EXPEDIENTE | LA MANO DE LAYDA DETRÁS DE LA REPRESIÓN

Hay sobrados elementos para comprobar de manera fehaciente, que la detención del periodista Jorge Luis González Valdez, ocurrida el miércoles 8 de abril del año en curso, fue acción orquestada desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno, con la finalidad de dañar la imagen pública del comunicador, darle un ejemplar escarmiento, y de paso, sentar precedente para otros comunicadores que han asumido postura crítica frente al desgobierno de la nefasta Layda Sansores San Román.

Probado está igualmente, que quien operó la campaña de difamación contra el comunicador González Valdez, ‘colgándose’ de su ilegal aprehensión, fue el director de Información de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, el homosexual reprimido pero consumado, Juan Manuel Herrera Real.

Fue él quien —ignorante como siempre— divulgó que González Valdez había sido arrestado por “violar una orden de restricción” a favor de la comandanta de las estrellas inventadas, Marcela Muñoz, la cual no existe y que tampoco se hubiera configurado para justificar esa ilegal y arbitraria detención, ya que cuando eso ocurrió, la corrupta guanajuatense estaba reposando en su lujosa mansión, a varios kilómetros de distancia de donde sucedieron los hechos. 

Ni había tal orden de restricción, ni hubiera sido el caso para tan bochornoso acontecimiento. Pero el objetivo era atacar al veterano periodista. Por eso después inventó Herrera Real que estaba borracho, que manejaba un vehículo que no tenía placas, que no portaba licencia de conducir y finalmente que insultó, agredió y lesionó a un elemento policiaco.

En su oportunidad, el propio González Valdez explicó que no hubo tal agresión y mucho menos lesiones para con el gendarme. Por el contrario, y según se puede apreciar en los videos que se han difundido, son los elementos policiacos los que incurrieron en abuso de autoridad, los que lesionaron en diversas partes del cuerpo al comunicador, y los que pusieron en riesgo su vida, toda vez que tiene padecimientos cardiacos y pudieron ocasionarle un infarto.

Vale la pena recordar que ya se suman por lo menos tres casos de ciudadanos que, tras ser detenidos por los elementos de la Policía de manera arbitraria y con excesivo uso de la fuerza, pierden la vida en los separos, sin que hasta el momento se sepa si los malos agentes fueron sancionados, si se realizó alguna investigación para saber exactamente lo que pasó, o si se hizo simplemente justicia.

Por la saña con la que actuaron, por el excesivo uso de la fuerza y por la golpiza que sufrió el avejentado periodista cuando era trasladado a los separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pareciera que el objetivo de los policías era provocarle la muerte. Sea a través de un infarto, o mediante alguna otra técnica para que pareciera un “accidente”.

Es obvio que la autoridad estatal —la nefasta gobernadora, y su esbirra Marcela Muñoz, que contesta sus llamadas a las 3 de la mañana— tienen pleno conocimiento de los males que aquejan al crítico periodista González Valdez, y por eso dieron la instrucción de armar todo el operativo para “desaparecerlo”. Y eso es muy, pero muy grave.

Sobre todo porque el arresto fue totalmente ilegal, injustificado. El periodista no incurrió en ninguna falta que justifique el uso excesivo de la fuerza pública en su contra y mucho menos la arbitraria detención. Los policías se deben regir por el reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, que precisa las sanciones para cada infracción. ¿En qué caso se ubica el exdirector general de TRIBUNA? En ninguno. Así, su detención está totalmente fuera del marco legal. 

Además, el titular de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado también violentó acuerdos internacionales suscritos por México, que regulan el trato a las personas adultas mayores durante este tipo de arrestos. 

Los adultos mayores no deben ser encerrados en esas celdas antihigiénicas e inhumanas, para proteger su salud, y si no representan un peligro para la sociedad, deben ser enviados a sus domicilios para continuar con el procedimiento legal.

Pero no. La orden de la perversa gobernadora Layda Sansores era darle un ejemplar escarmiento a quien es quizá uno de sus principales críticos. No sólo buscar evidenciarlo públicamente como delincuente, sino que con un poquito de “suerte” para ella, se hubiera propiciado otra muerte más en los separos, de las tantas que han quedado impunes.

Tenemos claro que no será este el único intento de la gobernadora Sansores y de sus sicarios, de acabar con la vida del periodista o destruirle la existencia. Siguen avanzando las demandas legales que hay en su contra en los prostituidos juzgados estatales, en la servil Fiscalia General y hasta en las corrompidas instancias electorales, que buscan callar la voz de este periodista y de varios más.

También utilizan a sus vándalos cibernéticos para amenazar y acosar vía redes sociales al licenciado González Valdez y a otros colaboradores de la página digital de TRIBUNA, en sus intentos desesperados de callar a todo aquel que critique o publique los desvíos de recursos y abusos de esta corrupta y podrida administración.

Es evidente que no buscan mejorar su funcionamiento, sino encubrir sus cada vez mayores desfalcos. Y que si para ello tienen que pisotear los derechos humanos de opositores, rivales y críticos, están más que dispuestos a hacerlo. Es el sello del corrupto sansorismo que vino a servirse y no a servir a los campechanos.