INFORME CENSURADO
No tenemos que buscarle mucho para encontrar el móvil que llevó a la gobernadora Sansores a ordenarle a la dócil jueza Cervera Sánchez que termine de colocar la mordaza contra TRIBUNA…
Cuando faltaban solo 48 horas para que la gobernadora de Campeche envíe un mensaje político con motivo de su “cuarto informe” de Gobierno, la jueza segundo interina del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, determinó hacer válida la figura de “censor editorial” para revisar qué debe y qué no puede publicar TRIBUNA.
El hecho ya ha sido ampliamente repudiado a nivel nacional e internacional, pero eso no pareció importarle ni a la gobernadora Sansores ni a nadie de su partido, porque no se sumaron al rechazo a esa descarada censura en contra de un medio de información y un periodista.
Sin necesidad de tener la investidura de Sherlock Holmes, no tenemos que buscarle mucho para encontrar el móvil que llevó a la gobernadora Sansores a ordenarle a la dócil jueza Cervera Sánchez que termine de colocar la mordaza contra TRIBUNA.
La razón es simple: sabe que su evento de informe de este viernes no ha sido más que simulación. Payasada. Show.
No tiene nada qué informar porque no ha trabajado, no ha dado resultados, y ni ella sabe en qué se han erogado más de 100 mil millones de pesos en cuatro años.
No podemos pedirle a la Auditoría Superior del Estado que fiscalice el ejercicio de esos recursos, porque esos auditores no se acercan ni por equivocación a las cuentas de la titular del Poder Ejecutivo. Tampoco fiscalizan los miles de millones de pesos que le han canalizado a Marcela Muñoz, ni los multimillonarios recursos que se destinan a la Secretaría de Gobierno.
Esas instancias, que son las que han manejado a su criterio, arbitrio y capricho más recursos, están blindadas de cualquier investigación y por eso pueden hacer lo que quieran. Por eso pretenden que la titular del segundo despacho en importancia del Cuarto Piso del Palacio, dé continuidad a esta corrupción e impunidad evidentes por seis años más. Esa es su prioridad. Las exigencias de los ciudadanos no importan.
Y de eso no quiere la señora que hablemos ni en TRIBUNA ni en los otros espacios críticos. Por eso pretende imponernos mordaza y logró la prohibición judicial para que incluso nos podamos referir a ella, pese a que es una figura pública. El mismo argumento que ha usado para exigir que le dejen referirse a Alito o a Monreal, debería replicarlo en sí misma, pero su abusiva arbitrariedad no se lo permite.
Le ganó el pánico. La venció su prepotencia. Se impuso el pavor a ser exhibida como la titular de un Gobierno fallido, arbitrario, abusivo, opaco y además corrupto.
