EXPEDIENTE | CONFIRMA LA ASF CORRUPCIÓN EN CAMPECHE

Aunque se quedó corto en cuanto a las cifras de los desvíos, la Auditoría Superior de la Federación confirmó la corrupción que existe dentro de la Administración de Layda Elena Sansores San Román en cuanto a la asignación de obras públicas.

De acuerdo con una investigación del periódico La Razón, de la Ciudad de México, se hicieron observaciones en la revisión de la cuenta pública de 2024 por 73 millones 494 mil 832.93 pesos y se sostiene que hubo “colusión de funcionarios estatales con particulares en contratos de Obras Públicas para obtener beneficios indebidos”.

La investigación también mostró que en la fiscalización correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF) de 2024, el 22.4 por ciento de los recursos públicos asignados al Gobierno del Estado de Campeche, es decir, los más de 73 millones de pesos siguen pendientes de aclarar debido a que no se entregó la documentación comprobatoria de esas erogaciones.

Además, señala el documento, “no se consideraron las mejores condiciones en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y otras condiciones pertinentes afectando al sector privado al contratar a proveedores foráneos”.

Habría que informar a los auditores de la ASF que en Campeche no se pueden “considerar las mejores condiciones” para la asignación de los contratos, por la sencilla razón de que todas las licitaciones públicas y asignaciones se hacen en total opacidad, y en muchas ocasiones con invitaciones restringidas a “empresas amigas” de esta Administración estatal, para beneficiarlas a cambio de los consabidos moches.

Algunos de los que han participado en las reuniones de preadjudicación, sostienen que los principales promotores de esos contratos amañados son los sobrinos de la gobernadora, de apellidos Sánchez Sansores. Uno de ellos ya tiene antecedentes de participar en esas negociaciones, como se demostró en la Ciudad de México, cuando su tía fue alcaldesa de la Álvaro Obregón. Son célebres los audios donde se detallan sus pláticas para llegar a acuerdos millonarios.

Aún ahora, el abogado Manuel Iris Balán acudió a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche a denunciar a ¡Gerardo Sánchez Sansores!, sí, al sobrino incómodo de la gobernadora, a quien se atribuye haber exigido diversas cantidades de dinero a un grupo de entre 10 y 12 mujeres, a cambio de la entrega de concesiones de taxis.

El abogado Iris Balán narró que “un tipo de apellido Negroe, apropiándose de programas del Gobierno y usando el nombre de Gerardo Sanchez dijo que lo había comisionado para tramitar apoyos para las mujeres, que necesitaba recursos y a cambio les iba a dar concesiones, diciendo que era un programa para la mujer, que iban a crear un capital familiar para que puedan ser independientes. Pidió desde 75 mil hasta 300 mil pesos, con la esperanza de la concesión. A principios de noviembre dijo que iban a salir las concesiones, y si no, que el señor Sánchez Sansores iba devolver el dinero, pero ya no volvió a aparecer”.

En prácticamente imposible que la Fiscalía Anticorrupción que preside Loreto Verdejo Villacís, vaya a hacerle eco a esa demanda. En primera, porque oficialmente, Sánchez Sansores no es funcionario de Gobierno. Realiza indebidamente algunas gestiones a nombre de su tía, pero no tiene ningún cargo público, por lo que no es materia de investigación de esa dependencia. En segunda, y esa es la razón más fuerte, porque tiene la protección de su tía, la gobernadora.

Pero que Sánchez Sansores realiza algunas actividades a nombre del Gobierno del Estado, y más concretamente a nombre de la gobernadora, eso también es innegable. En la contestación a la demanda de las mujeres defraudadas y representadas por el abogado Iris Balán, Gerardo, conocido en el argot político como el “Seso Loco” admitió:
“Me he reunido con taxistas, empresarios, amas de casa, constructores, nunca les he pedido nada. Quien pida a nombre mío miente. Nunca lo haré ni lo he hecho”.

Hasta se dio el lujo de ofender a las mujeres engañadas: “La ambición les ha hecho creer historias que son patrañas. Arriesgaron su patrimonio en manos de gente perversa, pero se volvieron víctimas de su propia ambición”.

Aunque no dijo si conoce o no al tal Negroe, Seso Loco ofreció que “Con gusto ayudaré a las investigaciones y con gusto seguiré ayudando a que taxistas y otros más tengan mejores oportunidades, pero a la buena, por la vía legal. Yo no le vendo ni un solo clavo a este gobierno. No he aprovechado mi posición para beneficiarme personalmente porque no creo en eso”.

De entrada hay que decir que desempeñar actividades oficiales sin tener un cargo público es igual a la usurpación de funciones, lo cual es un delito: Y si tuviera el nombramiento, el delito empeoraría porque sería nepotismo y tráfico de influencias. Y de que lo hace, no hay la menor duda.

De que hay corrupción en este Gobierno, tampoco queda duda. Ya lo confirmó la ASF, y hay numerosos hechos, como los que encabeza el abogado Iris Balán, que reafirma que vivimos en un Estado corrupto.