EXPEDIENTE | UNÁNIME REPUDIO AL CINISMO GUBERNAMENTAL

Con justa razón, cientos de campechanos cuestionaron severamente la actitud hipócrita, cínica, falsa y mentirosa de la gobernadora Layda Sansores San Román y de su consejero jurídico, el poblano Juan Pedro Alcudia, para tratar de justificar el acoso, persecución y hostigamiento contra la libertad de expresión en Campeche, y la institucionalización de la censura previa.

Faltos de argumentos, endebles para el debate, famélicos de cultura judicial, la gobernanta y su abogado oficial, a quien pretende proyectar como presidente del Tribunal Superior de Justicia para así terminar de cerrar el círculo que controla totalmente a los tres poderes del Estado, tanto Sansores como Juan Pedrito repitieron lo mismo una y otra vez: que no hay censura, que no se ataca a la libertad de expresión, que no se persigue a los periodistas, etcétera.

Y el colmo del cinismo fue ver y escuchar el pasado martes en el cada vez más desprestigiado, menguado y despreciado programa de los martes, a dos misóginos probados, con sentencias judiciales en contra, acusar a un ciudadano que ejerce el periodismo, de incurrir en actos de misoginia, los cuales vale la pena insistir, no le han sido probados. Esos calificativos solo están en la mentecita de Sansores y su asesor.

En contraparte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó inscribir desde mayo de 2023 a la señora Sansores en el registro de agresores por violencia de género y ofrecer disculpas públicas a las legisladoras federales del PRI, a quienes ofendió. Hasta ahora, este segundo resolutivo se mantiene en desacato.

Por su parte, el Instituto Electoral del Estado de Campeche, el pasado 11 de septiembre declaró procedente el dictado de medidas de protección a favor de la diputada Delma Rabelo Cuevas, “consistente en la prohibición al C. Juan Pedro Alcudia Vázquez, Consejero Jurídico de la Administración Pública del Estado de Campeche, de realizar conductas de intimidación o molestia, específicamente aquellas donde se vulnere el derecho a la privacidad y protección de datos personales de Rabelo Cuevas, o de personas relacionadas con ella; lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar”.

Es decir, dos personajes públicos, probadamente misóginos, insisten en acusar a sus adversarios de cometer delitos en los cuales ellos mismos han incurrido, lo que los despoja de cualquier autoridad moral para hablar del tema.

Pero no se le puede pedir peras al olmo, ni la moral se carga en morrales, por eso es que tanto Sansores como Alcudia insisten en su cantaleta de que no se ha cometido ningún exceso. Argumentan que ya se habían dictado siete medidas cautelares contra el periodista acusado y acosado, pero se les olvida agregar que esas decisiones fueron ordenadas por ellos mismos, y acatadas servilmente por las jueces y magistrados que se encuentran totalmente a su servicio.

Vale la pena reiterar que estamos ante un evidente caso de cinismo, de hipocresía y de vanos intentos por falsear la realidad. Por eso es que el pueblo reaccionó airadamente contra la gobernadora, y en los comentarios de las paginitas a su servicio, donde se difundió su postura sobre el tema, la acusaron de mentir y de querer victimizarse, cuando que es ella la victimaria. ¿Acusará ahora a esas paginitas de incitación al odio y la violencia?

Lo cierto es que el pueblo ya abrió los ojos. Y si algo hay que agradecer a Layda Sansores, al igual que a los destacados luchadores campechanos de la oposición como don Pedro Ehuán Xool, don Manuel Chablé Gutiérrez, la maestra Rosa María Martínez Denegri, el profesor Guillermo del Río Ortegón y varios líderes opositores más, es que lograron cambiar la mentalidad del pueblo y ahora nadie lo engaña ni lo deja callado.

Por eso se incrementan las reacciones airadas cada vez que la gobernadora Sansores y sus colaboradores incurren en excesos, abusos o mentiras. Al pueblo no se le engaña, ya abrió los ojos y dice libremente lo que piensa.

Que paradójico que la gobernadora Sansores esté cosechando, ahora que es gobernante, esa madurez y valentía de la mentalidad ciudadana que sembró cuando fue opositora. Que no culpe a nadie más de su propio destino, el karma no perdona y sus llamados permanentes a la rebelión de la gente ahora se le revierten como un bumerang por su falta de resultados.

Por eso molesta tanto a la gobernadora como a todos sus asesores, que la lucha emprendida por TRIBUNA y Jorge González a favor de la libertad de expresión haya tenido tanto respaldo social. Destacados periodistas, prestigiadas instituciones nacionales e internacionales y diversidad de organismos de la sociedad civil han repudiado las acciones de la gobernadora y se han solidarizado abiertamente con el periodista y el medio, lo cual les irrita.

Negarle a un ciudadano su derecho a la defensa y su libertad de denunciar en foros —los que sean necesarios—, los abusos que sufre de este Gobierno, es cobardía. Es gandallez. Quisieran que González Valdez se quedara callado y que periodistas como López Dóriga, Ciro Gómez, Carlos Loret. Susana Uresti y tantos más, así como organismos internacionales como Reporteros sin Fronteras, El País y Artículo 19 no le den voz ni se solidaricen con él.

Ninguna de las infamias y calumnias que han lanzado Layda y Pedrito ha permeado en la sociedad por la sencilla razón de que no les creen. Todo el pueblo de Campeche y de México reconoce y repudia que sí hay censura, que sí hay ataques a la libertad de expresión. Lo expresan públicamente, no lo ocultan ni tampoco maquillan.

Por eso Sansores y su servidumbre a sueldo recurren al insulto, la ofensa, el agravio y la difamación. Cobardes, malos y llorones es lo que son. ¿Qué nueva aberración legal se le ocurrirá ahora a Pedrito?