CON SANSORES HAY 11 VECES MÁS DESPOJOS
Por: La Razón | Alan Gallegos
En su primer trienio al frente de Campeche, la morenista registra más investigaciones que en periodo de Carlos Aysa; en su Tercer Informe de Gobierno desairó este delito, a pesar del alza, casos pasan de 62 a 732 casos
Los casos de despojo aumentaron mil 80 por ciento durante los primeros tres años de Gobierno de Layda Sansores en Campeche, en comparación con los tres años anteriores a su llegada a la administración, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los datos muestran que, entre 2019 y 2021, periodo en el que Carlos Miguel Aysa González fungió como mandatario estatal en sustitución de Alejandro Moreno Cárdenas, la fiscalía local registró un total de 62 casos de despojo. El año en el cual abrió más investigaciones fue 2021 con 49.
El Dato:
En febrero, el diario Por Esto! informó que vecinos de Ampliación Ignacio Zaragoza denunciaron al ayuntamiento de Campeche por el despojo de un predio.
En septiembre de 2021, la morenista Layda Sansores San Román tomó posesión como gobernadora. En 2022, su primer año al frente de la entidad, las autoridades locales reportaron 347 indagatorias por este delito y si bien en los siguientes dos años las cifras disminuyeron a 319 y 66 hechos, en sus tres años de mandato se han registrado 732 casos de despojo.
El artículo 211 del Código Penal Estatal de Campeche establece una sanción de entre seis meses a cuatro años de prisión a quien cometa del delito de despojo; es decir, a quien ocupe un inmueble ajeno o bien desvíe las aguas ajenas o haga uso de ellas o “de un derecho real que no le pertenezca”.
Además, el artículo 214 BIS indica que la pena de cárcel aumentará a entre siete y 12 años para los autores intelectuales del despojo si éste es cometido por grupos de tres o más personas.
A pesar de que el despojo es uno de los delitos que más ha crecido en el estado, durante su Tercer Informe de Gobierno, Sansores San Román no reconoció la problemática, pues mencionó que los delitos más recurrentes fueron los robos a casa habitación, a comercio y a transeúnte.
Además, de acuerdo con la mandataria local, las autoridades remitieron a dos mil 612 personas a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Robo y canalizaron a 22 mil 544 a la Unidad de Atención Temprana para turnarlas a la fiscalía correspondiente para su posterior investigación.
En noviembre de 2022, La Jornada Campeche documentó que los 385 ejidos en el estado sufrieron, hasta ese momento, el despojo al menos de 300 mil hectáreas en los últimos 30 años. Lo anterior, mediante contratos simulados o argucias legaloides por parte de empresarios.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Israel Trujillo Márquez, dijo a La Razón que este delito no es nuevo, pero ha tenido un auge en los últimos años y, sobre todo, por la creación de organizaciones que se dedican a llevar a cabo este tipo de actividades.
El especialista mencionó que no es factible crear nuevas leyes para enfrentar este crimen, pues lo que se debe hacer es aplicar la normativa vigente.
Otro planteamiento del académico es que tiene que mejorar el sistema de procuración de justicia, pues en muchos casos se presentan denuncias, pero el Ministerio Público solamente abre una carpeta de investigación y no realiza ningún acto de investigación.
12 años de prisión es la pena a quien organice un despojo en grupo
Trujillo Márquez aclaró que el Ministerio Público es el encargado de investigar y perseguir estos delitos y decretar las medidas de protección a todas las personas que se vieron despojadas.
“Los Ministerios Públicos son encargados de perseguir estos delitos, pero por muchas circunstancias se han visto rebasados, porque no se dan abasto con las carpetas de investigación, no solamente de este delito, sino de todos los delitos que se cometen en todo el país.
“Lo que se hace es aumentar el número de Ministerios Públicos, mejorar los servicios periciales, aumentar el personal de la Policía de Investigación, pero la realidad es que estamos rebasados en el área de procuración de justicia”, explicó.
En ese sentido, el abogado dijo que antes de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial se tenía que hacer una reforma a la procuración de justicia en materia penal y a las policías, porque el sistema acusatorio mexicano se decanta por una buena investigación.
“Los asuntos para que lleguen a buen puerto deben realizarse por personal capacitado y con recursos necesarios tanto materiales y humanos para lograr una buena investigación para establecer que realmente en un hecho delictivo existe la probable participación de una persona y que se le pueda llevar a un juez y no haya duda razonable.
“Respecto de que se cometió el delito, lamentablemente por las carencias de recursos muchas veces se judicializan los asuntos sin tener los elementos necesarios para que se pueda tener una sentencia”, dijo.
