PRESUNTO CULPABLE EN CAMPECHE | Por: Enrique Arellano
Resulta inevitable la contradicción cuando se observa el legado de Presunto culpable frente a la realidad política actual de Campeche. Aquel documental, producido por Layda Negrete Sansores, expuso con crudeza cómo el sistema de justicia puede fabricar culpables, manipular pruebas y utilizar el poder del Estado para destruir la vida de un ciudadano inocente. Su valor no fue solo cinematográfico, sino ético: colocó en el centro la pregunta sobre quién vigila al poder cuando el poder decide acusar.
Hoy, esa misma pregunta resurge en Campeche, pero desde un lugar incómodo y políticamente sensible. ¿Sería posible que Layda Negrete realizara un documental sobre los presuntos abusos de poder cometidos por el gobierno que encabeza su propia madre, Layda Sansores San Román? ¿Sobre un aparato estatal que, según denuncias públicas y percepciones ampliamente difundidas, utiliza la fuerza, la fiscalía y la narrativa oficial para someter a adversarios políticos, periodistas, académicos y ciudadanos críticos?
El caso del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, se ha convertido en un símbolo de esta preocupación. La narrativa que circula -y que merece ser investigada con rigor- habla de una detención con señalamientos graves, siembre de drogas, de una retención de 48 horas y de una presión inmediata al Consejo Universitario para nombrar un nuevo rector afín al partido gobernante. Más allá de la culpabilidad o inocencia jurídica del acusado, el problema de fondo es otro: el uso del poder penal como herramienta política.
Un documental que abordara estos hechos no tendría que emitir sentencias, sino hacer lo que Presunto culpable hizo en su momento: mostrar los procesos, las presiones, los tiempos, las contradicciones y las consecuencias humanas del poder sin contrapesos. Mostrar cómo se ejerce la autoridad cuando no existe una línea clara entre justicia y venganza política.
La pregunta no es solo si Layda Negrete haría ese documental. La pregunta más profunda es si el régimen actual permitiría que se hiciera. Porque cuando un gobierno inventa delitos, persigue a la oposición, judicializa la disidencia y estigmatiza a periodistas y ciudadanos críticos, el problema deja de ser un caso aislado y se convierte en un patrón.
El verdadero valor político de un documental así no sería atacar a una persona o a un partido, sino evidenciar un riesgo mayor: que el poder que ayer denunciaba abusos, hoy los reproduzca con mayor sofisticación y con un discurso de legitimidad moral. Y eso, en cualquier democracia, debería preocupar incluso -o sobre todo- a quienes hoy gobiernan.
