Expediente: 21 de mayo de 2023

ERICK REYES Y SUS NEXOS CON DELINCUENTES

Las dos fotografías en que se observa al líder estatal de Morena, el chilango Erick Alejandro Reyes León, abrazado con dos de los cuatro detenidos entre el 6 y el 8 de mayo pasado, con armas de grueso calibre en el retén del Ejército que se encuentra ubicado en Komchén, Hopelchén, pueden constituir el eslabón que confirme un narcogobierno en Campeche.

La situación es mucho muy grave, pues se ordenó a los periodistas oficialistas no hablar del tema mientras agilizaban los trámites para lograr que los cuatro detenidos —a quienes el fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia, calificó como “grupo generador de violencia” en el Municipio de Hopelchén—, fueran liberados de inmediato y se les alejara de todo escenario público.
Ya no podrán participar ni acarrear gente a los mítines de Morena, ni presumir sus andanzas, ni sus armas de fuego en ninguna parte, y que nadie se sorprenda si de una vez los desaparecen del mapa para evitar que más adelante sirvan de posibles testigos incómodos.

No sólo eso. Se dice que uno de los cuatro detenidos, Julio César S.L., es jefe de una de las células del menonita identificado como F.K.W., “Frank” o “Pancho Loco”, que está detenido como presunto cabecilla de la banda que operaba la venta de droga en Campeche. Se le atribuyen varias ejecuciones y ser el autor intelectual de las fosas clandestinas descubiertas hasta ahora. Porque hay más, nos aseguran.
Aún más, se comenta que Julio César S.L. podría ser familiar (lejano o cercano, no se sabe, pues de eso nadie informa) de Layda Elena Sansores San Román, y que esa fue la llave que le permitió librar el proceso judicial ante un juez federal.

Los liberaron en condiciones muy misteriosas. Apenas unas horas después de que se difundieran sus fotografías abrazados con Reyes León, y que en redes sociales se empezara a especular acerca de los nexos familiares de al menos uno de ellos —aunque se dice que en realidad son dos— con la gobernadora.
Nada dijo de eso Sansores San Román en su más reciente Martes de Enjuagar, en donde le encanta presumir la “coordinación interinstitucional” que hay con el Ejército. Coordinación que se ha ido al traste, pues de nada sirve que los militares apresen a los integrantes de grupos delictivos, si son liberados por presiones políticas. ¿Por qué no condenó con furia la gobernadora la liberación de los cuatro pistoleros y sí en cambio se la pasó burlándose de la detención del indefenso periodista Abraham Martínez Caamal?
Nada ha dicho tampoco el fiscal Renato Sales Heredia, entrevistado por última vez el pasado jueves 11 de mayo en las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería, después de la incineración de narcóticos.

Los había calificado como parte del “grupo generador de violencia en Hopelchén”, pero después de su liberación no ha vuelto a tocar el tema. Tampoco lo ha hecho el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Campeche, José Ignacio Coronel Cruz, quien se limitó a lamentar la decisión del juez federal que decidió no continuarles el proceso penal.

¿Qué sabían los cuatro pistoleros liberados? ¿Por qué dos de ellos forman parte de la militancia activa de Morena? ¿Por qué se fotografiaron con Erick Reyes León y Jamile Moguel? ¿Por qué la Fiscalía no integró —o no quiso integrar— bien el expediente de los detenidos?
Reyes León, cobarde y bocón, intentó lavarse las manos de las fotografías que lo inculpan y trató de responsabilizar del acercamiento de esos dos pistoleros precisamente a Jamile Moguel, quien a su vez, pretendió echar la culpa a su amor platónico Eliseo Fernández Montúfar.

En un video que subió a su página de Facebook, Jamile sostiene que ambos sujetos eran parte del equipo de Eliseo, y que se fueron junto con ella a Morena, “como lo ha hecho más del 60 por ciento de la militancia mocista”, presumió. Pero si eran gente del exalcalde, ¿por qué la siguieron a ella? Debería precisarlo.
La Secretaria de la Defensa Nacional y las autoridades federales deben encender sus focos de alerta luego de estos sucesos. Los avisos propicios para la instalación de un narcoEstado se están dando a tiempo. La violencia se ha intensificado, la incidencia delictiva va en aumento, hay ejecuciones cada dos días en promedio, la ola de robos no se detiene, y la policía se entretiene deteniendo a conductores de automóviles y motocicletas, mientras los motosicarios circulan armados por cualquier calle de la entidad sin que nadie les ponga un alto.

Gracias a la anuencia y complicidad de nuestras autoridades estatales, que están generando las condiciones para que Campeche quede bajo el control total de un grupo delictivo, es que se han disparado las ejecuciones, los asaltos y las balaceras. Perdimos muy pronto nuestra seguridad con este cambio que ofrecieron Layda Sansores y su 4T. ¿Qué sigue?

LAYDA, VIOLADORA DE LA LEY

Los morenistas —todos, o casi— son consuetudinariamente falsos, ególatras, violadores del orden jurídico, deshonestos irredentos, saltimbanquis políticos y llorones frente a la réplica. No son iguales a los que estuvieron donde hoy están. Pero por desgracia son peores. Y pujan sin verse al espejo.

La gobernadora campechana Layda Elena Sansores San Román, además de los atributos citados, no sabe de ridiculeces, extravíos, escarnios, burlas y pitorreos. Ella está en lo suyo, en su proyecto personal que representa el regreso a su hogar en la Ciudad de México, donde está el asiento de sus negocios desde su época puberta-juvenil.

Por eso se erige en servidumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que barniza de halagos, reconocimientos, comparativos, elogios, calificativos, lisonjas, aclamaciones, enaltecimientos, aprobaciones, ensalzamientos y adulaciones. Y claro, además de que exagera, sus expresiones carecen de bases.

Los historicistas nos revelarán con sus apreciaciones, reflexiones y análisis, el laberinto y la destrucción que la Administración Federal deja en el país. Para desgracia de los campechanos, es el mismo camino por el que pulula el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román.
Por segunda ocasión desde que ocupa el cuarto piso del Palacio de Gobierno, donde poco va, incursionó en las mañaneras, y a nombre de los campechanos expresó el beneplácito de tener un Presidente que ha rebasado todo lo que la historia de México registra de sus próceres. El incienso que prendió tiene mal olor, y sus palabras destilan amargura.

¿A cuántos campechanos consultó para sostener en su nombre que los hijos de López Obrador fueron criados en un ambiente de valores y principios, cuando han sido sorprendidos aprovechando su condición de privilegio y comparten sus relaciones institucionales con sus amigos, que de ninguna manera carecen de intereses?

Nadie ha desmentido a los supuestos calumniadores y menos a los comunicadores, a los que con vileza se les agravia e insulta, por las versiones que han propalado. Contra la verdad el silencio y la amenaza, no la argumentación que enaltece o la justificación que limpia.

Es un atrevimiento cargado de inmoralidad su pregunta de por qué tantos cuchillos y tantos discursos afilados en contra del Primer Mandatario. Significa que no escucha las mañaneras, que es torpe de entendederas o es cómplice de los fracasos, el abuso, las irregularidades y la corrupción. A la mayoría de los campechanos no los engaña. Sus apreciaciones los ofenden. La conocen.

Todos los días hay alguna justificación al fracaso gubernamental, trampas, insultos y desprecios a los que no piensan igual que el caudillo o están afiliados a un partido político diferente a Morena, evasivas para explicar el manejo económico y financiero y la bonanza de importantes personeros del gabinete y la corrupción.
Todos los días se denuesta y calumnia a los responsables de los órganos autónomos, se busca debilitar al Poder Judicial, se atenta contra el Instituto Nacional de Elecciones, se ofende a científicos, periodistas, inversionistas, intelectuales, clasemedieros y escritores. No respetan honras, ni clases, ni cultura. Y Layda Elena calla para enjuiciar, miente para sostenerse y ensalza para tratar de alcanzar sus egoístas metas personales.

Por eso las encuestas la ubican entre los cinco peores mandatarios que padece el país. ¿Con qué permiso y calidad moral elogia y toma atribuciones en nombre de los campechanos para satisfacer su ego, ambiciones y perversidad?

Esa es Layda Sansores, que todos sus Martes de Enjuagar se queja de agresiones, sin escuchar la voz de los que la acusan e ignorar que tiene pendientes que explicar a los aplicadores de la ley y defensores de la legalidad y la justicia, cuyas decisiones y sentencias ha ignorado con olímpico desdén.
Varios jueces federales la han conminado a que cese su hostigamiento contra opositores políticos, mediante la cancelación de las versiones de supuestas conversaciones privadas, y no hace caso, pese a su avanzada edad.
Aquí lo revelador será si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a los amparos dados por sus jueces y confirmados por sus magistrados, decide aplicarle la ley, que consistiría en ordenar al Congreso del Estado su remoción por incapaz, ofensiva, grosera y violadora de la ley, que prometió cumplir y hacer cumplir.

Los próximos días serán interesantes. Son muchos los agraviados y bastantes los ofendidos. Ya es tiempo de aplicar la ley. Frente a la norma están en el mismo nivel gobernantes y gobernados.

REYES LEÓN ES EL ESLABÓN DESDE CDMX

Vale la pena recordar un artículo del periodista Héctor de Mauleón, donde narra los posibles nexos del líder estatal de Morena, Erick Reyes León, con células de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, y particularmente en la Alcaldía Álvaro Obregón donde fue director general de Gobierno, segundo en el mando luego de la alcaldesa Layda Sansores.

A raíz de la misteriosa muerte de Leonel Luna Estrada, exdelegado de la Álvaro Obregón en la Ciudad de México en la madrugada del 14 de marzo de 2021, a consecuencia de un muy sospechoso accidente automovilístico ocurrido sobre Río Churubusco y calle Biógrafos en las inmediaciones de la colonia El Sifón, Alcaldía Iztapalapa, el periodista De Mauleón narra que el exfuncionario le estaba proporcionando información delicada sobre el aumento del narcomenudeo y sus posibles funcionarios protectores.

“Información que me envió Luna Estrada —escribió Héctor de Mauleón— indica que el exdirector general de Gobierno de Álvaro Obregón, Erick Reyes León —actual coordinador de la campaña de Layda Sansores en Campeche— había entregado los cargos más relevantes en Vía Pública a individuos que forman parte de la banda del ‘Maestrín’, entre ellos los hermanos Pedro Cid Caballero, alias El Perris, y Mario Cid Caballero, alias La Sombra.

Maximino López, El Maestrín, fue el principal narcomenudista en Álvaro Obregón. Mantenía una guerra a muerte contra Jonathan Canchola, El Lenin Canchola, y la perdió.
El 26 de noviembre de 2019 fue ejecutado al salir de una cena por los ocupantes de un Jetta blanco sin placas. Según la nuera de López, se trató de una agresión directa: dos hombres abrieron fuego en su contra, disparándole en el rostro y el tórax.

Agentes de investigación confirmaron más tarde su identidad, debido a los tatuajes que tenía en los brazos y el pecho: “Silvia, Maestrín y otra palabra no legible”, así como una imagen de Homero Simpson.
Unos días después, el encargado de reclutar a los sicarios del Maestrín y de conducir los autos en los asuntos que él mandaba, Fernando Urbán, El Cupper, murió en un enfrentamiento con la policía luego de ejecutar con seis tiros a un hombre ligado a la banda del Lenin (Jorge Arturo Carapia).

Según la información de Luna, al grupo del Maestrín estaban ligados El Perris y La Sombra. El primero estaba a cargo de controlar el comercio ambulante en “San Ángel, Guadalupe Inn, Pedregal de San Ángel , Av. Revolución, Av. Insurgentes y Eje 10; Av. Universidad y Barranca del Muerto”.
El segundo manejaba “Santa Lucía, Olivar del Conde, Alfonso XIII, Plateros, Periférico, Nonoalco, Barrio Norte y Centenario”.

Un tercer jefe de zona, Alberto Cortés Oceguera, alias Pokemón, estaba a cargo de “Observatorio, Av. Vasco de Quiroga (de la Cebada hasta Bellavista), Las Paralelas, Las Victorias, Unidad Santa Fe, Bellavista, Paraíso, Liberales de 1857. El Capulín y Av. Constituyentes”.

La información venía acompañada por unas fotos y un boletín emitido por el Gobierno capitalino en agosto de 2019: anunciaba la detención de tres personas con “15 envoltorios de papel que contenían polvo color blanco con las características de la cocaína”, “una bolsa con logos de una marca comercial con un aproximado de un kilogramo de yerba verde parecida a la mariguana”, un arma de fuego con 10 cartuchos útiles y 14 mil pesos en efectivo. Entre los detenidos aparecía Pedro Cid Caballero, alias El Perris.
De acuerdo con la ficha, luego de tener problemas judiciales porque en su domicilio se habían hallado drogas y armas, El Sombra se hallaba viviendo “en la bodega de Vía Pública”, con “autorización del entonces director general de Gobierno, Erick Reyes León, y el actual director general de Gobierno, Juan Jorge Pérez Alcántara”.

Había también unas fotos de una camioneta blanca con varios impactos de bala en los cristales y en la carrocería. “Camioneta baleada en el enfrentamiento entre las bandas de El Maestrín vs. 3AD Los Malcriados”, se lee en el pie de foto.

Una nota de prensa informa que el 3 de agosto de 2019, dos hombres a bordo de una motoneta intentaron asesinar de un tiro a Pedro Cid Caballero, aunque éste los alcanzó y embistió.
En redes sociales es posible localizar también una denuncia del 27 de enero de 2020, que informa que Cid Caballero y su familia “se pelean la colonia Olivar del Conde por la venta de drogas”. El tuit fue respondido por la cuenta de la Unidad de Contacto del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch: “Compartimos información con @FiscalíaCDMX”.

Es muy posible que la muerte de Leonel Luna haya sido producto de un accidente. Su tarjeta revela, en todo caso, que el exdelegado recababa información delicada en los días anteriores a su muerte, sobre la crítica condición que priva en una alcaldía escandalosamente infiltrada por el crimen, la violencia y la corrupción”.
Hasta ahí parte de la columna en que se liga muy seriamente a Reyes León con grupos delictivos. La investigación se truncó tras el fallecimiento de Leonel Luna Estrada y la serie de ejecuciones posteriores que se vinieron sucediendo.

Pero no exime de sospecha a Reyes León y las dudas sobre su real personalidad se acrecientan tras la difusión de fotografías con dos pistoleros detenidos por el Ejército, pero liberados después en condiciones demasiado extrañas. ¿Alguna autoridad federal investigará esta gravísima situación?

MALOS MANEJOS EN EL CONGRESO

La acusación fue específica, clara y concreta. Y así debió ser la respuesta. Pero no. La excusa y la evasiva son generalmente las salidas de pie de banco de los morenistas, por carecer de argumentos lúcidos y lógicos, honradez, exposición y dialéctica. Les falta clase… y cultura.

Vamos a la claridad y la precisión. El diputado Jorge Luis López Gamboa acusó a su colactáneo de partido, el veracruzano Alejandro Gómez Casarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, del presunto mal manejo de 250 millones de pesos del presupuesto de ese Poder Legislativo.

No se anduvo en medias tintas, apuntó lo que consideraba mal, y criticó la oscuridad con la que el veracruzano opera el presupuesto del Congreso del Estado. Lo que está puesto a su cuidado lo dilapida en aspectos y direcciones que en nada contribuyen a la mejoría de lo que corresponde a ese poder.
Pero el legislador morenista fue más allá. Expuso que Gómez Casarín es un farsante, y sostuvo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Campeche (Cotaipec) son sus tapaderas. En otras palabras, sus cómplices, conchabanzas, conniventes, colaboracionistas y fautores. Son los encargados de tapas las puertas a cualquier información que ponga en riesgo al acusado.

Al veracruzano se le dio su derecho de réplica, y contestó que “López Gamboa es responsable de sus actos y de sus palabras, yo no”. Y claro que sí. Su compañero morenista es responsable de lo que opina. Lo acusa de mal manejo de recursos y de la complicidad de dos órganos de Gobierno.
Concretemos, el legislador inconforme sostiene que el proceder del pastor legislativo es de bribonería, abuso, saqueo y robo, entre otras lindezas. Pero Gómez Cazarín no tuvo argumento para clarificar. Entonces, es válida la sombra de la sospecha… O es cierta la aseveración.

Desde hace mucho tiempo se viene sosteniendo que los recursos presupuestales del Poder Legislativo son manejados sin transparencia. Que se utiliza en paralelo para otros fines, entre ellos de promoción política, pago de favores, compra de voluntades y de pellizcos para la hacienda pública personal. Dice el refrán que en arca abierta, hasta el justo peca. Es el caso.

El enjuiciamiento a la conducta del veracruzano Gómez Cazarín no sólo proviene de su bancada, sino de diputados de otros partidos políticos, y ya alcanza altos niveles de reprobación en la sociedad campechana. Se le atribuyen actos que lo inhabilitarían para la función pública.
De ahí su hermandad y amplia cercanía con el delegado nacional y presidente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el chilango Erick Alejandro Reyes León, al que en fechas recientes confirman su relación con personajes involucrados en la delincuencia, como denunció un periodista de la Ciudad de México.

Tal comunicador incluso aportó pruebas de las sospechas sobre el comportamiento de Reyes León, cuando ocupó un cargo en la Alcaldía Álvaro Obregón, cuando la administró Layda Elena Sansores San Román. Esas son las fichas con las que juega la gobernadora. Por eso proscribió de su Gobierno a campechanos competentes y experimentados.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com