EXPEDIENTE | SELECTIVO EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Con más escándalo mediático que resultados reales, la estrategia de combate a la corrupción que ha implementado la nefasta gobernadora, Layda Elena Sansores San Román, ha estado más salpicada de deseos de venganza, que de verdadera impartición de justicia. Sólo persigue a sus enemigos, adversarios políticos o a quienes no piensan como ella, pero otorga inmunidad a los que considera parte de su corte de aduladores.
La impunidad más evidente que presume en su Gobierno la encarna Jorge Luis “Pashita” Lavalle Maury, un corruptazo de primer nivel, a quien incluso el expresidente López Obrador presentó como un ejemplo de lo que no deben hacer los de su partido, sin saber que apenas unas semanas después de que feneciera su poder, su lambiscona amiga, Layda Sansores, iba a encumbrarlo en un puesto de primer nivel. Incongruencias, pensaría cualquiera que no la conozca. Lo mismo de siempre, comentan quienes la han tratado durante varios años.
Del lado opuesto es larga la lista de los adversarios políticos a quienes Sansores San Román ha perseguido obsesivamente. No sólo eso, ha corrompido totalmente a los órganos de impartición de justicia, a las dependencias encargadas del combate a la corrupción, a las que se deben concentrar en la fiscalización objetiva, y hasta quienes tienen otras funciones dentro de la administración pública. No hay espacio en el Gobierno que no esté putrefacto, merced a la nefasta influencia de Layda Elena.
La perversa Sansores San Román presumió como un gran logro la detención del exsecretario de Desarrollo Económico, José Domingo “N” y del exdirector del Fideicomiso del Dos por Ciento sobre Nómina, Pablo “N”, responsabilizándolos de haber desviado 25 millones de pesos de ese fondo para construir una plaza comercial privada, pero hasta hoy no ha mostrado ninguna prueba que corrobore su acusación.
Más tardó en presumir la corrupta Layda Elena la detención de ambos personajes, que uno de ellos en recuperar la libertad. Pablo “N” salió libre porque al parecer las acusaciones en su contra carecieron de sustento real o estaban basadas en suposiciones o en pistas falsas. Para cubrir este abuso de autoridad, los personeros de la nefasta mandataria difundieron la versión de que había pagado un millón de pesos de fianza, algo que, nos aseguran, no es cierto.
Es lamentable que la suerte de José Domingo “N” no sea tan buena como la de su excolaborador, pues también hay argumentos muy sólidos para derrumbar lo que presume Layda Sansores como hechos de corrupción. Basta con recordar que el Fideicomiso del Dos por Ciento Sobre Nóminas fue constituido precisamente para financiar proyectos del sector privado.
No obstante, Layda Elena acusa que es “corrupción” el que hayan utilizado el dinero para construir una plaza comercial, pero sus argumentaciones carecen de solidez. Sus dichos de que ese dinero se debió usar para construirle una plaza a los artesanos no tienen lógica, puesto que el dinero del fideicomiso en cuestión se utiliza para los agremiados del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Le pasaron mal los datos o sólo habla por mala leche?
Además, recuérdese que la aprobación de los recursos para los proyectos que plantea el Consejo Coordinador Empresarial son analizados por un comité institucional, en que participan tanto representantes de la iniciativa privada como de diversas dependencias del Gobierno. ¿No lo sabe la mandataria?
Además del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico —que fue detenido—, tiene un peso enorme quien encabeza la Secretaría de Finanzas. ¿Y quién era la secretaria de Finanzas cuando aprobaron los recursos para el proyecto en cuestión? ¡Claro! América Azar Pérez, sobrina política de la gobernadora, porque está casada con su sobrino consentido Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores.
Y ella, América Azar, fue precisamente la que firmó los cheques o autorizó las transferencias bancarias para el proyecto en cuestión. Lo injusto es que mientras José Domingo “N” continúa detenido, la exsecretaria de Finanzas disfruta del Carnaval en mesa de honor, sin siquiera ser citada para aclarar por qué transfirió esos recursos a la Sedeco.
Esa punta del iceberg de corrupción que acusa Layda Sansores cuenta con la protección y la impunidad de su Gobierno, por lo que también es corrupto.
Hay versiones que afirman que la tesorera de Alito se llevó una millonada durante su desempeño, que las observaciones en su contra rebasaban los mil 500 millones de pesos y que en todos los hechos de corrupción en que se acusa a Moreno Cárdenas, ella jugó un papel fundamental, porque era quien manejaba todo el dinero. De su milagrosa prosperidad económica no hay que hablar mucho, sólo basta constatarlo en los hechos.
Luego entonces, es evidente su involucramiento, y es también muy claro que si no se le ha sancionado es porque tiene la protección de su tía, no sólo la protección del Seso Loco. Recordemos que éste confesó, según los audios publicados por la revista Proceso y retomados después por el diario El Economista, que gran parte de ese dinero desviado se iba al “cochinito” de la campaña de la hoy gobernadora.
O sea, la red de corrupción es tan grande, que involucra a gente que hoy detenta el poder. Pero como el hilo revienta por lo más delgado, sólo se detuvo a José Domingo N, quien junto con Griselda Puc Valverde integran la lista de presos políticos del sexenio sansorista. ¿Cuántos más serán arrestados para distraer la atención del brutal saqueo que llevan a cabo la gobernadora y su familia?
