Entregan transportistas consideraciones para ser incluidas en la propuesta de Ley de Movilidad y Seguridad Vial

Transportistas locales acudieron al Congreso del Estado para escuchar la lectura a la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial que envió la gobernadora Layda Sansores San Román; afirmaron que tienen observaciones que consideran deben ser tomadas en cuenta, para mejorar el servicio de transporte público en beneficio de los campechanos

A las afueras del recinto legislativo, representantes de diversas cooperativas, encabezados por los presidentes de la empresa camionera Murallas de Campeche, Enrique Uribe García y de Radio Taxi Élite, Jorge Orlando Escobedo Pan, manifestaron que analizarán la propuesta de ley que promueve la titular del Ejecutivo, y dijeron que entregarían a los diputados algunas consideraciones para que sean tonadas en cuenta a la hora de analizarla y dictaminarla.

CONGRESO DIO ENTRADA A LA INICIATIVA PARA EXPEDIR LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO

Este día el Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, promovida por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que, entre otras cosas, la faculta y al secretario de Gobierno (Segob), el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, para conducir y ejecutar la política en materia de servicio de transporte, ampliar las redes y el servicio de transporte público, promoviendo la competitividad y libre concurrencia, y prevé la entrada de aplicaciones o plataformas tecnológicas.

Durante la treceava sesión ordinaria se leyó la propuesta enviada por la mandataria emanada de Morena que consta de 158 artículos y, según el texto, promueve respeta, protege y garantiza el derecho a la movilidad de toda persona en el Estado, de personas en condición de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, así como espacios libres de violencia para las mujeres.

Según el artículo 16, el Gobierno del Estado y los Municipios buscarán ampliar las redes y servicio de transporte público, y desestimularán el uso del automotor privado; en tanto que el artículo 28 establece la creación del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial que presidirá la gobernadora y se encargará de diseñar y aprobar la política estatal en la materia.

Mientras que el artículo 32 le otorga facultades a Ostoa Ortega en materia de servicio del transporte, aunque el artículo 43 señala que ‘toda persona tiene derecho a participar en la toma de decisiones en materia de movilidad’, y las autoridades deberán garantizar la participación social a través de la consulta, opinión y deliberación con las personas y sus organizaciones, observatorios ciudadanos e instituciones, y sin menoscabo de lo señalado en la Ley de Planeación del Estado y sus Municipios, para determinar las prioridades y los proyectos relacionados con los elementos de la movilidad.

Asimismo, el artículo 44 especifica que toda persona tiene derecho a la información en materia de movilidad; en tanto que el artículo 52 obliga al Estado y Municipios a mejorar la movilidad y optimizar tiempos de traslados, a fin de reducir la pobreza de tiempo de las mujeres, y promover su seguridad en el transporte público, libres de acoso y violencia.

El artículo 127 precisa la creación de un Reglamento de Transporte que emitirá la gobernadora, y el 134 que la autoridad realizará las acciones necesarias para incrementar la oferta de servicios y modos de transporte, lo que conlleva a lo establecido en el 155 sobre el servicio de transporte mediante aplicaciones o plataformas tecnológicas, y puntualiza que el reglamento deberá prever este tema.

Las sanciones e infracciones, según el último artículo de la iniciativa, deberán estar contenidas en el reglamento que aplicará el Instituto Estatal del Transporte que pasará a llamarse Instituto del Transporte del Estado (ITE), y considera la amonestación, suspensión temporal de licencias, permisos o tarjetones, multas, revocación y hasta la rescisión de los contratos para la prestación del servicio.

 Por otra parte, y con el voto unánime de las y los diputados de Morena, PRI, MOCI, PAN e Independientes, el pleno de la LXIV Legislatura Local aprobó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, e integrar el concepto de reclutamiento, y el derecho de los menores de edad a no ser reclutados con fines de participación en conflictos armados o violentos, en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas.

Con el mismo sentido de la votación se aprobó modificar el primer periodo de vacaciones del Congreso previsto del 31 de julio al 14 de agosto, siendo ahora del 21 de agosto al primero de septiembre del año en curso.