¿Y Marcela cuándo?
Se ha documentado la corrupción que existe en la SPYSC en el manejo de los recursos: contratos a empresas fantasmas o de reciente creación, proveedores vinculados con la titular de la dependencia…
Llamó la atención la información relativa a que mañana domingo va comparecer amparado, el exsecretario de Seguridad Pública y extitular de la Secretaría de Gobierno en las pasadas administraciones priístas, Jorge Argáez Uribe, conocido más popularmente como “Cuco”.
No se ha informado públicamente que exista alguna carpeta de investigación en su contra, de manera que podemos suponer que su presencia ante la juez de control será como testigo o aportador de datos. Lo raro es que haya tramitado su amparo, seguramente porque no confía en quien le alertó sobre las investigaciones en su contra y sabe que el común denominador de este Gobierno es la traición.
Lo cierto es que su caso, lo mismo que el de Samuel Salgado y de la contadora Karla Mota, han puesto de relieve la inmensa cantidad de dinero que se asigna a la Secretaría de Seguridad, y la poca transparencia que existe en su manejo y distribución.
Lo anterior no nos deja duda respecto al hecho de que si la próxima Administración estatal no es de color guinda, una de las principales indiciadas será la actual titular de esa dependencia, Marcela Muñoz Martínez, pues ella ha recibido la mayor cantidad de recursos en toda la historia, y su erogación ha sido igual de opaca. O peor, porque las instalaciones, los vehículos, los equipos, los módulos y los uniformes y demás implementos policiacos, están peor que nunca.
A pesar de que según algunas versiones, por la SPYSC han pasado más de 10 mil millones de pesos en 4 años, lo que se observa es que las condiciones de la institución son más deplorables, y no hablemos de resultados. Campeche vive una de las etapas más graves de inseguridad pública.
Se ha documentado en este y otros espacios periodísticos la corrupción que existe en la SPYSC en cuanto al manejo de los recursos: contratos a empresas fantasmas o de reciente creación, proveedores vinculados con la secretaria Marcela o con alguien de su familia, licitaciones opacas y manoseadas, etcétera, sin contar con el hecho de que las patrullas dejan de hacer sus rondines de vigilancia por la escasez de gasolina. Pese a que hay presupuesto para eso y para más.
Por eso es que es casi un hecho que –a menos que el Gobierno de Campeche siga en manos de Morena– Marcela Muñoz algún día tendrá que responder ante la justicia. Y así como Layda Sansores exhibe a sus adversarios políticos haciéndoles imputaciones de corrupción, aunque después los dejen ir libres, así será algún día exhibida la comandanta guanajuatense, con la salvedad de que será difícil que a ella la dejen escapar con el simple pago de una fianza.
Pero para que eso suceda, para que la justicia caiga algún día contra la titular de la SPSC, debe haber una revolución de las consciencias en las elecciones venideras. Incluso tal vez valga la pena votar por una opción distinta a la oficial, tan solo para darnos el gusto de ver que alguien le haga pagar sus culpas. Así sea.