EXPEDIENTE | LAYDA SANSORES, VIOLENTADORA DE MUJERES
La brutal e irracional represión contra un reducido grupo de mujeres que el pasado domingo protestaban en la explanada del Congreso en contra de la ilegal imposición de Juan Pedro Alcudia Vásquez como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, que derivó en tres mujeres retenidas y golpeadas, una de las cuales estaba embarazada (la golpiza propició la muerte del bebé), no tiene explicación ni justificación alguna.
No eran siquiera diez personas, no representaban peligro alguno para las instalaciones del Poder Legislativo, en ningún momento asumieron alguna actitud violenta, no obstaculizaban ni impedían la circulación vial, no amenazaron ni agredieron a nadie, y vaya, ni siquiera “afeaban” la ciudad (como argumentó la gobernadora cuando desalojaron a las artesanas del Parque Principal), pues lo único que hacían era ejercer su derecho a la libre manifestación. Pacífica, además.
¿Qué argumentos prevalecieron para que se diera la orden a una treintena de elementos policiacos de desalojar a las manifestantes a como diera lugar? ¿Quién dio la orden de proceder contra ellas? ¿Qué autoridad del Poder Legislativo autorizó a los policías que incursionaran armados y con actitud violenta a sus instalaciones?
Hay un mar de interrogantes en torno a este suceso, y llama la atención el silencio institucional que ha prevalecido al respecto. Ni la gobernadora Layda Sansores, que se ha ostentado como la “principal defensora de las mujeres” se ha atrevido a opinar sobre el tema. Sabe que cualquier cosa que diga se usará en su contra, y si lo condena, por el excesivo uso de la fuerza por parte de los policías, estaría reprobando la actuación de su consentida, Marcela Muñoz, y tendría que pedirle su renuncia.
Tampoco ha hablado la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero. No quiere contradecir a su jefa, ni se quiere confrontar con Marcela. Parece que el hecho no existió y que en su opinión no se violentó ninguna disposición legal con el actuar de los gendarmes.
¿Y la aún directora del Instituto de la Mujer Vania Kelleher Hernández? ¿Se enteró acaso de esa agresión? ¿Sabe que se golpeó a tres mujeres indefensas, una de las cuales estaba embarazada y por ese suceso la obligaron a abortar? ¿Guardará otra vez silencio cómplice, como cuando agredieron a las “Mujeres Valientes” y las despidieron de manera injustificada y violentando sus derechos constitucionales, laborales y humanos?
¿Y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía? ¿Se atreverá ahora sí a emitir una severa recomendación contra la Policía Estatal y su comandanta Marcela Muñoz, quien necesariamente tuvo que validar la orden de la violenta represión contra las tres indefensas activistas y por tanto debe ser cesada?
¿Y las diputadas de Morena? ¿Ellas que se han solidarizado con sus compañeras de bancada cuando han sido cuestionadas en los medios por su deprimente desempeño, guardarán silencio ahora que se golpeó salvajemente a tres mujeres y se les impidió ejercer su derecho a la libre manifestación?
No sorprende ese silencio cómplice de las mujeres del poder morenista. Son tan incongruentes, tan hipócritas y tan farsantes, que no ven lo que constituye la verdadera violencia política en razón de género.
Porque habría que preguntarle a esos policías cobardes que golpearon a tres mujeres indefensas: ¿habrían hecho lo mismo si los manifestantes fueran hombres? Si por su cobardía no se han atrevido ni a acercarse a 100 metros de los bloqueos que se han realizado en la Península de Atasta, mucho menos se atreverían a actuar de esa forma contra manifestantes varones.
Vale la pena insistir en el tema: Layda Sansores nos demostró el pasado domingo por la noche, cómo su Gobierno incurre en violencia política en razón de género y cómo su discurso en contra de la misoginia y a favor de las mujeres no es más que baba de perico, palabras huecas para engañar incautos, y para justificar la persecución y la represión contra los periodistas libres que se han atrevido a decirle de frente la verdad.
Tienen razón las agrupaciones feministas que han condenado esa brutal represión. En Campeche existe la criminalización de la protesta social y es práctica común el abuso de autoridad.
Esas colectivas feministas le recordaron a la gobernadora, a Liz Hernández, a Marcela, a Vania Kelleher, a Ligia Rodríguez y a las diputadas de Morena, que “la protesta social es un derecho legítimo y no un delito, que es una herramienta para visibilizar injusticias, exigir cambios estructurales y defender causas urgentes, como lo ha hecho de manera incansable la Colectiva Ley Sabina. Criminalizar a quienes alzan la voz frente a la impunidad y la violencia institucional es un acto autoritario que no solo vulnera derechos individuales, sino que también busca sembrar miedo, desmovilizar y perpetuar el silencio”.
Por el bien del Estado de Derecho y el respeto integral a los derechos humanos, esta violenta agresión contra las activistas de diversas colectivas feministas, no debe quedar impune, ni archivarse en la hemeroteca de los datos anecdóticos. Se tiene que exigir sanción ejemplar contra los policías golpeadores y más aún en contra de quien les dio la orden. Y esa responsabilidad tiene que llegar necesariamente en Marcela Muñoz Martínez. No hay manera de evadir su culpa.
Por su torpeza, su incompetencia y su irresponsabilidad, se perdió una vida inocente que ya no se podrá recuperar jamás. Por eso, y porque son sucesos que no deben repetirse jamás, esperemos que la “gobernadora feminista” se deje de palabrerías y esta vez sí actúe como ella, en sus tiempos de opositora, le exigía actuar a otros gobernantes que cometían este tipo de abusos. Por una vez en su vida debería mostrar congruencia. Pero ¿lo hará?
