DENUNCIAN PRESUNTO DESPOJO DE HERENCIA Y SEÑALA A FUNCIONARIO DEL DIF
Teresita Gabriela Gómez Salazar denunció públicamente un presunto despojo de una propiedad que asegura perteneció a su madre, fallecida en octubre de 2023, y señaló directamente a Carlos Iván Cabañas González, a quien identificó como director general del Centro de Rehabilitación Estatal (CRE), por su presunta participación en una operación inmobiliaria que considera irregular.
La denunciante aseguró que, pese a haber presentado denuncias ante distintas instancias, entre ellas autoridades ministeriales y anticorrupción, hasta el momento no ha obtenido una respuesta que permita esclarecer el caso. Por ello, exigió la intervención de la gobernadora Layda Sansores y una investigación sobre la actuación de funcionarios públicos.
Gómez Salazar relató que el conflicto comenzó cuando su madre fue ingresada a un asilo de ancianos sin que todos sus hijos tuvieran conocimiento de ello y cuando intentaron retirarla del lugar encontraron obstáculos, pues les indicaron que únicamente la persona que había autorizado su ingreso podía firmar su salida.
Tras el fallecimiento de su madre, la familia inició la búsqueda de un testamento y posteriormente un procedimiento sucesorio. Sin embargo, Teresita aseguró que, mientras reunían documentos para regularizar una propiedad ubicada en Hampolol, descubrieron que otra persona había realizado trámites sobre el mismo inmueble.
Entre las irregularidades que pidió investigar mencionó diferencias en fechas y horarios de recepción de documentos, el uso de una identificación anterior de su madre, la presunta ausencia de constancias obligatorias y la expedición de documentación municipal a favor de quien, según ella, no había acreditado su derecho sobre el inmueble.
La situación se agravó, según su relato, cuando ella y sus familiares fueron retirados del predio en medio de un enfrentamiento con personas que aseguraban ocuparlo mediante un contrato de arrendamiento fechado en agosto de 2026. Teresita denunció agresiones físicas, amenazas y falta de atención policial, pese a haber solicitado auxilio al número de emergencias 911.
La denunciante también cuestionó la actuación de la Fiscalía, el Registro Público de la Propiedad y las instancias anticorrupción, al considerar que sus señalamientos no han recibido la atención necesaria. No obstante, las irregularidades y responsabilidades que atribuye a funcionarios y particulares no han sido acreditadas mediante una resolución judicial presentada en la información disponible.
