DENUNCIAN POSIBLES IRREGULARIDADES Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL TRAS EL 8M
-Conociendo a la gente que gobierna, sé que cualquier comentario puede ser usado en mi contra: Eloy Romero
El representante en Campeche del Movimiento por la reducción de la jornada laboral a 40 horas, Eloy Romero Acuña, señaló que existen versiones sobre la posible privación ilegal de la libertad de algunas mujeres detenidas en el 8M, y de presuntas irregularidades como la agilización del proceso judicial que enfrenta cada una.
Expuso que desde el inicio del caso escuchó reportes sobre mujeres que habrían sido “levantadas”, y que hace poco recibió mensaje de una de ellas confirmando esta situación.
Aclaró que no cuenta con certeza legal sobre estos hechos, pues no forma parte de la defensa jurídica ni es abogado, aunque “conociendo a la gente que gobierna, sé que cualquier comentario puede ser usado en mi contra”.
Romero Acuña mencionó que, según información que ha recopilado, las implicadas habrían accedido a acuerdos para continuar su proceso fuera del Centro de Sanciones y Obligaciones, como pagar una fuerte cantidad económica y abstenerse de participar en manifestaciones, y si no cumplen regresarían a prisión preventiva. “Hasta donde sé, ninguna de las mujeres está en libertad total”, resumió.
En otro punto, Romero Acuña denunció que colectivas feministas y organizaciones recibieron mensajes pidiéndoles evitar manifestaciones, presuntamente por la seguridad de las detenidas, lo que calificó como una cr¡minal¡zac¡ón de la protesta social, y recordó que el año pasado temió represalias de la gobernadora al convocar a una manifestación.
También cuestionó la falta de presentación de evidencia técnica, como grabaciones de sistemas de videovigilancia, y señaló que los casos se estarían sustentando principalmente en testimonios policiales, cuyas bodycam no funcionaron.
Finalmente, informó que mantiene contacto con organizaciones defensoras de derechos humanos para encontrar respaldo de instancias nacionales e internacionales, y planteó la necesidad de establecer protocolos para proteger a manifestantes de detenciones irregulares.
