EXPEDIENTE | SIMILITUDES ENTRE VENEZUELA Y CAMPECHE

Conforme vayan pasando los días y avance el proceso judicial que se sigue contra el exdictador Nicolás Maduro, los mexicanos nos iremos dando cuenta de todas las conexiones y actividades extralegales que ha habido entre los gobiernos de Venezuela y los más conspicuos representantes de la 4T en México.

Porque no es casual que todos, absolutamente todos los representantes del Gobierno mexicano repudiaran esa acción, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, quien salió de su escondite para “condenar” el “atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, pero, en contraparte, hayan callado ante los abusos que se venían cometiendo contra el pueblo venezolano.

Lo primero que muchos mexicanos pensamos tras la noticia del quirúrgico operativo militar estadunidense en el Palacio de Miraflores de Caracas, es ese proverbial refrán que dice: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar…”.

Y es que pocos mexicanos podemos justificar la celeridad y la pasión que pusieron los gobernantes de la 4T para defender a un Gobierno dictatorial, y a un dictador que violentaba de manera cotidiana los derechos del pueblo venezolano.

Habrá que recordar que tan solo en 2022, el régimen de Maduro clausuró casi 100 emisoras de radio a través de apertura de procesos administrativos sin fundamento por medio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), así como más de 50 medios digitales.

Y esta práctica ya se viene cometiendo en nuestro país, principalmente en Campeche, en donde se abren procesos penales contra periodistas por excusas tan difusas como “incitación al odio y la violencia”, cuando lo único que se hace es ejercer el derecho a la crítica pública. El colmo de este ánimo represivo, es que en Veracruz se haya invocado al terrorismo, para encarcelar a un reportero de nota roja.

Cifras oficiales proporcionadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, citan que entre 2013 y 2023, más de 15 mil 700 personas han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela por razones políticas, y sometidas a procedimientos judiciales vulnerando su derecho a un debido proceso, además que actualmente existen 269 presos políticos.

Durante esta década, 10 presos políticos han muerto bajo custodia del régimen, algunos por ser sometidos a condiciones de reclusión inhumanas. Otros han sido torturados hasta la muerte, como el exconcejal Fernando Albán, que fue lanzado al vacío desde el décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

En contra de Nicolás Maduro hay numerosas denuncias por torturas, asesinatos, desaparición de personas, violaciones, narcotráfico y de acuerdo con expertos del derecho, el exdictador cumple todas las condiciones para que esté acusado de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

La pregunta que todos los mexicanos nos hacemos es si el Gobierno de la señora Sheinbaum —el cual respaldó incondicionalmente la gobernadora de Campeche Layda Sansores— condenó la intervención estadunidense, o simplemente salió en la defensa de un dictador que le ha dado el ejemplo de cómo mantener a un pueblo sometido, y de robarse las elecciones sin respetar la voluntad popular. ¿A esa soberanía se refiere?

En esos mismos días de la detención del dictador venezolano, circularon en Campeche fotografías donde se aprecia a la gobernadora Layda Sansores departiendo con Maduro. Quizá para aprender sus estrategias, a lo mejor para copiar sus modelos de represión o para enriquecer sus pretextos para encarcelar a periodistas y cerrar medios de comunicación incomodos.

Lo cierto es que en materia de autoritarismo, hay muchas similitudes entre Venezuela y Campeche; aquí, la gobernadora ha propiciado el cierre de medios de información y persigue judicialmente a los editores de las páginas digitales que tienen criterio independiente y puntos de vista críticos.

La persecución contra el periodista Jorge Luis González Valdez confirma el ánimo represor de la gobernadora Sansores, y su obsesión por encarcelar a los líderes de la oposición no tiene más objetivo que despejar el camino para que los candidatos de Morena ganen las elecciones sin mucho esfuerzo.

Es larga la lista de líderes opositores perseguidos por el Gobierno de Layda Sansores. La encabezan ciertamente Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, y Eliseo Fernández Montufar, de Movimiento Ciudadano. Pero también hay otros personajes como José Luis Flores Pacheco, Ricardo Medina Farfán, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Daniel Barreda Pavón, Bibi Rabelo de la Torre, Christian Castro Bello y otros más que pudieran aparecer en las boletas electorales y pueden representar un riesgo para el triunfo de Morena.

En Campeche no existe división de poderes, solo se impone la voluntad autoritaria y dictatorial de Sansores San Román. La seguridad está en manos de una persona que solo da resultados a los delincuentes y que ha permitido el libre tránsito de enervantes, armas y migrantes que, casualmente, son detectados en otras entidades.

Hay mucha semejanza entre Venezuela y Campeche. Ojalá que el Gobierno de la señora Sheinbaum también pueda realizar una operación quirúrgica para extirpar el llamado Clan Sansores, que ha sumido a Campeche en el abandono, la pobreza, el rezago y la corrupción.