EXPEDIENTE | ¿DEJARÁN IMPUNE EL FRAUDE EN EL 7 DISTRITO?

En la sesión legislativa del pasado martes 6 de octubre, el diputado mocista José Ignacio “Nacho” Muñoz Hernández, presentó en la tribuna un audio en que se escucha con claridad la voz del expresidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Juan Pablo Mena Zapata, admitiendo públicamente que le ordenaron anular la elección a diputado local por el Séptimo Distrito.

El audio fue difundido ampliamente en las redes sociales, y ahí se escucha decir a Mena Zapata que la propuesta que le hicieron fue anular los resultados de esa elección mediante la elaboración de una nueva acta de cómputo firmada por todos los representantes de partidos, con resultados diferentes a los que se habían difundido en el PREP.

Agrega también que fue el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que tenía como presidente a Francisco Javier Ac Ordóñez, y que integran también las magistradas Brenda Noemí Rodríguez Aké y María Eugenia Ávila Torres, en donde se aceptó “voltear” los resultados, es decir, ahí sí acataron la sugerencia de elaborar una nueva acta de cómputo, anular los resultados de dos casillas por presuntos “errores aritméticos”, y acomodar los números para dar el triunfo al morenista Omar Talango Cervantes, en lugar del mocista Jorge “Coco” Ávila Montejo, quien ya había recibido su constancia de mayoría tras los cómputos distritales.

Tal vez sin querer, o a lo mejor con la intención de lavar su honra, el exconsejero Mena Zapata soltó esa “bomba”, que le cayó encima tanto al diputado espurio Omar Talango Cervantes, como a los magistrados electorales ya citados, pero a quienes es preciso volver a mencionar por su clara responsabilidad en este fraude electoral: Francisco Javier Ac Ordóñez, Brenda Noemí Rodríguez Aké y María Eugenia Ávila Torres.

Es cierto, la Sala Regional Xalapa del Trife, lo mismo que la Sala Superior, validaron el resolutivo de los magistrados estatales y no entraron al análisis del fondo del asunto, revisando si de verdad era procedente la anulación de los resultados en dos casillas, para “voltear” la elección, tal y como “alguien” le sugirió al exconsejero Juan Carlos Mena Zapata.

Habida cuenta que este tema fue llevado incluso a uno de los programas del “Martes del Jaguar”, y que fue el titular de la Consejería Jurídica, Juan Pedro Alcudia Vázquez, el que dio detalles del motivo de la anulación de esas casillas, podemos suponer que fue este delicadito funcionario el que envió la “sugerencia” a Mena Zapata.

Lo que sí es cierto es que no había razón alguna para dirimir en un programa que se produce con recursos públicos, un asunto meramente partidista en que por cierto, se enfatizó la defensa al “triunfo” del espurio Omar Talango.

Toda esta concatenación de hechos nos lleva irremediablemente a la certeza de que se cometió fraude electoral en el Séptimo Distrito, que se ordenó a los magistrados electorales estatales que hicieran el trabajo sucio que no quiso hacer el exconsejero presidente Juan Carlos Mena Zapata, y que evidentemente se utilizaron recursos públicos para litigar a favor de que se “volteara” el resultado de esa elección. Hay delitos qué perseguir.

No esperamos que el diputado espurio Omar Talango renuncie a su cargo y proponga que se repita la elección, porque claramente él es beneficiario de una “operación de Estado” que tenía como objetivo defraudar la voluntad popular, para satisfacer los intereses políticos de la corrupta gobernadora Sansores.

Tampoco creemos que los magistrados que “voltearon” la elección, cuya honorabilidad está en duda, ya que con esto se ha confirmado que son tremendamente corruptos, renuncien o se pongan a disposición para ser investigados, porque si ellos caen, también van a caer los que tramaron todo ese operativo fraudulento. Y nadie duda que la madeja llegaría hasta la cabeza de la propia gobernadora Sansores.

Lo que si consideramos prudente es que Movimiento Ciudadano no deje este asunto como un mero hecho anecdótico, sino que proceda legalmente ante las instancias necesarias para no dejar impune este delito. Y al exconsejero Mena Zapata la sugerencia es que refuerce sus medidas de protección personal y jurídica. Ya comprobamos que la red al servicio de la represión y de las venganzas de la gobernadora Layda Sansores está bien estructurada, le ha funcionado bien, y acumula un par de muertitos.