EXPEDIENTE | LAS RAZONES CONTRA ALCUDIA
La imposición del abogado poblano Juan Pedro Alcudia Vásquez, ex titular de la Consejería Jurídica de la Gobernadora, como magistrado numerario y después como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pende de un hilo muy delgado. En cualquier momento los tribunales federales, si se apegan a derecho, “tirarán” esa aberrante designación y obligarán al Estado a iniciar un nuevo procedimiento en donde él quedará para siempre excluido.
Hay muchos argumentos para oponerse a esta nueva demostración de abuso de poder del Gobierno de la señora Sansores. De entrada, se trató de un proceso desaseado, sucio, maloliente y, por decir lo menos, apresurado.
¿Por qué la prisa de citar a una sesión extraordinaria del Congreso a fin de avalar ese capricho de la gobernadora? En el Tribunal existe la cantidad suficiente de magistrados, algunos de ellos incluso avalados por la carrera judicial, que se pudieron hacer cargo del changarro, sin necesidad de exhibir las suciedades de este régimen.
Además, Alcudia Vásquez incumple los requisitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para ocupar una magistratura. Si nos apegamos a lo que establecía ese ordenamiento antes de la reforma de septiembre de 2024, (artículo 79 en su fracción quinta) para ser magistrado ameritaba ser campechano de nacimiento o haber residido en el Estado por los últimos cinco años.
Y si nos vamos a lo que señala la reforma vigente a partir de 2024, la gobernadora ya no tiene facultades para designar magistrados, pues éstos serán electos por el pueblo, y los aspirantes deberán separarse de un cargo en el gabinete estatal con un año de anticipación. Ni uno ni otro aspecto fueron respetados en ese hediondo procedimiento. La violación de estas disposiciones fue la razón de ese albazo legislativo.
El colmo fue que Juan Pedrito recibió un nombramiento como magistrado, al mismo tiempo que se desempeñaba como titular de la Consejería Jurídica, pues en ningún lado se exhibió la carta de aceptación de su renuncia por parte de la Gobernadora. Y nadie, ningún servidor público puede desempeñar dos cargos al mismo tiempo.
En términos de higiene política, hay que reiterar que la presencia de Alcudia Vásquez como magistrado presidente del TSJE, reafirma la sumisión del Poder Judicial a los designios de la gobernadora. Hay un evidente conflicto de interés, porque Juan Pedrito promovió decenas de expedientes judiciales contra los adversarios políticos y los periodistas críticos de su jefa, que ahora serán desahogados a su favor, con lo que se desmorona el mito de la independencia y separación de poderes.
Si nos atenemos a los criterios de localía y valoración de los profesionistas campechanos, hay que admitir que la incursión de un poblano, que arribó junto con la gavilla de piratas a Campeche en 2021 con la asunción de Sansores a la gubernatura, desplaza a destacados juristas y abogados campechanos que pueden desempeñar un mejor papel, y que actuarían estrictamente apegados al Estado de Derecho, lo que no va ocurrir en este caso.
La cereza en el pastel de este lamentable desaguisado que ha puesto a Campeche otra vez en el centro de las burlas, el escarnio, el pitorreo y el ridículo nacionales, fue la forma como se consumó la imposición: repeliendo a macanazos a quienes públicamente se opusieron. Activistas de diversas agrupaciones feministas que realizaban un plantón pacífico en la explanada del Palacio Legislativo, fueron violentamente desalojadas por el solo hecho de externar su rechazo a esta nueva medida autoritaria de la Gobernadora.
Si la decisión ya estaba consumada, y les valió un soberano cacahuate violentar las leyes para cumplir el capricho de la mandataria, ¿por qué la saña contra las indefensas mujeres? ¿Bajo qué cargos fueron retiradas a la fuerza de su plantón? ¿Qué delitos les inventaron para justificar esa abominable acción que demuestra la nula aceptación gubernamental a las opiniones divergentes? No hay ninguna justificación.
Lo que se aprecia a simple vista, es que una vez más, Campeche da un paso hacia atrás en la transformación de la sociedad. Si la presidenta Sheinbaum ha prometido “un segundo piso de la Cuarta Transformación”, hay que señalar que Layda Sansores está excavando en las catacumbas de la prehistoria, para resucitar esos viejos regímenes absolutistas, autoritarios y dictatoriales que concentraban el poder en una sola mano.
Ya había dado muestra de su intolerancia a la crítica con los procedimientos judiciales contra TRIBUNA y el periodista Jorge González Valdez, y lo ratificó con sangre, al ordenar la golpiza contra las feministas que repudiaron el nombramiento de su pelele como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Y en este tenor, hay que subrayar que la discusión jurídica en torno a la validez o la ilegalidad del nombramiento de Alcudia Vásquez, que se dará —esperemos— en los tribunales federales, será también el debate sobre el modelo de nación al que aspiramos. Si vamos hacia ese “segundo piso” que promete Sheinbaum, o nos sumergimos en las cavernas antediluvianas donde el poder se concentra en una sola persona. De lo que resuelvan los tribunales, sabremos qué país vamos a tener.
