OPINIÓN: LA FRAGILIDAD DEL GOBIERNO DE LAYDA

EN CAMPECHE, DISENTIR NO ES UN DERECHO: ES RIESGO CALCULADO

Por: Yohali Reséndiz / Opinión 51

Lo que ocurre en Campeche no es un diferendo legal ni disputa personal. Es el uso del poder como instrumento de castigo. El Estado convertido en garrote. La advertencia abierta de que quien incomoda, paga.

Para entender lo que sucede, es necesario poner sobre el tapete lo que significa para los campechanos la administración gubernamental de Layda Elena Sansores San Román: un riesgo real, profundo y sostenido para la libertad de expresión y para cualquier forma de disidencia. En el horizonte no hay diálogo ni tolerancia, sino demandas por daño moral, denuncias por incitación al odio, acusaciones por razón de género y la amenaza permanente de la persecución penal y la agresión física.

Sansores San Román no escatima el uso de recursos del erario, de las instituciones del Estado ni de las herramientas de represión. El acoso a opositores políticos, periodistas, opinadores y liderazgos sociales ha rebasado los límites de la tolerancia y de la legalidad. En Campeche, disentir no es un derecho: es un riesgo calculado. El poder no se ejerce para gobernar, sino para intimidar; la ley no se aplica para impartir justicia, sino para disciplinar; los tribunales no funcionan como contrapeso, sino como escenografía de la obra que quiere mirar la gobernadora como espectadora.

En el caso del periodista Jorge González, jubilado de la Organización Editorial del Sureste, editora de Tribuna desde el 29 de diciembre de 2016, hace más de nueve años, la persecución es injustificada, desproporcionada, cruel. El medio en cuestión pausó su circulación hace más de dos años, y esa misma suerte corrieron todos los medios impresos y los canales locales de televisión en la entidad. La persecución económica, política, laboral y la presión directa a los anunciantes los llevó al colapso.

Hoy en Campeche no existe un solo medio impreso. Solo plataformas digitales cuyos comunicadores enfrentan golpes, asedio económico, demandas civiles, acusaciones penales y hostigamiento constante.

Un proceso civil por daño moral condena al periodista Jorge González al pago de dos millones de pesos y lo coloca bajo la amenaza de perder su hogar, la única propiedad y el único patrimonio de su familia. En lo penal, se encuentra en la etapa intermedia de un proceso por incitación al odio. El Ministerio Público y la jueza de control ignoran la documentación que acredita su jubilación y la baja definitiva de la empresa. Supuestamente, porque se le menciona como director. Una afirmación que no prueban, pero que necesitan para sostener el castigo.

Justifican la incitación al odio porque, dicen, la información y los comentarios publicados provocan reacciones sociales, incluso con palabras altisonantes. Ese ruido digital, afirman, le ha generado malestar a la gobernadora pero no lo acreditan. No lo exhiben, no lo demuestran y no lo prueban. Y aquí la paradoja es brutal: si la gobernadora está psicológicamente afectada, no debería desempeñar el cargo, así de “afectada”, y si no lo está, su acusación carece de sustento. En ambos escenarios, el expediente se cae. Pero el proceso sigue, porque no se trata de justicia, sino de escarmiento. De enseñarle a los periodistas que con Layda “Nadie se mete”.

El involucramiento de Jorge González carece de base. Y si la lógica del Ministerio Público es que sigue siendo director porque han localizado documentos “en la nube”, ello se afirma sin acreditarlo. El nivel de arbitrariedad es ese: convertir una suposición en condena y una interpretación en prisión.

La audiencia intermedia se reanuda el 10 de febrero. Todo apunta a que la jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, turnará el expediente a un juez penal para que analice el caso. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel y el pago de una indemnización. El proceso se ha desarrollado por oom, porque si fuera en la sala de juicios orales habría acceso al público y para el gobierno de Layda, todo es mejor a puerta cerrada sin testigos ni vergüenza.

Una irregularidad más: Layda Elena Sansores en ningún momento ha comparecido, como es su obligación legal.

¿Qué actitud tomará el juzgador? ¿Habrá careo constitucional? ¿Tenderá una cortina de humo? ¿Argumentará su condición política? ¿Blindará su desempeño? La pregunta y la respuesta no son jurídicas, son políticas. Y en esta última, se  definirá si Campeche aún cree en el Estado de derecho o si acepta vivir bajo la voluntad de una sola persona.

Nada de esto ocurre en el vacío. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. De acuerdo con Artículo 19, cada año se documentan cientos de agresiones contra la prensa, y más del 40 por ciento provienen directamente de funcionarios públicos. La impunidad supera el 90 por ciento en los delitos contra periodistas. No siempre se mata con balas. A veces se mata con demandas, embargos, procesos interminables y miedo administrado desde el poder.

Y sí, cuando el gobernante teme al pueblo, hay libertad. Cuando el pueblo teme al gobernante, se está frente a un dictador. Y ese es el panorama de Campeche: una entidad sumida en el atraso, el abuso, el cinismo, la inseguridad, el insulto institucional y el decrecimiento.

En Campeche no se gobierna con resultados, sino sembrando miedo. Y cuando el poder castiga la palabra, no está defendiendo su honor: está confesando su fragilidad.