EXPEDIENTE | PROSTITUYE SANSORES EL PODER JUDICIAL

El pasado 28 de septiembre en horas de la noche, entre la penumbra, y como parte de esos tradicionales “sabadazos” que tanto criticó el expresidente López Obrador, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche aprobó su “gran reforma al Poder Judicial”, mediante el cual decretó que la designación de los magistrados y jueces ya no sería por la voluntad expresa de la gobernadora Layda Sansores, sino por el voto directo de los ciudadanos.

No hubo consulta previa para con las agrupaciones de profesionistas en derecho, colegios y barras de abogados, asociaciones civiles, ni expertos en la materia. Para “estar a tono” con la obsesión de López Obrador de controlar al Poder Judicial, la gobernadora Sansores y sus diputados lacayos aprobaron al vapor una reforma que presenta inconsistencias, incongruencias e imprecisiones que, para sorpresa de muchos, no ha sido combatida en otras instancias, por los “diputados opositores”.

A grosso modo,  el decreto en cuestión promulga que “los magistrados del TSJE, así como los del Tribunal de Disciplina Judicial, más los jueces de primera instancia serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Las elecciones serán arbitradas por el Instituto Electoral del Estado (IEEC); en vez de 15 años que podían estar en sus puestos, ahora durarán sólo nueve, pero podrán aspirar a ser reelectos por una ocasión más, y en caso de ganar la votación popular, permanecer 18.

El TSJE se deberá integrar por 16 magistrados, dos más que los existentes actualmente, para “guardar un justo equilibrio en las cargas de trabajo, así como, se sustituyen las referencias a Juzgados de Conciliación por la de Agencias de Paz”.

La reforma constitucional al artículo 78 establece que magistrados y jueces de primera instancia “durarán en el ejercicio de su encargo nueve años, podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determine el Capítulo XVII de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

Asimismo, el árbitro será el Instituto Electoral del Estado (IEEC), que vigilará se cumplan las reglas de igualdad de competencia entre las seis candidaturas distribuidas así: dos propuestas por el Ejecutivo, dos por el Legislativo y dos por el Judicial. Antes, el artículo 94 constitucional exigía para ser juez conciliador o secretario, propietarios o suplentes, “ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y con residencia no menor de dos años en el lugar”, pero ahora bastará con sólo “ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos”.

Se derogó el artículo 71 constitucional, según el cual, era función del gobernante en turno “designar a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y someter estos nombramientos a la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente (…). Pedir la destitución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86, ante el Congreso del Estado, de cualquiera de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los jueces de primera instancia”.

No podrán aspirar a ser jueces o magistrados quienes hayan sido titulares de alguna Secretaría en la Administración Pública o su equivalente, fiscal o diputado local durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso del Estado.

No se ha hablado más del tema en Campeche, pues sigue en litigio la reforma judicial federal, y aún no se ha definido del todo si habrá elección el 1 de junio, pero los campechanos ya tenemos nuestra propia reforma judicial, y estamos en espera de que se fije la fecha para que vayan a las urnas quienes crean en esas artimañas para controlar al Poder Judicial.

No es ese el único intento de la perversa mandataria para controlar a jueces y magistrados. Apenas hace una semana, la Consejería Jurídica de la Gobernadora, difundió un boletín en el que señalan: “El día de hoy el Mtro. Juan Pedro Alcudia Vázquez, en compañía de nuestro Director General Contencioso, Lic. Emmanuel Mouret Venegas, sostuvieron una productiva reunión en “Casa de Justicia” con el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, Lic. Manuel Enrique Minet Marrero, a efecto de tener retroalimentación, coordinarnos y construir los andamiajes normativos que se requieren en el Estado para una correcta impartición de justicia que beneficie a los campechanos y que cumpla con los parámetros constitucionales aprobados por el Congreso de la Unión”.

En castellano simple eso sólo significa que el consejero jurídico de la gobernadora, el delicadito Juan Pedro Alcudia Vázquez, fue a dictar instrucciones de sobre qué prioridades atender, y en qué sentido deben salir las sentencias, sobre todo las relacionadas con los adversarios del régimen Eso de “retroalimentación, coordinarnos y construir los andamiajes normativos”, no es más que insubstancial verborrea.

No es alarmismo ni amarillismo, pero en Campeche hemos perdido la poca independencia que tenía el Poder Judicial. Y quienes estén en la “lista negra” de la perversa, corrupta y vengativa Layda Sansores, ya saben el destino que les espera si hay procesos judiciales en su contra. Sobre todo aquellos de índole penal. Ahí queda la advertencia.