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CIERRE DE PEQUEÑAS EMPRESAS E INFORMALIDAD POR ALZA AL SALARIO MÍNIMO Y REDUCCIÓN PAULATINA DE JORNADA LABORAL, ADVIERTE SERGIO PÉREZ

Aunque buscan beneficiar a los trabajadores, el incremento desde el 1 de enero de 2026 del 13% al salario mínimo y la reducción paulatina a 40 horas semanales de la jornada laboral, representarán un duro golpe a las micro y pequeñas empresas, varias de las cuales despedirán a empleados y otras acabarán en la informalidad por falta de capacidad para pagar impuestos en perjuicio del Gobierno, además de que habrá alza de precios de diversos productos, advirtió Sergio Pérez Barrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Campeche.


Calificó el aumento salarial como “un poco más conservador” en comparación con incrementos previos, pero señaló que sigue representando una carga considerable para las empresas más pequeñas. “Es un intento por equilibrar el alza de los precios en la canasta básica y apoyar a los trabajadores que ganan un salario mínimo, aunque ya son pocos los que perciben este ingreso”, resumió.


Sin embargo, continuó, estas políticas laborales podrían desencadenar riesgos significativos, como el aumento de precios y una mayor presión sobre las micro y pequeñas empresas, porque serán carga extra para estas empresas, especialmente porque no se está hablando de productividad laboral, que sería clave para contrarrestar estos incrementos.


Pérez Barrera advirtió que las microempresas con entre 1 y 5 empleados podrían enfrentar serias dificultades para mantener su operación. “Es muy probable que algunas tengan que cerrar o despedir a trabajadores, y en muchos casos los dueños trabajarán sólo con familiares para evitar el cierre, pues de estas actividades dependen sus ingresos”, explicó.


Pero el impacto no se limitaría al empleo formal, consideró el dirigente de la Canacintra Campeche, porque derivaría en un aumento significativo de la informalidad, que es el cáncer de las micro y pequeñas empresas.


Otro efecto preocupante sería la reducción en la recaudación fiscal, pues no habrá para cubrir impuestos, lo que afectará los ingresos del Gobierno y limitará su capacidad para financiar programas sociales y otros compromisos con la ciudadanía, finalizó Pérez Barrera.

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