ANDAMIAJE LETAL
Para empezar, el diálogo y la conciliación no se encuentran en su vocabulario. A ellos los rige el autoritarismo y la arbitrariedad.
La publicación en el Periódico Oficial del Estado del decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Expropiación del Estado de Campeche reafirma la actitud autoritaria, soberbia y sorda del Gobierno del Estado ante las exigencias de diversos sectores de la sociedad campechana para modificar los artículos de la ley que se prestan a la ejecución de arbitrariedades y abusos.
Si bien es cierto que la Constitución Política del Estado de Campeche no contempla el “derecho de veto” para que el o la titular del Poder Ejecutivo frenara la promulgación de esa ley, sí pudo la gobernadora Layda Sansores retrasar la publicación del decreto para evitar que entrara en vigor hasta que los sectores campechanos inconformes estuvieran de acuerdo o por lo menos se extinguieran sus temores.
Pero no, la posibilidad de que la gobernadora Sansores, sus asesores o quienes la manejan, escucharan y accedieran a atender las demandas de la sociedad, son palabras mayores. Para empezar, el diálogo y la conciliación no se encuentran en su vocabulario. A ellos los rige el autoritarismo y la arbitrariedad.
Por eso aprobaron esas reformas en menos de una semana. Por eso se negaron a escuchar los puntos planteados por la bancada de Movimiento Ciudadana para corregir los yerros y para evitar los abusos. Por eso no han respondido a la exigencia de la sociedad campechana para que se instalen mesas de trabajo –antes de la promulgación del decreto—a fin de retirar el articulado lesivo.
Pero no hicieron caso, y una vez que el decreto ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado es imposible aspirar a una reforma en lo inmediato. Podría ocurrir, si y solo sí, la próxima Legislatura es de una mayoría diferente a Morena.
Las consecuencias de la llamada “Ley Despojo” aún están por verse. Las reacciones que ha generado en todo el país son de llamar la atención al grado que la coincidencia más recurrente es que Campeche se está convirtiendo en el laboratorio de Morena para poner en marcha reformas legales autoritarias y prácticas de censura contra la libertad de expresión, con leyes a modo para el grupo en el poder.
El tema de las expropiaciones a predios de propiedad es común en los gobiernos comunistas o dictatoriales, y ese es el temor fundado de los campechanos, y de millones de mexicanos. Paso a pasito, este régimen mal llamado de transformación, está construyendo el andamiaje legal y letal, para dinamitar muchos de nuestros derechos civiles, legales y humanos que nos costó conseguir luego de tantos y tantos años de lucha. Usan el pretexto del “beneficio del pueblo” o de la “equidad de género” para imponer sus leyes inhumanas e inequitativas, arbitrarias y abusivas.
