EXPEDIENTE | ¿METERÁ LAS MANOS SHEINBAUM EN EL CASO ABUD?
La actuación arbitraria, abusiva y en muchos aspectos ilegal de la gobernadora Layda Sansores en el caso del doctor José Alberto Abud Flores, está bajo el escrutinio nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez y al titular de Seguridad, Omar García Harfuch, que le proporcionen un informe completo del caso, a fin de hacer un pronunciamiento oficial.
La verdad es que no se espera nada de la presidenta Sheinbaum. Ya en una ocasión —en el caso de los policías despedidos— prometió que investigaría el caso para definir si intervenir o no, pero la carpeta con los escritos de los afectados terminó en un cesto de basura.
Basta, sin embargo, un simple proceso de razonamiento lógico para ligar ambos incidentes. La gobernadora Layda Sansores y su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, están involucradas de manera protagónica en los dos casos, de suerte que podría presumirse una colusión en la comisión de los abusos.
Se sabe que la señora Sansores se encuentra bajo la lupa en los altos mandos del Gobierno Federal. En la Secretaría de Gobernación existen informes y documentos que prueban sus abusos de autoridad y las ilegalidades que existen en este Gobierno. Mención aparte merecen los casos probados de corrupción, desvío de recursos y todo tipo de irregularidades en la asignación de contratos de obra pública.
Sería bueno que estos expedientes se anexaran al informe que le presentarán a la presidenta Sheinbaum, para que se tomen decisiones trascendentales que puedan redundar en beneficio no solo del rector, sino de todos los campechanos.
Lo que ha quedado claro una vez más, es que Layda Sansores entorpece la marcha de lo que se ha llamado 4T. Es un lastre, es la antítesis de los postulados básicos que rigen a este Gobierno, y en lo político su presencia será nefasta para su propio partido cuando lleguen las elecciones. En lugar de sumar, resta, y en lugar de multiplicar, divide.
Por lo pronto, hay que destacar el pronunciamiento del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, para quien la imposición de la doctora Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora, no es un asunto consumado, debido a la gran cantidad de irregularidades que precedieron a su designación.
González Placencia subrayó que los hechos ocurrieron en un contexto particular, ya que Abud Flores se encontraba en la etapa final de su primer periodo como rector y en proceso de postulación para un segundo mandato. Además, señaló que existen antecedentes de tensiones entre el rector y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Expuso que las evidencias presentadas le parecen endebles y afirmó que la detención podría ser calificada “por lo menos de irregular”. Añadió que, independientemente de la resolución jurídica, “la violación a la autonomía universitaria y a los derechos humanos del rector ya están consumadas”. Ante esta situación, la ANUIES envió a dos abogados a Campeche para dar seguimiento al caso.
Sobre el tema jurídico, el abogado Edwin Trejo Gutiérrez, quien tiene en sus manos el caso del exrector, ha dejado en claro que en la detención se violentaron todos los protocolos y se violaron los artículos 473, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud.
El problema es que en los juzgados de Campeche no se aplica la ley como debiera. Todos los jueces actúan por consigna y acatan las órdenes y los caprichos de la gobernadora, de manera que tendría que invocarse al Poder Judicial federal, para que se abra una luz de esperanza de que se va a impartir justicia.
Lo innegable es que el juicio ciudadano ha sido totalmente adverso a las pretensiones de la gobernadora. El campechano común observa y juzga y sus juicios son letales para la credibilidad de la mandataria, catalogada por la mayoría como autoritaria e impulsora de un Gobierno dictatorial en donde no se respetan los derechos humanos, las garantías individuales y ahora tampoco los protocolos establecidos para la detención de presuntos delincuentes.
Mención aparte merece el daño moral que le ha causado Layda Sansores al doctor Abud, al exhibirlo sin piedad como drogadicto para restarle autoridad para que no siga dirigiendo los destinos de la Universidad. Tampoco hubo presunción de inocencia, ni se respetó el debido proceso. Su dedo acusador lo declaró culpable, y ordenó a todos sus matraqueros sumarse a la campaña difamatoria contra el ex rector.
Ya tendrá tiempo, seguramente, de ajustar cuentas, porque no creemos que se vaya a quedar de brazos cruzados.
