EXPEDIENTE | PREPOTENCIA LAYDISTA Y TREN LIGERO
El pasado martes 16 de julio por la tarde, el teléfono de la Unidad de Comunicación del Gobierno de la corrupta y prepotente Layda Sansores San Román, a cargo del inepto, corruptísimo y alopécico Walther (con hache) Patrón Bacab, estuvo muy activo. Llamó a todos y cada uno de los chayoteros a los que entrega una ridícula dádiva mensual por lanzar loas, aplausos y porras a la senil mandataria.
Cada uno de esos porristas baratos que sirven de “sicarios sanguinarios” contra los enemigos del Gobierno de Todos los Sansores, recibió la misma instrucción: presentarse en horas de la tarde en el malecón, donde una actuaria de un Tribunal Administrativo levantaría los sellos de clausura que el Ayuntamiento de Campeche impuso a las obras del Tren Ligero.
De paso, les dio la orden de reiniciar la campaña de difamación contra el Ayuntamiento de Campeche, acusarlo de revanchista, caprichoso y vengativo, que está en contra del progreso y desarrollo de Campeche y de los campechanos.
Los asequibles matraqueros a sueldo del Gobierno laydista cumplieron con las instrucciones. Reiniciaron los ataques contra la alcaldesa con licencia Biby Rabelo de la Torre y aplaudieron a rabiar el acto heroico del delicadito titular de la Consejería Jurídica de la gobernadora, el chilanguito Juan Pedro Alcudia Vásquez, quien con sus vastos conocimientos jurídicos y sus amplias relaciones con jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, logró revertir las suspensiones administrativas ordenadas por la Comuna de Campeche, para que no se ejecutaran las obras del Tren Ligero si no se contaba con los permisos correspondientes.
Por la noche, en su cada vez más decaído, insustancial y ridículo programa de los martes, la nefasta Layda Sansores “celebró” que se hayan retirado los sellos para que continúen las obras en el Tren Ligero, y reiteró su condena porque, según ella, el Ayuntamiento pretende bloquear esa trascendental obra.
El neutro Alcudia Vásquez, consejero jurídico estatal, explicó que ante la suspensión por parte de la Comuna para los trabajos del Tren Ligero, se presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. El pasado martes se otorgó la suspensión, lo que permite que continúe el procedimiento del Municipio, pero también para que una actuaria del Tribunal acudiera a retirar los sellos, lo que permitirá continuar con las obras.
A esto se suma que el Congreso aprobó que la obra no requiere de licencia de construcción ya que es considerada de interés estatal de gran impacto, pero ni la senecta mandataria, ni el delicadito consejero jurídico, ni los serviles, arrastrados y lambiscones diputaditos, han explicado ¿en qué beneficiará exactamente el Tren Ligero?
Lo único que los campechanos han visto son afectaciones. Rompieron la tubería de agua potable y dejaron si servicio a más de la mitad de la población de la ciudad, bloquearon los canales naturales de desagüe, propiciaron inundaciones en varias colonias, y están destrozando uno de los atractivos más importantes de la capital, que es su malecón, que con sus paraderos en esa zona causarán terribles congestionamientos viales en el futuro.
Pero ¿qué nos ha traído hasta el momento el Tren Maya? Nos lo vendieron como el gran detonante de la llegada de turistas a Campeche. Que alguien nos diga, ¿en dónde están esos turistas? ¿O no se han dado cuenta que en realidad sólo tenemos un paradero por donde pasa un ferrocarril en el que todos los viajeros están de paso? A decir de hoteleros y restauranteros, no ha mejorado la afluencia desde que se puso en servicio tal tren. ¿A quién engañan?
Y si no han llegado los turistas en las cantidades masivas que pronosticaron, entonces ¿para qué servirá el Tren Ligero? ¿Irá a buscar fantasmas a la estación-paradero que está por el periférico y los traerá al centro de la ciudad? ¿Esos turistas-fantasmas serán trasladados al hotel de Edzná —otro elefante blanco— en donde se hospedarán?
La realidad de las cosas es que el Tren Ligero no es una “obra pública de interés estatal de gran impacto”, pues la inversión de cuatro mil 600 millones de pesos no se quedará en Campeche, sino que se transferirá a las cuentas de José Miguel Bejos, el constructor favorito del sexenio obradorista, cuya empresa Mota-Engil México es la que ha dejado sin agua a la capital y ha propiciado inundaciones en colonias populares que antes sorteaban tormentas y huracanes sin problemas.
Así que en los hechos no hay nada que festejar. O sí. La inepta mandataria ganó un round legal en sus absurdas disputas cotidianas contra la Comuna de Campeche, que se victimiza por el acoso gubernamental y sigue sin hacer nada. Los verdaderos perdedores somos, como siempre, los ciudadanos.
