EXPEDIENTE| CONDENA INTERNACIONAL A LA CENSURA LAYDISTA

Mientras que la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Layda Sansores insisten en negar lo evidente: que en Campeche y en México hay prácticas de censura contra la libertad de expresión, en el ámbito internacional, la agrupación Reporteros sin Fronteras y la Corte Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en repudiar los casos de acoso y persecución judicial contra periodistas que hay en México.

Artículo 19 México y Centroamérica documentó un aumento sin precedentes del acoso judicial contra periodistas y medios en México, pues del 1 de enero al 31 de julio tiene registrados 51 casos, desplazando los 40 de 2021, que tenía el registro más elevado, y los tres Estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9), y Jalisco (6), siguiéndoles Campeche, Oaxaca y Puebla con 3 casos cada uno.

En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra, lo que equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días en promedio, y este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

Reporteros Sin Fronteras reveló dos estadísticas alarmantes: México es el segundo país en el mundo con más periodistas asesinados y está en la misma posición en cuanto a periodistas desaparecidos.

Expone que en nuestro país, el crimen organizado es responsable de un alarmante aumento de asesinatos contra periodistas, y con los 9 homicidios, este 2025 es el más mortífero de los últimos tres y se ubica sólo detrás de Gaza, cuya cifra casos es de 29, como el segundo país más peligroso del mundo para los comunicadores.

Las víctimas mortales este año son Salomón Ordóñez Miranda, Calletano de Jesús Guerrero, Kristian Zavala, Raúl Irán Villarreal Belmont, Melvin García, José Carlos González Herrera, Ángel Sevilla, Ronald Paz Pedro y Miguel Ángel Beltrán Martínez. Todos cubrían la actualidad local, denunciaban al crimen organizado o sus vínculos con la política y habían recibido amenazas de muerte explícitas. Incluso Calletano de Jesús Guerrero estaba bajo la protección del Estado.

En 2025, 135 periodistas permanecían desaparecidos en todo el mundo. Algunos, desde hace más de 30 años. Si bien ningún continente se libra de este fenómeno, éste es especialmente habitual en Siria (37) y México (28).

Artículo 19 cita entre los casos de acoso judicial el del periodista campechano Jorge Luis González Valdez, de quien señala enfrenta denuncias por V¡olencia Política en Razón de Género (VPEG), y también procesos penales (por el supuesto delito de od¡o), además de civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora Layda Sansores y su dirección de Comunicación Social.

Este caso, resalta, ha generado especial preocupación por las medidas cautelares impuestas por la judicatura local, incluyendo la reciente designación de un interventor (censor) encargado de revisar sus publicaciones antes de que se hagan públicas.

Ante este panorama, Artículo 19 hace un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en México, y exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos centró una de sus sentencias más recientes en las agresiones contra periodistas en México, al advertir un escenario de impunidad y una protección ineficaz por parte del Estado. El tribunal regional señaló que asesinatos, desaparic¡ones y ataques contra comunicadores no han sido prevenidos ni esclarecidos de manera adecuada, incluso en casos donde las víctimas ya contaban con medidas oficiales de protección.

Campeche sobresale con luz propia en este escenario nacional e internacional. La gobernadora Layda Sansores es la que más denuncias ha presentado contra periodistas y medios de comunicación. Son más de 50, según el más reciente recuento de su exConsejero Jurídico, Juan Pedro Alcudia.

Lo peor es que celebran los fallos judiciales que ratifican la censura previa, pero se vanaglorian de que a la gobernadora le eliminaron esa medida cautelar porque a la persona a quien critica —Alejandro Moreno Cárdenas— es una figura pública, como si el cargo que ejerce Layda Sansores fuera de índole privada.

Preocupa que en Campeche se mantenga la estrategia de perseguir judicialmente a los políticos opositores y a los periodistas críticos. Más aún, espanta que la presidenta Sheinbaum niegue públicamente que esas prácticas existan en el país. Lo que nos demuestra que, o está mal informada, o simplemente es cómplice de las atrocidades judiciales que se cometen en nuestra entidad.