroteísmo. Lo demás es lo de menos.
Esa robadera, que aseguró al inicio de su Gobierno se terminaría, la ciudadanía no necesita lupa para advertirla. Perdieron las formas y la lucidez. ¿Creerán que con unos regalitos en sus posadas felinas calmarán el hartazgo, la censura, el malestar y la animadversión de la sociedad?
En la Fiscalía Anticorrupción hay suficientes denuncias como para creer que se acabó el fenómeno, y merecen un recuento desde el inicio de la Administración de Sansores San Román para sostener los índices de crecimiento.
¿Qué pasó con las investigaciones en las secretarías del Bienestar y de Obras Públicas, que llevaron a la dimisión o cese de sus titulares? ¿En que han quedado las observaciones en el Instituto de Cultura y Artes (Icaecam)?
Su director general Esteban Hinojosa Rebolledo señaló que aunque no se pueden dar detalles del proceso, a su extitular Eutimio José Sosa Espina, la Fiscalía Anticorrupción le tiene abierto un expediente.
La sociedad tiene derecho a conocer las presuntas observaciones de la Secretaría de la Contraloría en la entrega-recepción, de donde supuestamente derivaron los procesos específicos en la Fiscalía Anticorrupción.
¿Que no tiene herramientas Hinojosa Rebolledo para exponer el tema, señalar los avances de la investigación y las posibles sanciones administrativas, civiles o penales?
Es tan ineficiente el manejo administrativo en el gabinete, que el funcionario aceptó que tuvieron que pagar este año a la Secretaría de Cultura Federal casi cinco millones de pesos por un juicio que derivó del manejo poco claro de dos recursos hace 12 años. ¿Tenían cerrados los ojos, y cuando los abrieron, el proceso estaba perdido? ¿Omisión, torpeza o complicidad?
¿Y ahora, quién paga? Esas omisiones, torpezas, insuficiencias, desconocimiento, ignorancia y analfabetismo administrativo y jurídico lastiman los recursos de los campechanos, que son los que pagan los platos rotos de la indiferencia de la gobernadora.
Hinojosa Rebolledo aclara en su defensa que inmediatamente reportaron a Contraloría lo del proceso y que hubo un daño patrimonial. Nos afectó en recursos, aceptó, pero tuvimos apoyo del Gobierno del Estado para hacer los eventos programados. ¿Y de dónde tomaron los recursos, que son públicos, y están en la Administración del morenismo? Otra prueba de la corrupción. Y hay derecho a réplica. Está escrito en la Constitución.
