EXPEDIENTE | LAYDA, CANDIL DE LA CALLE…

La gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, no sólo se ha convertido en el hazmerreír de todo el país, sino que demostró una vez más que su desequilibrio mental va de mal en peor, al asumir la “defensa” de Monserrat Arcos Vázquez, la expresidenta del Organismo de Mujeres del PRI, que denunció a Alito Moreno Cárdenas por violencia política de género y el desvío de 32 millones de pesos.

Candil de la calle y oscuridad de su casa, la violentadora de género Sansores San Román se auto erige ahora como la defensora de las mujeres… ¡priístas! a quienes no les impartieron cursos de capacitación con los 32 millones de pesos presuntamente desviados.

Ridícula, como siempre, nadie se traga este cuento. En realidad sólo busca la manera de meterse en la campaña electoral para dañar la imagen de la candidata de la coalición, Xóchitl Gálvez, con la excusa de su falsa persecución contra Moreno Cárdenas, a quien acusó de todo pero no le hizo nada. ¿Será porque son ciertos los acuerdos del Primoran?

Su partidoha demostrado que no tiene ni valores, ni principios, ni ética, ni moral. Que no sabe competir limpio, que se dedica a sobornar, cooptar y chantajear a sus adversarios para que se pongan la camiseta guinda, como si con eso lograran convencer a los ciudadanos que son la mejor opción política del país, cuando los resultados de su desastrosa Administración muestran todos los días que haber votado por Morena ha sido el peor error que cometieron muchos campechanos.

Y qué sinvergüenza de gobernadora tenemos en Campeche, que dice “defender” a mujeres priístas pero traiciona a las Mujeres Valientes campechanas, a las que de manera inhumana e insensible despojó del sueldo que honradamente ganaron prestando el servicio de proteger a la ciudadanía.

Qué grande es el cinismo de Layda Sansores, que en su programa “Martes del Jaguar” pregona que defiende a las mujeres y a espaldas del pueblo, en las tenebrosas oficinas de la guanajuatense Muñoz Martínez, planificó el golpe letal para las familias de las Mujeres Valientes campechanas, pues más de 100 niños dependen del sueldo que honradamente ganan sus madres, y Sansores y su querida Marcela ordenaron no pagarles.

Pesó más en Marcela Muñoz y en Layda Sansores el odio y rencor que le tienen a esas verdaderas “mujeres valientes” que las pusieron en su lugar, y quienes siguen y seguirán combatiendo dignamente la corrupción de sus mandos policiacos, atendiendo los servicios de seguridad que requiere la ciudadanía.

Qué gigantesco monumento a la hipocresía nos acaba de regalar la gobernadora Sansores, al asumirse como defensora de mujeres priístas, pero que por la espalda atenta contra la estabilidad económica de 50 familias campechanas a cargo de igual número de “Mujeres Valientes”.

Y lo peor es que tanto Layda Elena como su querida Marcela tomaron la decisión a sabiendas que hay un amparo que protege a esas mujeres y al resto de sus compañeros policías de no sufrir agresiones de ese tipo, y de no padecer afectaciones en sus percepciones salariales, con lo que ambas incurrieron de nuevo en desacato.

La semana antepasada ordenaron el despido de siete elementos policiacos, desacatando en primera instancia el amparo, y ahora reiteraron su conducta delictiva al retener el sueldo de 50 Mujeres Valientes campechanas.

¿Qué argumentarán ahora el delicadito consejero jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez y el hampón secretario de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit?

Salieron presurosos a tratar de quitarle la responsabilidad a Marcela y a Layda Elena del despido de siete elementos policiacos que se encuentran protegidos por la justicia federal, pero ¿qué argumentarán ahora por la represión salarial contra 50 mujeres madres de familia?

Son Layda Elena y su querida Marcela tan miserables, que jinetean el sueldo de esas 50 mujeres y siete elementos despedidos. Porque hay que recordar que el secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, aclaró que no se le ha notificado la baja definitiva de los siete elementos, y que es inadecuado que no entregaran los cheques a las 50 Mujeres Valientes, ya que él aprobó la nómina de todos los policías.

Tanto Layda Elena como su querida Marcela incurren en faltas administrativas graves, además del evidente desacato judicial, por lo que, de acuerdo con el resolutivo del juez de Distrito, “se impondrá penas de tres a seis años de cárcel, multas de 50 a 500 días, así como la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar cargos públicos al servidor público que viole dicho amparo”.

Que se proceda de una vez. Hay elementos jurídicos suficientes para que Campeche se libre de ese par de nefastas personas.