“LA BARREDORA” USÓ EL TREN MAYA PARA TRAFICAR DIÉSEL Y RENTAR TERRENOS, SEGÚN INFORMES MILITARES

Campeche fue incluido en la ruta de distribución de 180 mil litros semanales de diésel ilegal.

El grupo criminal conocido como La Barredora estableció una red de negocios ilícitos a partir de las obras del Tren Maya, según información obtenida por autoridades militares mexicanas. De acuerdo con reportes de inteligencia, la organización operó bajo el liderazgo de Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, identificado como cabeza de esta red delictiva.

Los documentos detallan que La Barredora gestionó el suministro de combustible robado, conocido como huachicol, para las labores de construcción del proyecto ferroviario. El grupo planeó abastecer hasta 180 mil litros de diésel por semana a través de una red que incluía también la renta de terrenos para resguardar el hidrocarburo.

Durante operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), integrantes del grupo admitieron en conversaciones interceptadas su intención de aprovechar tramos específicos del Tren Maya —supervisados por un familiar de Bermúdez Requena— para expandir sus operaciones y obtener ganancias ilícitas relacionadas con el proyecto prioritario del gobierno federal.

Uno de los involucrados en estas acciones fue Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Bermúdez Requena, quien estaba a cargo de la supervisión de los tramos 4 y 5 del Tren Maya. En diciembre de 2021, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que Bermúdez Arreola presentó su renuncia el 30 de noviembre tras señalamientos de corrupción. Conocido como “Lord Fonatur”, fue acusado de rentar Villas Chackté, una residencia en la zona hotelera de Cancún utilizada anteriormente como casa de descanso presidencial durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En ese contexto, un análisis del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste —consultado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)— detalló que en octubre de 2021 existía interés por abastecer al Tren Maya con diésel proveniente de Estados Unidos, que ingresaba por Tabasco. Las estimaciones alcanzaban los 180 mil litros semanales.

Las investigaciones revelaron conversaciones interceptadas entre miembros de La Barredora, en las que un operador financiero negociaba la venta y distribución de diésel ilegal en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Campeche y Tabasco. En uno de los diálogos, un hombre identificado como Gabriel ofrecía diésel extraído del puerto de Dos Bocas a 16.50 pesos por litro, sin factura. Otro fragmento de comunicación refería la venta de 300 ferrotanques de diésel tipo USLD a 14.50 pesos por litro, con un cargo adicional del 25 por ciento atribuido a “acciones del SAT”.

Uno de los reportes señala que el grupo criminal ofreció suministrar los 180 mil litros semanales solicitados para Campeche, particularmente en la zona de Escárcega, aunque su operador financiero reconocía que en ese momento no contaban con logística para el reparto local. Sin embargo, esperaba resolverlo en pocos días mediante facturación con una empresa radicada en Tabasco. Otro documento detalló una negociación para vender 30 mil litros de diésel de procedencia ilícita a un proveedor directo del Tren Maya.

Dos reportes adicionales del Cerfi Sureste, fechados en enero y febrero de 2022, indican que la red criminal también buscó obtener ganancias a través de la renta de terrenos. En uno de los seguimientos realizados a un jefe de plaza en Tabasco, identificado como Juan, alias “JJ”, las autoridades interceptaron comunicaciones con uno de sus principales colaboradores, Jesús Hidalgo Domínguez, alias “Chua”. En esas conversaciones, “Chua” propuso invertir en un trámite para rentarle al gobierno federal nueve hectáreas ubicadas en Quintana Roo —propiedad de su ex esposa Vanesa—, en donde se desarrollaba el proyecto ferroviario. La propuesta implicaba recibir hasta 700 mil pesos mensuales por cada hectárea rentada.

Ambos informes contienen esquemas jerárquicos en los que aparece Hernán Bermúdez Requena con nombre, rostro y cargo, señalado como figura central dentro de esta red de relaciones con el grupo delictivo La Barredora. Al momento de elaborarse los documentos, Adán Augusto López ya ocupaba el cargo de secretario de Gobernación en el gabinete del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Su sucesor en la gubernatura de Tabasco, Carlos Merino Campos, decidió mantener a Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad, a pesar de los señalamientos por presuntos vínculos con el tráfico de combustible y otros delitos.