EXPEDIENTE | DESCARADO NEPOTISMO EN EL GOBIERNO LAYDISTA
La imposición del sonorense Fernando Oseguera Miramontes como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado no solamente es una nueva afrenta, una cachetada a las agrupaciones y colegios de abogados campechanos, y un desprecio total a lo local, a lo nuestro, sino ante todo, una prueba más del descarado nepotismo que prevalece en el Gobierno de la señora Layda Elena Sansores San Román.
Oseguera Miramontes es cuñado de Rodolfo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, y encargado de la parte musical del espantoso programa de los martes, labor por la que se ha embolsado varios millones de pesos y en donde canta su hija Naiky, quien también se lleva su buen dinero por desgañitarse los martes, y además, es la “fotógrafa oficial” de todas las dependencias estatales por recomendaciones de su papá, de su tío Seso Loco y de su tía abuela Layda Elena. Qué bonita familia diría Pompín Iglesias.
Rodolfo Sánchez Sansores está casado con la sonorense Carolina Oseguera Miramontes, quien cobra un oneroso salario en el DIF estatal por hacer nada y además, se trajo de Sonora a su hermano Fernando para que le dieran trabajo.
La trayectoria profesional de Fernando Oseguera Miramontes puede calificarse como mediocre: licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, con diplomado en Averiguaciones Previas impartido por el Instituto de Averiguaciones Jurídicas de la UNAM.
En Sonora se desempeñó como calificador en el Instituto Catastral de ese Estado, asesor jurídico en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de esa entidad, enlace jurídico en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, subdirector Jurídico en el Sistema DIF Sonora, personal adscrito en la Dirección de Administración del Agua y Registro Público de Derechos del Agua, en la Conagua, Organismo de Cuenca Noroeste y secretario de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo sonorense.
Hasta antes de su promoción como magistrado, Oseguera Miramontes se desempeñaba como procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal, por recomendación directa de su otra tía política: Laurita Sansores San Román. Habiendo tantos abogados campechanos con experiencia en esa materia, Laurita se inclinó por su sobrino político para demostrar que lo de los Sansores es el nepotismo descarado.
A simple vista se aprecia que Fernando Oseguera no es un tipo brillante y tampoco ha sido un litigante o abogado exitoso. Una carrera burocrática basada en las recomendaciones, el amiguismo y el influyentismo. Nada extraordinario que pudiera marcar alguna diferencia respecto al común de los abogados campechanos, por lo que no se justifica que venga a desplazar a uno de nuestros coterráneos.
Y es que además de esta nueva prueba del nepotismo de la señora Layda Sansores, se asegura en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en los pasillos de todos los juzgados del Poder Judicial, que la inminente designación de Fernando Oseguera como magistrado, forma parte de un “plan b”, por si se les cae la ilegal designación de Juan Pedrito Alcudia Vásquez o por si éste decide irse al concluir este sexenio.
Hay que recordar que cuando designaron a Juan Pedrito como magistrado —en sesión secreta efectuada un domingo a las 10 de la noche, con policías resguardando el Palacio Legislativo y desalojando con exceso de violencia a un grupo de siete personas que protestaban por esa imposición— no se había separado de su cargo como titular de la Consejería Jurídica de la Gobernadora, y las leyes señalan con toda puntualidad que no se pueden desempeñar dos cargos al mismo tiempo.
Si los magistrados federales ordenan su destitución, como ha venido sonando en diversos ámbitos del Poder Judicial, entonces ya tienen el candidato idóneo para hacerse cargo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a fin de que continúe con esta práctica Sansorista de utilizar a los jueces y magistrados como instrumentos de sus venganzas personales.
Aún está en manos de los diputados la aprobación o rechazo de esa propuesta y está a prueba también, la postura real del presidente del Congreso, Antonio Jiménez, y sus 11 seguidores para demostrar si están o no al servicio del pueblo campechano.
Luego de que se leyó la propuesta de la gobernadora para imponer al cuñado de Rodolfo Sánchez Sansores como magistrado, ni Jiménez ni alguno de los otros “diputados del pueblo” emitió una postura, bajo el argumento de que estaban concentrados en el análisis del paquete fiscal, y más concretamente, del tema de la deuda.
Si de verdad saben escuchar y atender el reclamo popular, entonces deberán desechar la postulación de Oseguera Miramontes como magistrado, por sus vínculos familiares y políticos con la gobernadora Sansores. Está en sus manos legalizar el nepotismo, o hacer que realmente imperen la razón y el derecho.
