EXPEDIENTE | TERROR EN PALACIO: LAYDA PIERDE EL CONTROL

Por cualquier ángulo que se vea, el saldo de la división del grupo parlamentario de Morena, y el rompimiento de diez diputados locales guindas con la gobernadora, es totalmente desfavorable para la señora Sansores.

No solo porque ha sido exhibida una vez más a nivel nacional como conflictiva, atrabiliaria, autoritaria y represora, sino porque en esta ocasión sus desplantes de soberbia y sus berrinches le podrían costar muy caro.

De entrada, la pérdida del control en el Poder Legislativo ya le debe estar ocasionando pesadillas. Le aterra comprobar que en esta ocasión no pudo utilizar la fuerza del Estado, es decir, a la Fiscalía General y a la especializada en combate a la corrupción, ni mucho menos a su secretaria de Seguridad, para anular e incluso aniquilar al diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez.

Nadie puede afirmar que la gobernadora no intentó detener al también presidente de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso. El operativo se armó el domingo pasado para al menos darle un susto y obligarlo a ceder el cargo a uno de los diputados “leales” a la mandataria. Se manejaron los nombres de Verónica Roca Méndez, Jorge Pérez Falconi y del “Chapito” Carlos Ucán Yam como posibles sustitutos.

Pero Jiménez Gutiérrez no cedió a las presiones. Al contrario, le supo dar la vuelta a la designación del diputado mocista Paul Alfredo Arce Ontiveros como presidente de la mesa directiva del actual periodo ordinario de sesiones, pese a que él, Toñito, tenía su propia planilla.

Vale decir que los esbirros de la gobernadora Sansores festejaron como un triunfo la derrota de la planilla propuesta por Jiménez, y en su euforia desbordada olvidaron que los ganadores de ese raund no eran ellos ni Toñito el perdedor, sino que Movimiento Ciudadano y el propio Paul Arce salieron avantes.

Eso no impidió, sin embargo, que los sicarios de la información al servicio de la gobernadora se despacharan duro contra Jiménez. Lo acusaron de haber perdido el control del Congreso, y tras repetirle hasta el cansancio la etiqueta de traidor, adelantaron que su destitución era inminente, y que incluso había carpetas de investigación en su contra.

Y sí, es posible que Jiménez esté siendo investigado de manera exhaustiva por los auditores al servicio de Loreto Verdejo, pues el manejo administrativo en el Congreso no ha sido pulcro, sino al contrario. Habría elementos suficientes para procesarlo. Está consciente de eso, y por ello se encargó personalmente de operar la restauración del fuero constitucional.

Su discurso del domingo fue el factor que confirmó la ruptura con la gobernadora. Se dijo perseguido y presionado para hacer cosas que no son correctas, pero ofreció que no cederá a esas presiones. “la coherencia no es un camino cómodo y sostener principios implica asumir costos, especialmente cuando el escenario político empuja hacia lo fácil y no hacia lo correcto” expresó.

El desenlace de esta historia está aún lejos de conocerse. Lo que importa ahora son los escenarios que pudieran construirse en caso de que la gobernadora Sansores no atienda el consejo de la presidenta Sheinbaum de serenidad y paciencia, y de que haya “amor y paz para todos y todas”, es decir, si se aferra a su objetivo de cesar a Jiménez y de poner en su lugar a uno o una de sus incondicionales.

Si Jiménez se mantiene firme en su postura le podría meter un gran susto a la gobernadora. Porque ya se ha visto que ella no quiere contrapesos sino sumisión. No quiere debatir ni dialogar, sino imponer, y tampoco quiere transparencia sino absoluta opacidad.

Por eso le da terror perder el control del Congreso, y propiciar con sus rabietas, que los diputados “rebeldes” morenistas, junto con los de Moci, y el PRI se integren en un bloque opositor a sus caprichos y arbitrariedades, y que le pongan freno a sus abusos.

Tener un Poder Legislativo independiente y autónomo es posible en estos momentos, pero lo que resulta sano y esperanzador para el ciudadano, se convierte en pánico y terror para la gobernadora Sansores, pues desde el Congreso del Estado se pueden vetar sus iniciativas o propuestas aberrantes, como designar magistrado judicial al cuñado de su sobrino Rodolfo Sánchez Sansores.

No solo eso, desde la Auditoría Superior del Estado se podrá revisar a profundidad ese gasto de 140 mil millones de pesos que ha ejercido la gobernadora desde hace cuatro años y medio, y de cuyos resultados no vemos nada. Fiscalizar a Marcela Muñoz y la propia oficina de la Gobernadora, donde se han manejado varios cientos de millones de pesos, es algo que no dejaría dormir a la mandataria.

Por eso es que Layda Sansores se encuentra acorralada. Tiene que negociar en condiciones desventajosas para ella y sus intereses, o bien tendrá que aumentar a niveles exorbitantes el monto que ofrecerá a los diputados leales a José Antonio Jiménez, para que den el volteón, y se pueda elegir a un nuevo líder parlamentario.

No es cosa fácil, y por eso es que se habla de una crisis política muy grave en Campeche. No hay control político, ni hay capacidad en el Gobierno de Todos los Sansores para hacer frente a estos problemas y resolverlos sin recurrir al abuso de poder.

En conclusión: esta partida la lleva ganada el diputado Jiménez y sus aliados. No solo tienen en jaque a la gobernadora, sino que la han exhibido una vez más en el país, como una política torpe y autoritaria.