EXPEDIENTE | LOS DIPUTADOS TRAIDORES
Fueron 26 los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) e “independientes”, los que el pasado martes 25 de junio le negaron a los campechanos el derecho a contar con una Ley de Revocación de Mandato de aplicación inmediata.
Decidieron que en lugar de que ese derecho entre en vigor el próximo 15 de septiembre, tenga vigencia a partir del 15 de septiembre de 2030. Y entonces, sustenta las preguntas, ¿de qué tamaño habrá sido la gratificación, el reconocimiento a su conducta servil, su traición a la sociedad?
Esa minoría de 26 sujetos negó a casi un millón de campechanos seis años de democracia participativa, los privaron de la facultad de organizarse para exigir, a partir de ya, que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y su bola de foráneos se vayan por donde vinieron, luego de encabezar el Gobierno más desastroso, traidor, corrupto, saqueador y mentiroso de toda la historia de nuestra entidad.
Esos diputados traidores, sumisos, arrastrados, serviles, lambiscones, indignos y corruptos, deben ser perfectamente identificados por la sociedad campechana.
Por esa comunidad que a través de marchas y con su voto el pasado 2 de junio exigió que Campeche cuente con el derecho de poner a sus autoridades, pero también de quitarlas cuando no funcionen o abusen de sus facultades, como acontece en la actualidad.
La lista la encabeza el presidente de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, y sus fieles escuderos César Andrés González David, Jorge Pérez Falconi y José Héctor Hernán Malavé Gamboa, quienes desde la tribuna y en las comisiones legislativas que emitieron el dictamen, se encargaron de maquillar y desechar con demagogia y palabrería insulsa y hueca, una exigencia ciudadana ampliamente respaldada.
Junto a ellos, en calidad de borregos sumisos y obedientes, la lista de diputados traidores continúa: Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Dalila del Carmen Mata Pérez, Elda Esther Castillo Quintana, Genoveva Morales Fuentes, Irayde del Carmen Avilés Kantún, Jesús Roberto Reyes Jiménez, Jorge Luis López Gamboa, Landy María Velázquez May, Liliana Idalí Sosa Huchín.
Igualmente María del Pilar Martínez Acuña, María Violeta Bolaños Rodríguez, Maricela Flores Moo, Abigaíl Gutiérrez Morales, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Diana Consuelo Campos Balam, Elías Noé Baeza Aké, Fabrizio Fernando Pérez Mendoza, Leydi María Ayala Queb, Noel Juárez Castellanos, Teresa Farías González, Zacarías Dáger Rodríguez Ríos y Pedro Cámara Castillo.
Que quede para la posteridad el registro de los traidores. Que las generaciones subsiguientes se enteren de los nombres de cada uno de los diputados campechanos que traicionaron su compromiso de legislar a favor de los intereses del pueblo, y obedecieron ciegamente la orden de dictaminar exclusivamente a favor de la gobernadora.
Y también de varios de ellos, porque, nada tontos, estos 26 campechanos traidores decidieron que los cargos de diputados locales y presidentes municipales no se verán sometidos a ninguna revocación de mandato, con lo que traicionan también a quien se supone que es su líder máximo, su gurú y su guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que impulsó esta figura jurídica para darle legalidad a su postulado de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Lo que también resultó una falsedad.
Hay que decir que esos 26 diputados traidores le dieron la espalda a la mayoría del pueblo campechano. Si nos atenemos a las cifras más recientes del pasado proceso electoral, podemos afirmar que 226 mil 049 ciudadanos votaron a favor de la oposición en la elección a diputados, y 195 mil 828 lo hicieron a favor de la coalición Morena, PT y Partido Verde.
Es decir, hay una diferencia de 30 mil 211 votantes, que inclinaron la balanza a favor de los partidos opositores, que postularon como una de sus principales propuestas de campaña, la aplicación de la Ley de Revocación de Mandato en el caso de la gobernadora Layda Sansores, y de las autoridades municipales y los diputados que no estén cumpliendo con sus funciones.
Los matraqueros del régimen publicaron en sus páginas oficialoides que en Campeche se había dado un paso histórico al aprobarse la Ley de Revocación de Mandato, pero lo que no dijeron es que lo histórico no es la aprobación, sino que no entrará en vigor en junio de 2021. Afectaría a la próxima Administración, con lo que protegen, encubren y blindan a la inepta, perversa, corrupta, inhumana y senil gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
Lo histórico es que esta LXIV Legislatura será recordada como la más arrastrada, servil, sumisa, indigna y corrupta de todas las que haya padecido la entidad. Ni en las épocas más aberrantes del PRI se presentaban estas posturas tan vergonzosas y lambisconas hacia el (la) gobernante en turno.
Es esta la etapa legislativa más negra de la historia de Campeche, y deben sentirse orgullosos de eso los morenistas, que prometieron en sus campañas sumarse a la cuarta transformación, pero que con su actitud, conducta y dictámenes nos otorgaron la más oscura regresión en cuanto a derechos democráticos. Qué vergüenza y baldón.
