CENSURA CRUDA
Lamentable la actuación de los magistrados Concepción Canto Santos, José Enrique Adam Richaud y Virna Caballero, quienes avalaron una decisión injusta y violatoria a los derechos humanos..
La reciente resolución de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ratifica las medidas cautelares impuestas por la jueza Guadalupe Martínez Taboada en contra de Tribuna y del periodista Jorge Luis González Valdez, confirman que los magistrados y jueces campechanos ya perdieron la vergüenza y que el cinismo, es ahora su conducta cotidiana.
Durante la audiencia judicial más reciente, para resolver la apelación que presentó el periodista y abogado González Valdez, la magistrada Concepción Canto Santos impidió los alegatos de defensa del afectado con una frase lapidaria: “la audiencia ya terminó”.
Es decir, no solamente le impidieron al periodista González Valdez su legítimo derecho a la defensa –los jueces tienen la obligación de escuchar los argumentos de defensa de los imputados—si no que cínicamente mostraron el rostro crudo de la represión y de la censura.
Lamentable la actuación de la magistrada Concepción Canto Santos y de sus compañeros magistrados José Enrique Adam Richaud y Virna Caballero, quienes aprobaron el resolutivo judicial que ratifica la política de censura que practica el Gobierno de la señora Layda Sansores San Román.
No ha probado la gobernadora Layda Sansores ni, en su caso, el Ministerio Público, que la mandataria haya sufrido afectaciones psicológicas con las publicaciones de Tribuna y las que le atribuye falsamente al periodista González Valdez.
Al contrario, lo que Sansores San Rompan repite y repite en su programa de los martes, es que “no le importa” lo que publica Tribuna; o que “ya nadie le cree” o que “dicen puras mentiras”.
Si no hay afectación psicológica, porque la señora Sansores ha repetido que a “nadie le importa” lo que publica Tribuna, entonces tampoco hay daño, y por consecuencia deberán anularse las represivas medidas cautelares que le impusieron al periódico y al periodista.
Y si hay daños psicológicos a la mandataria, entonces deberá intervenir un perito o el propio Congreso del Estado, para evaluar qué tan grave es la afectación. En caso de que ese daño no le permita seguir desempeñando el cargo, entonces, se la somete a un juicio de interdicción y se le sustituye. Pero no. Nadie ha sustentado o comprobado daño alguno. Aquí es un capricho de la gobernadora que los magistrados y jueces acatan ciegamente, aunque con ello pisoteen entre el estiércol su escasa reputación. Lamentable.
