EXPEDIENTE | ASUME LAYDA CULPA DE LA REPRESIÓN A MUJERES

‘A confesión de parte, relevo de pruebas’, reza un viejo apotegma jurídico que se aplica, como anillo al dedo, a la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, quien, en su cada vez más desprestigiado programa de los martes, no solo avaló la represión, golpiza y detención injustificada de tres integrantes de agrupaciones feministas ocurrida el pasado 28 de septiembre, sino que incluso, asumió la responsabilidad de los gravísimos sucesos que desembocaron en causar el aborto a una de las agredidas.

Se entiende que en su enfermizo afán protector de su querida Marcela, se haya adjudicado la responsabilidad del violento desalojo de las feministas. Sabe que si la Comisión de Derechos Humanos, sea Nacional o Estatal, emite alguna recomendación contra la guanajuatense por la violencia ejercida y la muerte de un bebé, significaría en automático el cese de esa inepta, negligente, prepotente y autoritaria comandanta.

De hecho, la intención de poner a la presidenta estatal de la Comisión de Derechos Humanos, Ligia Rodríguez Mejía, como parte del problema, ya que ella intervino para impedir que las activistas fueran ingresadas a las celdas de la Fiscalía estatal toda vez que no existía ninguna causa penal en su contra, tiene la intención de obligarla a no ver los abusos cometidos, y callar cualquier intento de desenmascarar a este Gobierno Sansorista represor, abusivo y mentiroso.

Aún queda la opción de pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que abra una investigación y emita la recomendación que corresponda, aunque existe el altísimo riesgo de que esta instancia actúe como tapadera de los abusos policiacos ordenados por la gobernadora y ejecutada por Marcela y sus gorilas, ya que su presidenta es una fanática de la 4T y de los excesos de este régimen.

Y aunque recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos puede ser otra opción, hay que admitir que sería un proceso largo que podría terminar cuando esta Administración ya haya concluido sus funciones, y no se pueda sancionar como se debe a la inepta y prepotente comandanta guanajuatense ni a su jefa, la gobernadora.

Lo alarmante es contemplar absortos, esta metamorfosis Laydiana, que no es atribuible ni a sus botox, ni a las intervenciones quirúrgicas que haya tenido su rostro, sino a la traición de lo que durante casi tres décadas enarboló como sus valores, sus principios, sus convicciones y su estrategia para luchar contra el entonces “régimen opresor”.

Porque ahora, en su calidad de gobernanta, luego de despojarse de la máscara de luchadora social con la que medró políticamente durante muchísimos años, le sale ese rostro represivo, autoritario y amenazador, e incluso adelanta que va contra una luchadora social campechana, una activista de los grupos feministas, solo porque está “en todas las marchas que existen, anda protestando, no sé si la contratan, es un caso raro, ya está identificada, y no lo vamos a permitir, ya se abrieron las carpetas de investigación”.

Es esta aseveración laydista, una confesión de su autoritarismo, y de su obsesión represora. Su objetivo es criminalizar la protesta social y detener a quienes encabecen esos movimientos. Lo lanzó públicamente como amenaza, advertencia o aviso, y aclaró que nada la hará cambiar de opinión, así le mienten la madre o se la mienten a sus abuelitos y a toda su parentela.

“Lo que digan los demás me vale, hay que defender a la ciudad y no vamos a mostrarle al turista un lugar pintarrajeado”, y sentenció: “no pueden rayar un monumento que este en la ciudad, porque vamos a aplicar la ley y son de tres a 10 años de prisión o la multa y la reparación del daño”.

¿Mencionó en alguna parte de su “aguerrido” discurso la pérdida de una vida a causa del aborto que le provocaron a una de las mujeres detenidas? No. Para Layda Sansores es más importante que no se rayen sus monumentos, que haber asesinado a un bebé que estaba en el vientre de su madre. Y que le digan lo que quieran, porque “le vale”.
En esto paró esa “luchadora social” que por todo protestaba. Ahora quien lo hace, merece la cárcel. Este es el resultado de una persona hipócrita, farsante y mentirosa, que abusó la bandera de la protesta social para ganar adeptos que le permitan llegar al poder, pero que una vez encumbrada en el cargo, despoja de esos mismos derechos a los ciudadanos para que no le causen incomodidad.

Esa gobernadora que envió a su hoy secretaria de Gobierno Liz Hernández a vandalizar el edificio del PRI y aplaudió ese “acto de valentía”, es la misma que ahora tilda de delincuentes a quienes solamente colocaron en el monumento a Pablo García, un cartel con el retrato de Juan Pedro Alcudia acusándolo de ser misógino. Que deje de mentir. Las mujeres no vandalizaron ningún edificio.

Lo que dice la gobernadora es una vil mentira, la cual inventaron y maquillaron durante dos semanas —los sucesos a los que hace referencia ocurrieron hace 15 días— para justificar ese violento y mortal acto de represión ocurrido en el Congreso estatal.

Hasta el momento, Layda Sansores no ha podido justificar su violenta represión contra las feministas. Sus argumentos hasta ahora esgrimidos son tan falsos, mentirosos e inventados como la foto de su perfil de Facebook.

Lo que sí tenemos es en toda su crudeza a una gobernadora antifeminista, misógina, violenta y violadora de los derechos civiles, constitucionales y humanos de las mujeres a quienes de lengua para afuera dice defender. Qué vergüenza.