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EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 ENERO 2025

SUBIÓ PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.

Primero fue una palapa de los cocteleros, después una pizzería junto al parque Novia del Mar, y ahora la palapa del mercado 7 de Agosto, todo en pleno malecón de la capital. ¿Qué está pasando? Tantas cámaras de seguridad que se han comprado y más de 7 mil millones de pesos que se han entregado en tres años a la SPSC de Marcela Muñoz parece que no han servido para nada.

En los cafés se comenta que son casos de cobro de piso, los policías alegan que son problemas de narcomenudeo, mientras la Fiscalía dice que investiga, pero no detiene a nadie. Lo que no se veía antes, hoy la goberladrona Layda Sansores pretende que sea normal, que porque estamos mejor que en otros estados. Y así, poco a poco, los hechos delictivos se siguen acumulando.

Paradójicamente, la goberladrona Sansores celebra que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI de diciembre 2024 registre una disminución en el último trimestre de 2024 en los indicadores de Percepción Social de Inseguridad Pública en Carmen. Lo que la sinvergüenza y mentirosa mandataria no dijo es que, según esa misma encuesta, los indicadores de inseguridad subieron en Campeche ese mismo trimestre. ¿Le darán su Pinocho?

DARÁN A MIGRANTES LO QUE NOS NIEGAN.

Dice la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, que se preparan para garantizar a los migrantes “atención, seguridad y derechos humanos”. ¿Por qué son candil de la calle? En los 40 meses que lleva el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores no han atendido las necesidades de los campechanos, la inseguridad se ha incrementado y los derechos humanos son pisoteados por la propia goberladrona Layda Sansores.

No hay derecho a la libre expresión. Varios periodistas y medios de comunicación —como Tribuna y Telemar— fueron denunciados por Sansores por ejercer su profesión. Los opositores políticos son acosados, espiados, perseguidos y hasta encarcelados —como es el caso de Griselda Puc Valverde— por su Fiscalía y se les niega seguridad jurídica y el debido proceso, como ocurre con Eliseo Fernández. Se discrimina a los que piensan diferente.

Peor aún, no existe igualdad entre hombres y mujeres. Recordemos que la cínica goberladrona fue inscrita en el registro de violencia política en razón de género, además de acusar sin pruebas a varios críticos y opositores de misóginos. Si este gobierno se caracteriza por no respetar los derechos humanos de los campechanos, ¿va a garantizar los de los migrantes? Pues solo que sean candil de la calle.

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