¿CAMPECHE ES EL FUTURO DE MÉXICO?
Por: Mario Campos | La Silla Rota
¿Lo que está ocurriendo con la libertad de expresión en Campeche es una excepción de un gobierno local autoritario o es el inicio de una etapa de control de la libertad de expresión desde el Poder Judicial? | Mario Campos
Qué una política como Layda Sansores sueñe con controlar a la prensa no es novedad. Que más de un gobernante quisiera decidir qué se puede o no decir de ellos tampoco sorprende a nadie. Lo novedoso y trágico en el caso de Campeche, y el periodista Jorge Luis González Valdez, es que todo eso está ocurriendo por la orden de una jueza que ha decidido que al menos en esa parte de México, es “legal” que un censor designado por el poder judicial pueda leer y censurar todo lo que escriba o piense decir un periodista sobre el gobierno antes de que lo haga público.
El caso es de una gravedad que debería preocupar a todos. En primer lugar, y por razones obvias, a cualquiera que haga periodismo o pretenda dar su opinión en un medio de comunicación pero también a sus lectores, televidentes o radioescuchas.
¿Cómo serían los textos de cualquier medio de comunicación -nacional o local- si cada columna pasara antes por un interventor designado, como es el caso, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado?, ¿qué temas abordarían las investigaciones periodísticas si todas fueran previamente censuradas por la autoridad?, ¿o si la prohibición para mencionar a la gobernadora se extendiera al resto de los medios de comunicación?
No soy ingenuo y claro que los intentos de manipulación de la prensa siempre han estado ahí y se han mantenido con los más diversos empaques, desde las amenazas y la violencia directa, hasta las presiones políticas, pasando por el manejo discrecional de la publicidad oficial para premiar o castigar.
Lo atípico en este caso es que la intervención ocurre por la decisión de una jueza que ordena la censura a la vista de todo el mundo. Naturalmente el caso ha generado reacciones, entre otras, de la Alianza de Medios que rechazó la resolución contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna Campeche.
La Alianza ha rechazado esta forma de control -que impide que por dos meses el periodista pueda referirse a la gobernadora Sansores, ya sea en sus textos, programas o conferencias- ha exigido el respeto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, e hizo un llamado a que no se use el sistema de justicia para silenciar voces críticas.
La advertencia llega en medio de otros eventos de presión como la que han enfrentado El Universal y el columnista Héctor de Mauleón, y a menos de dos meses de la llegada de las y los nuevos jueces tanto locales como federales que fueron electos en el mes de junio por la gracia de la operación acordeón.
¿Este caso es una excepción de un gobierno local autoritario o es el inicio de una etapa de control de la libertad de expresión desde el Poder Judicial?. ¿Es la ocurrencia de una jueza o una nueva forma de limitar a periodistas y medios de comunicación?, ¿es una disfunción del sistema o una prueba de lo que puede venir?
Los ojos de todo el país deben mantenerse sobre este y otros casos pues de su alcance dependerán las futuras acciones que realicen otros gobiernos en el resto de país.
